Katherine Escalona M.

El cierre de la fundición de Codelco Ventanas, en Puchuncaví, tiene diversas aristas y una de ellas, quizás la principal, es el aspecto medioambiental. Toxicólogos, un médico forense y un biólogo, quienes han trabajado en la zona, coinciden en que la decisión de la estatal abre espacio para aplicar otras medidas que frenen la contaminación.

Para terminar con los episodios que han afectado a la comunidad de Quintero y Puchuncaví, que en las últimas semanas ha tenido que enfrentar ocho emergencias ambientales por síntomas de intoxicación en la población, los expertos dicen que es fundamental revisar las normas, regular de forma urgente los compuestos orgánicos volátiles (COVs) y hacer exámenes toxicológicos a los niños.

La toxicóloga y médico forense Laura Borgel explicó que en Quintero y Puchuncaví existe "un polo industrial, con emisiones de diverso tipo, que está inmerso en un área población que también tiene emisiones móviles, fuentes no reguladas; y además hay un proceso de depositación de basura irregular. Entonces, cuando juntamos esto es un verdadero coctel. No podemos decir que la contaminación es atribuible 100% a una o tal empresa".

Factores y medidas

Manifestó que una situación como la ocurrida el 6 de junio "tienen que investigarse como un elemento nuevo y volver a colocar en la mesa todos los factores y establecer cuál fue el origen", precisando que la afectación a las personas debe ser estudiada. "Lo ideal es que se tomen ciertos parámetros para ver si hay relación, un catastro de cuadro clínico con los exámenes de laboratorio y eso sumarlo a las condiciones ambientales", dijo.

Detalló que "por ejemplo, los que están relacionados con dióxido de azufre (SO2) ya tengo que medir una variable en la hemoglobina de estos niños. Si es otro contaminante se tienen que medir otros indicadores. Ninguno son exámenes de rutina que se hagan en los servicios asistenciales".

Fernanda Cavieres, toxicóloga y académica de la Universidad de Valparaíso, coincide con lo postulado por Borgel en el sentido de que existen múltiples factores que inciden en la polución y remarcó que "no necesitamos más diagnósticos. Ahora habría que saber cómo, desde el punto toxicológico, esa contaminación ha afectado al medioambiente y la salud de las personas".

Subrayó que se necesita un estudio "con unas herramientas que se llaman de evaluación de riesgos y se pueden hacer estudios epidemiológicos para saber, efectivamente, si hay alguna aparición de algún efecto adverso que se pueda asociar estadísticamente con la exposición a estas sustancias".

Mientras, el biólogo Salvador Donghi aseveró que "con el cierre de la fundición no se termina la contaminación. Los otros eventos, luego del 6 de junio, han estado asociados a compuestos orgánicos volátiles (COVs) y ácido sulfhídrico, de lo cual Codelco no es responsable. Me extraña que estando detenida Codelco, el directorio decidiera cuando aún no hay una investigación concluida".

Con esto, precisó, "deja disponible -en términos del Plan de Descontaminación- 1.188 toneladas de dióxido de azufre (SO2) que muy probablemente en el contexto vayan a ser tomadas por otras empresas que les permitirá una manga más ancha respecto a sus cumplimientos" y puntualizó que "desde el 2018 los COVs y las emisiones de material particulado (MP), que mayoritariamente son emitidos por Enap, han ido en aumento y para eso hay que regular esos componentes que no cesarán con el cierre de la fundición".

"Habría que saber cómo, desde el punto toxicológico, esa contaminación ha afectado (...) la salud de las personas".

Fernanda Cavieres, Toxicóloga

"Desde el 2018 los COVs y el MP, que mayoritariamente son emitidos por Enap, han ido en aumento".

Salvador Donghi, Biólogo

A dos años de la Investigación Especial N°40, de 2020, sobre eventuales irregularidades en el otorgamiento de permisos precarios en la Municipalidad de Valparaíso", la Contraloría General de la República (CGR) realizó un informe de seguimiento en el cual advirtió que el municipio porteño no subsanó todas las observaciones encontradas, en primera instancia, por lo que mantuvo reparos en siete, que calificó de "carácter altamente complejo".

Entre las siete objeciones que se mantienen se incluye la falta de claridad en las explicaciones municipales por la pérdida de $13 millones en permisos que la administración no cobró o rebajó montos. Aunque en el mismo documento de control queda establecido que la Municipalidad de Valparaíso informó sobre la existencia de los comprobantes, dicha información es inexacta y no coincide con otras entregadas.

El escrito afirma que "sin perjuicio de lo informado por la entidad comunal, respecto de las rebajas aplicadas en los cobros de derechos municipales y las gestiones de cobranza realizadas, debido a que, para los casos en que los derechos cuestionados habrían sido pagados, no acreditó el efectivo ingreso de los recursos en arcas municipales, no es posible dar por subsanadas las observaciones".

Dada esta situación, concluye: "En consecuencia, corresponde que la Municipalidad de Valparaíso lleve a cabo las gestiones necesarias para regularizar las diferencias cuestiones, como también, respaldar el cobro de los derechos municipales que habrían sido íntegramente pagados, lo que deberá ser verificado por la Dirección de Control Municipal, sin perjuicio que esta materia podrá ser nuevamente revisada por esta Contraloría Regional, en una futura fiscalización que se realice en la entidad".

Una de las observaciones de mayor cuantía dice que "los derechos municipales asociados a 79 permisos precarios, detallados en el Anexo N° 11, del citado informe final, otorgados a distintas agrupaciones para ejercer el comercio en la vía pública, en el marco de las denominadas 'ferias ciudadanas', fueron pagados por un monto menor al que correspondía, diferencias que alcanzan la suma de $4.743.944".

Municipalidad

Consultada a la Municipalidad de Valparaíso sobre la situación, reiteraron la información que fue entregada a este Diario el viernes pasado, cuando se le consultó por la Ordenanza del Comercio Ilegal. En la oportunidad, la directora de Desarrollo Económico, Adriana Saavedra, explicó que la dirección trabaja "en el plan para el Comercio Informal".

La finalidad, precisó, es "contar con un diagnóstico acabado de la situación actual y entregar alternativas concretas de solución para la comuna, sin perjuicio de que esta materia requiere un tratamiento nacional. Lo anterior implica la actualización del catastro comunal de esta actividad". En la información que se entregó no hay detalle de los permisos precarios, pero sí se informó de la creación de ocho "Ferias Ciudadanas" en el plan de la ciudad y 18 en los cerros.

"(La finalidad es) contar con un diagnóstico acabado de la situación actual y entregar alternativas concretas ".

Adriana Saavedra, Directora de D. Económico

Tras el anuncio del Ministerio del Medio Ambiente, ayer más de la mitad de las empresas, hasta las 16.00 horas, había entregado la modificación de sus planes operacionales, documento que fue pedido por la cartera tras las intoxicaciones que han ocurrido en la zona las últimas semanas.

Enap, Codelco Ventanas y AES Andes, a la hora antes mencionada, ya habían entregado la documentación requerida y ahora se espera que los documentos pasen a un proceso de revisión.

Así lo explicó el seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez, quien precisó que "los planes operacionales son sometidos a revisión por parte de la autoridad ambiental, la que a su vez ha solicitado antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y a la Seremi de Salud que permitan fundar las medidas en la resolución final. En ese sentido, los plazos de revisión dependen de las observaciones que la Seremi presente y estas sean subsanadas. Nosotros trabajamos con la premura requerida y necesaria para el territorio".