En un intento por evitar la entrega de información sobre cerca de 51 sumarios por acoso laboral que permanecen sin resolución en el municipio de Valparaíso, el jefe jurídico porteño y mano derecha del alcalde Jorge Sharp, Nicolás Guzmán, recurrió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para que este tribunal revoque el requerimiento hecho por el Consejo Para la Transparencia (CPLT) en este tema. El principal argumento levantado por la alcaldía es que entregar detalles de estas investigaciones internas significaría una revictimización de los denunciantes. Sin embargo, ni el libelo ni sus explicaciones convencen mucho a algunos concejales y dirigentes de asociaciones funcionarias, quienes advierten en la movida judicial del alcalde un intento por ocultar el grave atraso que existe en muchas de esas investigaciones internas. Sharp y sus principales asesores, reclaman tanto concejales de oposición como líderes gremiales, quieren mantener sumergido el fenómeno de malas relaciones internas que existe en la casa consistorial porteña desde la llegada de la actual administración, porque algunos de los casos más graves involucran a personas de confianza del alcalde.

Tampoco se ve muy pulcra la incoherencia de exigir respeto por derechos sociales y laborales a todo el mundo, cuando puertas adentro, en el propio municipio, las víctimas de acoso y abuso prefieren renunciar ante la extensión inexplicable de los procesos que van a definir las sanciones contra los abusadores.

El mismo conflicto entre círculo de confianza y funcionarios de larga trayectoria se vive en el municipio de Viña del Mar. Y ello no lo dice un concejal de oposición, sino que el edil del PC Pablo González. "Es muy difícil abstraerse de que los funcionarios hoy se encuentran incómodos por las formas de relacionarse de gente que ha llegado con la nueva administración", expuso González al comentar el fallo del Tribunal Laboral, que exigió al jefe subrogante de la Unidad de Control interno -y principal candidato a quedarse con el cargo-, Rodolfo Acevedo, a tomar clases de convivencia ante una denuncia por maltrato laboral.

Un vistazo a los archivos muestra que tanto el alcalde Jorge Sharp, en Valparaíso, como la alcaldesa Macarena Ripamonti, en Viña del Mar, plantearon como idea central de sus campañas la protección de los funcionarios municipales y el compromiso de que cualquier política transformadora en ambas ciudades se haría junto a ellos y no a su pesar. La realidad es bastante distinta de esas promesas y la distancia que mantienen respecto de sus trabajadores -"el maltrato silencioso", que acusa Pamela Zamora, presidenta de la Asociación de Funcionarios Auxiliares en Viña- es un signo preocupante de inconsistencia entre práctica y discurso.

La pandemia y los procesos sociales han atacado y degradado sin tregua la vida de millones de personas en todo el mundo. Chile no ha sido la excepción, y una de las víctimas principales siguen siendo los centros históricos de las ciudades más importantes del país. Santiago y Valparaíso, a pesar de su innegable relevancia cultural y política, son el emblema de la desidia culposa y del éxodo forzado por la inacción.

Los principales edificios públicos y las más relevantes construcciones privadas están cerrados al público, tapiados hace casi tres años, rayados y pintarrajeados, como sufrientes indefensos y habitados por muy pocas personas que aún tenemos la voluntad de creer que esta situación será superada y que primarán en algún futuro próximo el respeto, el orden, la disciplina y el propio aprecio por un trabajo y un entorno digno.

Es posible. La recuperación de la Bolsa de Valores porteña hecha por la UTFSM y la reapertura tímida de la vida cultural en el centro de la capital son ejemplos para imitar y reforzar.

Parece que ya es tiempo que los jueces vuelvan a sus tribunales y rehabiten el espacio público magnífico que pueden ser las Cortes; los ministros del Gobierno, sus equipos y asesores copen sus edificios y los ejecutivos de los bancos y oficinas vuelvan a sus puestos de trabajo y dejen entrar la luz perdiendo el miedo y ceder el espacio de las calles aledañas por la seguridad anticovid. Si los líderes de un Estado abandonan esos espacios, los gobernados se sienten en desamparo y la barbarie puede copar aún más y a cada momento la institucionalidad vacía, que no son las construcciones que las albergan, sino las autoridades que frente al país trabajan dentro de ellas y así las dignifican.

Hay que volver a los edificios que son el lugar natural de las instituciones, recuperar su entorno (ya casi todos nosotros contamos con las cuatro vacunas), incluso en modelos híbridos, haciendo lo mejor que podamos en beneficio del país.

Si a uno lo ven en su lugar natural de trabajo, otros harán lo mismo, y quienes así obren con responsabilidad y entrega, además de dar transparencia a sus acciones, podrán exigir que de una vez por todas los demás salgan de su pasividad o de su compasión inexplicable ante el deterioro y la indignidad que es claudicar por la comodidad, el miedo o la ventaja menor.