Preparan nuevo convenio para viviendas
REGIÓN. Amplias reacciones causaron las declaraciones del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en las que manifestó que los dueños de terrenos privados bajo ocupación debían hacerse cargo del desalojo respectivo y no el Estado.
Variadas reacciones generó la entrevista al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien al ser consultado por la promesa de campaña del Presidente Gabriel Boric de que no se iban a desalojar tomas de terrenos privados, indicó que "lo que pasa es que hay tomas privadas y en ellas los que tienen que operar son los dueños. Ellos asumen su responsabilidad" respecto de los desalojos por parte de la autoridad.
La postura del secretario de Estado fue respondida en redes sociales por Valentina Correa, hija de Alejandro Correa, el empresario de Concón asesinado a manos de un sicario en 2020, mientras estaba en un conflicto por la ocupación de un predio de su propiedad en Quilpué, en el que se levantaron asentamientos irregulares. En la publicación en Twitter emplazó al Jefe de Estado: "Confío que su gobierno estará junto a las víctimas".
"Lamento la indolencia del ministro Montes. Él representa a un Estado que se supone debe proteger a todos los chilenos", dijo Correa a este Diario, añadiendo que "la usurpación del terreno de mi papá terminó con su asesinato y puedo interpretar de las palabras del ministro que sugiere a mi familia, y otros casos similares, exponerse al crimen organizado si quiere recuperarlo".
"Nosotros hemos sido activos en la recuperación, ocupando todas las herramientas que existen en el derecho, pero no nos pueden dejar a nuestra suerte, es peligroso", agregó Correa.
En tal sentido, pidió al Gobierno "una actitud más colaborativa con las víctimas de usurpación de terrenos grandes y pequeños, particularmente en aquellos casos donde el protagonismo en la recuperación del terreno supone arriesgar la vida".
Estado debe intervenir
Para el diputado Andrés Celis (RN), Montes entrega respuestas confusas ante la situación, ya que "se le pregunta por las tomas en los terrenos privados, lo mezcla también con las tomas en los terrenos públicos; por cierto, cualquier toma en un terreno privado es resorte del dueño de ese terreno".
Aun así, el parlamentario recordó que "muchas veces el Estado también tiene que intervenir. ¿Cómo? Como lo está haciendo el Parlamento, con una ley que está pronta a ser promulgada, donde se hace más ágil y eficiente el tema cuando aquello ocurre; es decir, se aminora ostensiblemente y (se trabaja) con mayor eficiencia y eficacia los plazos para que aquellas personas salgan, ya sea de una casa tomada o de aquel terreno".
El anhelo de Celis es que el Estado pueda estar más presto a trabajar con los privados, si es que tiene el ánimo de hacerlo. Ahora, en el caso de los predios públicos en toma, a su juicio hay un doble estándar, por las acciones u omisiones que se estarían cometiendo.
"No cabe duda, y eso da una pena tremenda, que este Gobierno es un cómplice activo y pasivo de las tomas de terrenos y campamentos, porque en ellos ven un clientelismo, un desorden, y no les interesa porque hay una fuente de votos para ellos fundamentalmente en aquellas tomas, ya que hay campamentos que sí tienen el ánimo de regularizar y están con el espíritu de poder hacerlo", manifestó.
Una mirada integral
En tanto, la consejera regional Tania Valenzuela (Ind.-FA) consideró que "el problema de las tomas tenemos que mirarlo de manera integral".
"Lo que plantea el ministro, es lo que se manifiesta desde una arista legal, los propietarios son quienes se ocupan de realizar cercos perimetrales y denunciar cualquier intento de toma", expresó la autoridad.
No obstante lo anterior, según Valenzuela, "también es necesario mencionar que se han desarrollado protocolos de acción conjunta, donde municipios, civiles y Carabineros trabajan de forma articulada para frenar construcciones ilegales".
El llamado de la core es a "cómo logramos acelerar la construcción de viviendas que permitan atender el déficit y evaluar alternativas complementarias donde el Estado sea capaz de recuperar infraestructura en los centros de las ciudades y ofrecer arriendos accesibles a familias que lo requieran".
Su par Manuel Murillo (PPD), presidente de la Comisión de Vivienda del Core, expresó que, respecto a las tomas, "acá no hay chilenos o migrantes de primera o segunda categoría, en relación a que nosotros debemos preocuparnos de las tomas en terrenos fiscales y las tomas de privados dejarlos a manos de los dueños de sus terrenos".
"La dignidad que buscamos es para aquellos que viven en tomas sin importar la titularidad del terreno", aseveró Murillo, quien puntualizó que las tomas se producen "por la falta real a soluciones habitacionales y al alza de los valores de los arriendos. Es por lo mismo que vemos como un tema interesante el programa de entrega de recursos para construir proyectos que sirvan para este sentido, pero para eso se requiere saber la letra chica de esta idea o iniciativa".
Resguardar derechos
El core Manuel Millones (Ind.-UDI) expresó a su vez que "la crisis habitacional que se profundizó con el estallido y pandemia nos lleva a un escenario muy complejo y donde además las diferentes autoridades no están haciendo la pega".
A ello, añadió, se suman "dos fallos de la Corte Suprema fatales para el Estado de derecho, y en particular la propiedad privada. Ese fallo se desentiende de las mafias y traficantes de suelo, como muy bien lo denominó el señor ministro; es decir, hay sujetos que venden o arriendan suelos públicos y privados a personas sin casa y especialmente a migrantes, es decir, bajo engaños se instala a familias en terrenos privados y públicos".
De acuerdo a Millones, el ministro Montes se equivoca en su diagnóstico, ya que según la Corte Suprema "las tomas en terrenos privados deben ser abordadas por los afectados de las usurpaciones, en coordinación con Carabineros, el Minvu, Desarrollo Social, Salud y el municipio, no solo por el privado afectado con la toma como lo sostiene el ministro".
"En conclusión, al Gobierno no le puede resultar indiferente las tomas en predios privados, dado que, en concordancia a esas sentencias judiciales, el Estado debe dar respuesta habitacional, pues es su responsabilidad social el que las familias tengan resguardados sus derechos y en este caso la vivienda social", finalizó el core.
En el interior del Consejo Regional hay conciencia de que se debe solucionar el déficit de viviendas en la región. "Para eso se requiere de mucha voluntad política, cambios estructurales a la norma, apoyo de financiamiento rápido, entre otras medidas. El Core pronto presentará el borrador de un segundo convenio Gore-Minvu y no solo para familias de campamentos, sino para familias que están en comités y cooperativas que llevan muchos años creyendo en un sistema de postulación cruel e injusto y que debemos cambiar", planteó Manuel Murillo, presidente de la Comisión de Vivienda del Core.
Valentina Correa emplaza al Gobierno por tomas: "Confío que estará junto a las víctimas"
"No cabe duda, y eso da una pena tremenda, que este Gobierno es un cómplice activo y pasivo de las tomas de terrenos y campamentos".
Andrés Celis
Diputado RN
"Las tomas en terrenos privados deben ser abordadas por los afectados (...) en coordinación con Carabineros, el Minvu, Desarrollo Social, Salud y el municipio".
Manuel Millones, Consejero regional Ind.-UDI
"Nosotros debemos preocuparnos de las tomas en terrenos fiscales y las tomas de privados dejarlas a manos de los dueños de sus terrenos".
Manuel Murillo, Consejero regional PPD
"Es lo que se manifiesta desde una arista legal, los propietarios son quienes se ocupan de realizar cercos perimetrales y denunciar cualquier intento de toma".
Tania Valenzuela, Consejera regional Ind.-FA
70.510 viviendas faltan en la región para superar el déficit, según un estudio de la U. Católica y el centro Déficit Cero.
23.843 familias viven en tomas y campamentos en la región, según el estudio publicado en abril de este año.
18 de abril se condenó a los autores (material e intelectual) del asesinato del ingeniero Alejandro Correa.