El diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano, presentó una denuncia en la Fiscalía de Valparaíso para que se investigue un contrato por 220 millones de pesos entre el Gobierno Regional y la empresa Everis Chile S.A. por servicios que, según el legislador, "nunca se prestaron", por lo que la acción es en contra de quienes resulten responsables por los eventuales delitos de fraude al Fisco y/o malversación de caudales públicos.

Frente a ello, Sánchez sostuvo que "el transporte público necesita muchas mejoras en nuestra región y eso no se va a lograr nunca si es que se malgasta y bota plata en servicios que nunca tienen lugar".

El trabajo en cuestión tenía que ver con una licitación para instalar sistemas de recaudo electrónico en microbuses de la locomoción colectiva que prestan servicios en Quintero, lo cual serviría como plan piloto para la entrada en funciones de los validadores en el Gran Valparaíso, cuyo plazo para que los operadores los instalen vence el 3 de julio.

Lo firmó el exintendente

El convenio con Everis, firmado durante la administración del exintendente Jorge Martínez, involucraba 300 millones de pesos, de los cuales se alcanzaron a pagar $220 millones por cuatro informes que la empresa entregó al Gobierno Regional.

Pese a que el anuncio de los validadores se hizo durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, los sucesivos gobiernos no han logrado implementar el sistema y los operadores tampoco han cumplido con instalarlos.

Desde Seremi de Transportes explicaron que "la licitación pública 836-16-LR20 forma parte de un convenio de colaboración suscrito por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Gobierno Regional (Gore) de la época (entonces Intendencia de Valparaíso), en el marco de la Ley 20.378, la cual permite la entrega de recursos a la realización de iniciativas de fomento del transporte público regional, la seguridad o la educación vial".

Agregaron que "a partir de lo anterior, en agosto de 2020 se inicia el proyecto denominado 'Evaluación de un Sistema Rural Piloto de Recaudo, Información al Usuario y Gestión del Transporte', por medio del cual el propio Gore de Valparaíso aprobó las bases administrativas, técnicas y anexos, llamando con ello a licitación pública para su ejecución, siendo adjudicada a Everis Chile S.A. Dicho contrato contemplaba cinco informes, cada uno de ellos asociado al pago de una parte de la suma total del contrato. Luego de la entrega del cuarto informe, no se logra llegar a un acuerdo entre el operador de transporte y Everis Chile S.A., para la implementación y uso de los validadores a bordo de los buses, por lo que resulta inviable seguir con la quinta y última etapa del estudio. Por lo anterior, el Gore aprueba la resciliación del contrato con Everis Chile S.A., en ese entonces NTT CHILE S.A. En consecuencia, el último pago, equivalente al 25% del monto total del contrato, no fue realizado".

Adicionalmente, señalaron que "todos los convenios de transferencias de recursos se ajustan al procedimiento de rendición de cuentas de Contraloría General de la República, lo cual implica que aquellos dineros no ejecutados en este proyecto deben ser restituidos al MTT".

Informes entregados

Al respecto, el seremi de Transportes, Benigno Retamal, expuso que los informes por los cuales se realizaron los pagos "están todos entregados y pueden ser solicitados por cualquier persona. No hay nada irregular en ello, muy por el contrario. Y como no hubo acuerdo para realizar la quinta etapa que estaba contemplada en este proyecto, hubo esta resciliación de contrato y el último pago no se efectuó, lo cual por supuesto que también está en norma. Lo extraño sería que se pagara por informes o acuerdos que no se concretaron".

Respecto al contenido de los informes y la situación en que queda la empresa, la autoridad regional expresó que "los informes nos permiten proyectar cómo será la implementación de los sistemas de recaudo electrónico con automatización de pago en los buses de la región, en cualquiera de los perímetros que hoy tenemos regulados. Hubiera sido ideal que el operador cumpliera con la quinta etapa o con el compromiso de incorporar contadores de pasajeros en los buses, pero ya no lo hicieron y tendremos que avanzar desde este escenario".

"este programa falló"

Por su parte, el consejero regional Manuel Millones, presidente de la Comisión de Ordenamiento y Transportes del Core, señaló que "me parece prudente que se despejen las dudas sobre este plan piloto de validadores que fue financiado con aportes del Gobierno Regional y determinar si el objetivo se cumplió. Es evidente que ese programa falló y no vio la luz tal como estaba diseñado".

No obstante, puntualizó que "más que apuntar con el dedo a una u otra autoridad, lo que a uno le importa es que el servicio contratado se haya prestado. Hay que ser cuidadosos con el conflicto de la Seremi de Transportes derivado de la renuncia y denuncia del exseremi Vinet, donde muchos tratan de sacar dividendos de este cuestionamiento".

El consejero indicó que "como el caso involucraría fondos regionales, entonces se va a convocar por parte la Comisión de Fiscalización la comparecencia de los funcionarios que tienen y tuvieron participación en este proyecto. Una vez que se tenga la información oficial, allí recién se puede adoptar una decisión institucional como Consejo Regional".

"Me parece prudente que se despejen las dudas sobre este plan piloto de validadores que fue financiado con aportes del Gore".

Manuel Millones, Consejero regional

La Contraloría Regional desestimó un reclamo interpuesto por el exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Valparaíso, Carlos Soto, quien fue destituido siendo dirigente sindical y reclamó que el proceso disciplinario habría incurrido en falta de imparcialidad, errores en la ponderación de la prueba y calificación jurídica de los hechos, cargos no fundamentados, desproporcionalidad en la sanción y excesiva demora del procedimiento. Además, alegaba que su destitución tendría su origen en una persecución política y gremial.

En su resolución, el ente contralor plantea que las alegaciones de Soto "no aportan antecedentes diversos a los ya examinados".

En tanto, el director de Asesoría Jurídica del municipio, Nicolás Guzmán, manifestó su conformidad, señalando que con el fallo se descartarían "infracciones a los principios de imparcialidad, proporcionalidad, calificación jurídica de los hechos, motivación de los cargos y ponderación de la prueba durante la tramitación del proceso sumarial".

Por su parte, el abogado de Soto, Leonardo Contreras, señaló que "acá se produjo una situación procesal bastante compleja y que va en desmedro de Carlos Soto, y que fue en el momento en que el municipio envía los antecedentes para la ratificación por parte de la Contraloría de su destitución. Esa información Carlos nunca la tuvo, por lo tanto, no pudo ejercer los derechos que le correspondían ante la Contraloría para presentar sus argumentos de por qué no debía ratificarse la destitución, de modo que la Contraloría hizo un somero examen de forma del sumario y ratificó la decisión".

Solo la vía judicial

Contreras adelantó que no deducirán un recurso de reposición ante el ente fiscalizador, sino que continuarán por la vía judicial presentando un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, que se suma a la tutela laboral ya en curso y cuya audiencia de juicio está fijada para principios de 2023.

"Ahí vamos a poder hacer valer todas las alegaciones que no se pudieron hacer valer en Contraloría, entre ellas las alegaciones de fondo que apuntan a que es imposible que el director de Administración y Finanzas (DAF) tenga responsabilidad en el mal conteo de implementos, porque la responsabilidad en ese caso corresponde a la unidad técnica, y que hemos visto en otros casos como la reciente destitución del encargado de Emergencias, Ezio Passadore, que era la unidad técnica de los contratos celebrados de manera unilateral y que fueron autorizados por el DAF subrogante, que no recibió ninguna sanción, pese a ser una situación exactamente igual a la que experimentó Carlos Soto con el contrato con Total Transport", explicó el jurista.

Una banda chileno-venezolana dedicada al microtráfico fue desbaratada por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Viña del Mar, en el marco de una orden de investigar de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Valparaíso, procedimiento que concluyó con la detención de seis personas.

De los detenidos, todos mayores de edad, cuatro registran antecedentes policiales por delitos como homicidio, tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego, mientras que dos son de nacionalidad venezolana.

En la diligencia se incautaron 0,20 gramos de cocaína base, 61,8 gramos de cannabis, 21,81 gramos, clorhidrato de cocaína, 10 comprimidos de clonazepam, una planta de cannabis, todo avaluado en $ 581.000. Además, se decomisaron balanzas digitales para la dosificación de la droga, además de $ 288.400 en dinero efectivo, 15 cartuchos de escopeta y una pistola a fogueo.

Por disposición del fiscal de la causa, tres de los aprehendidos pasarán este miércoles a control de detención en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. Los restantes quedaron en libertad y apercibidos.