Exseminaristas que acusaban abusos llegan a acuerdo con Obispado
IGLESIA. Las cinco víctimas deciden desistir de su demanda y aceptan un pago reparatorio y una declaración oficial.
Tras dos años de tramitación, un grupo de cinco exseminaristas que acusó al obispado de Valparaíso por no responder en casos de abuso sexual, violación y abuso de conciencia, llegó a un acuerdo reparatorio con la diócesis porteña. Se trata de cinco demandantes que desistieron de continuar con la judicialización de sus causas, en las cuales exigían una indemnización de perjuicios por $1.250 millones y que estaba en tramitación en la Corte de Apelaciones local. El acuerdo, firmado por los abogados representantes y visado por el tribunal de alzada porteño, alcanzó una suma de $200 millones.
Según declararon en su acción judicial, interpuesta en 2020, los demandantes Marcelo Soto, Sebastián del Río, Gustavo Donoso, Marcelo Rodríguez y Mauricio Pulgar, durante su paso como aprendices del Seminario Mayor San Rafael de Lo Vásquez, entre 1992 y 2007, aseguraron haber sido víctimas de abuso sexual, abuso de conciencia y acoso por integrantes de la diócesis.
Acusaron a los sacerdotes Jaime Da Fonseca y Humberto Henríquez de los delitos de abuso sexual y violación; y contra autoridades del obispado Mauro Ojeda, Javier Prado y Gonzalo Duarte, como presuntos encubridores de esos hechos.
Cultura abusiva
De acuerdo al libelo, patrocinado por el abogado Juan Pablo Hermosilla, en la Iglesia existen "culturas abusivas y del silencio, encubrimiento y negligencia, desarrolladas durante décadas", lo que "ha sido posible principalmente gracias a esta idea de ceguera voluntaria pero llevada a un nivel institucional", permitiendo incurrir en "una negligencia instalada en la estructura de poder de la organización demandada".
Asimismo, según establece la demanda interpuesta ante tribunales, "es posible sostener y concluir que las autoridades de la Diócesis de Valparaíso incurrieron en graves faltas y omisión", entre ellas, "la excesiva lentitud en la investigación de los hechos, falta de diligencia y falta de medidas concretas de prevención". También el documento asegura que "hubo encubrimiento, silenciamiento y difamación por parte de miembros y autoridades de la diócesis.
En ese sentido, la demanda también precisa que en la institución religiosa existe un "contexto adecuado para la comisión de abusos de distinta índole".
Abogado obispado
Por su parte, el abogado del Obispado de Valparaíso, Oscar Silva, señaló que "en la demanda se mezclaban y relataban una gran cantidad de hechos, muchos de los cuales el obispado rechaza, y otros que reconocía, no como hechos propios, sino que cometidos por algunos clérigos".
Asimismo, el representante de la Iglesia porteña, explicó que el acuerdo consensuado con las cinco víctimas contempló, en primer lugar, "una declaración que el Obispado formuló a los demandantes, en orden a manifestar su intención sincera de acogerlos y de pedir perdón, no tanto por alguna clase de responsabilidad institucional, no por haber adoptado actitudes de encubrimiento, que son hechos que esta parte siempre rechazó y tampoco reconoció, sino que pensando principalmente en el dolor que cada uno de los demandantes, en distintos grados tiene después de cada una de sus experiencia, más allá de los matices que puede haber".
Condena a abusos
Es así que la declaración del Obispado de Valparaíso, tras el acuerdo, indica que "sin perjuicio del pago ofrecido y aceptado, declara su plena adhesión a la condena universal manifestada por su Santidad respecto a los abusos". De esta manera, la Iglesia de Valparaíso le pidió "al demandante y compareciente, humilde y sinceramente perdón por todo el dolor y afectación sufridos por él".
El abogado detalló que en segundo lugar el acuerdo incluyó una indemnización, precisando que"en general se pagaron cifras que rondan los 40 millones de pesos para cada demandante, con algunas diferencias entre uno y otro".
"Hacemos una declaración para manifestar su intención sincera de acogerlos"
Oscar Silva, Abogado Obispado de Valpara{iso
"Hubo encubrimiento, silenciamiento y difamación de autorideades de la diócesis"
Demanda interpuesta en 2020 contra el Obispado