Daños subsisten pese al acuerdo reparatorio
Tras el cierre del caso de abusos denunciados por cinco exseminaristas, quedan las heridas personales e institucionales. Este penoso episodio no termina con el cierre del expediente y un pago. Quedan dando vueltas muchas interrogantes sobre procedimientos y responsabilidades al interior de la Iglesia y sobre la formación misma de nuevos sacerdotes.
Hubo acuerdo entre las partes, pero tras el acuerdo hay heridas que son difíciles de curar, aunque medie una reparación económica. Esta reflexión cabe tras el cierre de la demanda interpuesta contra la Iglesia de Valparaíso por cinco exseminaristas que acusaron haber sido víctimas de abuso sexual, abuso de conciencia y acoso por parte de sacerdotes integrantes de la Diócesis.
Los hechos habrían ocurrido entre los años 1992 y 2007, cuando los denunciantes eran alumnos del Seminario Mayor San Rafael de Lo Vásquez. Ya adultos, representados por el abogado Juan Pablo Hermosilla, interpusieron una demanda en tribunales la que, finalmente, culminó con un acuerdo entre las partes que fue visado por la Corte de Apelaciones. Los denunciantes, que habían solicitado una indemnización de $1.250 millones por el daño sufrido, llegaron a un acuerdo económico que representa, con ciertas diferencias, uno $40 millones para cada uno de ellos.
El abogado planteó en la demanda que existen en la Iglesia "culturas abusivas y del silencio, encubrimiento y negligencia, desarrolladas durante décadas". Insiste en su planteamiento afirmando que los abusos han sido posibles "principalmente gracias a esta idea de ceguera voluntaria pero llevada a nivel institucional". Apunta también contra la jerarquía local, afirmando que en la investigación de los casos hubo lentitud "encubrimiento, silenciamiento y difamación por parte de miembros y autoridades de la Diócesis". Por su parte, el abogado de la Iglesia, Óscar Silva, sostiene que en la demanda se relataban y mezclaban gran cantidad de hechos, "muchos de los cuales el Obispado rechaza y otros que reconocía, no como hechos propios, sino que cometidos por algunos clérigos".
En su afirmación hay un reconocimiento parcial a los hechos y también la negativa de un encubrimiento "institucional". Con todo, además del pago mencionado, el Obispado "declara su plena adhesión a la condena universal manifestada por Su Santidad respecto a los abusos". A la vez, pide "humilde y sinceramente perdón".
Este caso, que no es único, es doloroso para los afectados dañados en los más profundo de sus sentimientos y convicciones, pues se trata de jóvenes que llegaron al Seminario con una vocación que fue virtualmente demolida por quienes debían ser sus guías espirituales. Así, este penoso caso no termina con el cierre del expediente judicial y un pago. Quedan dando vueltas muchas interrogantes sobre procedimientos, falta de autocrítica, responsabilidades al interior de la Iglesia y sobre la formación misma de nuevos sacerdotes. Este punto, institucionalmente, es en extremo sensible cuando hay una crisis de vocaciones en el clero secular y regular.
En suma, en este episodio y en otros similares, hay daños personales difícilmente reparables y también para la Iglesia misma como institución espiritual.