Sebastián Mejías O.

Una transversal crítica, desde el Socialismo Democrático hasta Chile Vamos, recibió el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien en conversación con este Diario se refirió a la ocupación ilegal de terrenos, donde dejó claro que "hay tomas privadas y en ellas los que tienen que operar son los dueños. Ellos asumen su responsabilidad".

Según informó el medio electrónico Emol, los cuestionamientos a la autoridad de Gobierno llegaron desde su propio partido, el PS, hasta el Partido Por la Democracia (PPD). Por ejemplo, su compañero en las filas del socialismo, el senador Fidel Espinoza, quien también integra la Comisión de Vivienda, fue uno de los que discrepó con sus palabras. "En lo que no coincido es en la responsabilidad únicamente de los privados cuando hay una toma. Efectivamente, la acción tienen que iniciarla los privados, pero quienes tienen que jugar un rol preponderante para restablecer el Estado de derecho son las gobernaciones. El Estado no se puede abstraer de esa responsabilidad hoy día, por más que sean terrenos de carácter privado", aseguró.

No obstante, Espinoza respaldó al ministro con respecto a la idea de que quienes participen en tomas de terrenos no serán prioridad a la hora de postular a la casa propia. "La toma no va a ser un camino principal para llegar a la casa, porque aquí hay comités que están funcionando hace 15, 20 años, por lo tanto, hay que darles la prioridad que deben tener", había dicho el ministro Montes a El Mercurio de Valparaíso.

Facultades a privados

Por su parte, Emol consignó que el diputado independiente (ex PPD) e integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, Héctor Ulloa, "fue comprensivo, pero explicitó que no se puede entregar la responsabilidad a los privados".

Eso sí, Ulloa es de los que cree en la intervención del Estado en casos donde terrenos privados se vean afectados por tomas ilegales. "Ni hablar de terrenos privados, donde evidentemente los dueños carecen de facultades para ver sus terrenos restituidos, sin duda, en este caso, debemos fortalecer el delito de usurpación violenta y no violenta, otorgándole facultades reales a los dueños para restablecer sus derechos", agregó.

"A uno le gustaría que el Estado pudiera prestarle un abogado a quienes no puedan sopesarlo. Siempre el Estado puede estar presente con el privado si tiene el ánimo de hacerlo", manifestó el diputado por el distrito 26 de la Región de Los Lagos.

"verdaderas mafias"

Mucho más duro con el ministro se mostró el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, quien se preguntó "dónde está el Estado de derecho cuando un ministro de Estado le dice a la gente que el Estado no está dispuesto a hacer nada para defender los terrenos que legítimamente poseen y que hoy día están siendo tomados y usurpados en algunos casos por verdaderas mafias que hacen de esto un negocio".

Junto a Coloma, la opinión del parlamentario de Renovación Nacional por el Distrito 7, Andrés Celis, fue que "cuando alguien se toma un terreno privado, es el privado el que tiene que accionar, pero muchas veces el Estado también tiene que intervenir". Del problema de los campamentos, Celis fue enfático: "Este gobierno es un cómplice activo y pasivo de las tomas, los campamentos, porque en ellos ven un clientelismo, un desorden, y no les interesa porque eso es fuente de votos para ellos, fundamentalmente de aquellas tomas, ya que hay campamentos que si tienen el ánimo de poder regularizar".

"Cuando alguien se toma un terreno privado, es el privado el que tiene que accionar, pero muchas veces el Estado también tiene que intervenir".

Andrés Celis, Diputado (RN)

"La acción tiene que iniciarla los privados, pero quienes tienen que jugar un rol preponderante (…) son las gobernaciones".

Fidel Espinoza, Senador (PS)

Pobladores de la toma Comunidad Árbol Grande, ubicada a un costado de la Ruta Las Palmas, cortaron ayer la neurálgica carretera mediante la quema de neumáticos en ambos sentidos de la vía, en protesta por la medida cautelar adoptada este martes por el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, que ordenó a 22 ocupantes imputados a abandonar el terreno.

La instalación de las barricadas comenzó cerca de las 14.30 horas, generando en cuestión de minutos una gran congestión vehicular que motivó la concurrencia de personal de Carabineros. Solo pasadas las 20.30 horas se normalizó el flujo por el sector.

Intervención policial

"En primera instancia hubo intervención de personal de Control de Orden Público, la cual fue a distancia con la finalidad de restablecer el tránsito vehicular, pero posteriormente se utilizó el diálogo, que fue lo que primó en esa instancia", informó la jefa de la Quinta Comisaría de Carabineros, mayor Ingeborg Villa, descartando, a su vez, una acción previa de la policía uniformada en base a lo resuelto por el tribunal. "Esto no tiene que ver con una intervención que haya realizado Carabineros en virtud de la disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar", aseveró.

Cabe consignar que la determinación dice relación con una querella presentada el 20 de mayo de 2021 por la Empresa Constructora DLP S.A. e Inversiones Reigolil por el delito de usurpación no violenta de un terreno de 8 hectáreas localizado en la parte alta de Chorrillos, que forma parte del remanente de la ex Hacienda las Siete Hermanas.

Institucionalidad

El abogado de la Empresa Constructora DLP S.A., Gabriel Ferrand, explicó que ese terreno está destinado para construir viviendas sociales, proyecto que podría dar una solución habitacional para unas 700 familias. "No es la intención de la empresa dejarlos fuera, pero tienen que cumplir con las condiciones, como sacar su libreta de vivienda", dijo.

Ante esta situación, para el consejero regional Manuel Millones, vicepresidente de la Comisión Vivienda del Core, "el camino es la institucionalidad y allí estamos colaborando como Consejo Regional para aumentar la oferta habitacional y ahora deseamos apoyar con el banco de suelos, de modo de acelerar las respuestas habitacionales. Estas familias deben constituirse como comités y postular en el Serviu y no tengo dudas que tendrán una adecuada respuesta a su postulación, pero respetando la fila. Nadie se debe saltar la fila, pues hay miles esperando antes que creyeron en la institucionalidad y por lo mismo a esa gente no se les puede fallar".

En un trabajo mancomunado con la Fiscalía, carabineros de la Sección OS-9 de Valparaíso incautaron armas de alto poder de fuego desde viviendas de dos sujetos que forman parte de un proceso investigativo por el delito de lesiones graves, tras un intercambio de disparos que culminó con dos personas heridas de gravedad el pasado 12 de abril en las afueras del Colegio Leonardo Murialdo, en el cerro Barón de esta ciudad.

Dentro de la investigación para dar con el paradero de los autores de los disparos con resultado de lesiones graves, se identificó a dos personas en cuyos domicilios, ubicados en Valparaíso y Limache, mantenían dos pistolas, una escopeta, seis cargadores, un cañón de escopeta y más de 450 municiones.

La totalidad del armamento fue decomisado y remitido al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) conforme a la instrucción del fiscal a cargo para las respectivas pericias.

El capitán Michel Cerda, jefe de la Sección OS-9 de Valparaíso, detalló que la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo, que causó alarma pública en la ciudad puerto, permitió incautar armas de fuego en dos viviendas "asociadas a dos personas que estarían vinculadas a estos hechos, donde hay dos personas con lesiones graves. Logramos dar con su identidad y sus domicilios, donde se realizó ingreso e incautación de las armas".