Finalizado el plebiscito más importante de los últimos 40 años, muchos se preguntan qué pasará ahora. El contundente y categórico triunfo de la opción Rechazo ha abierto una serie de interrogantes, dando lugar a más preguntas que respuestas. Estas últimas solo aflorarán luego de un reposado análisis de los resultados electorales. Mientras ello ocurre, la ansiedad -que no es buena consejera- se ha apoderado de algunos actores políticos, generando un festival de declaraciones y recriminaciones cruzadas.

Un aspecto claro es que, ante una propuesta constitucional que adolecía de grandes errores y falencias, los chilenos votaron mayoritariamente por una nueva y buena Constitución; no para quedarse necesariamente con la Constitución de 1980, aunque un porcentaje importante así lo entendió. Durante la campaña, la necesidad de realizar reformas constitucionales, sea al texto propuesto o a la Constitución vigente, fue ampliamente respaldada por los partidarios del Apruebo y del Rechazo. Matices más o menos, surgieron propuestas en tal sentido. Pero de ahí a sostener que en el plebiscito de salida se votó para mantener la Constitución de 1980 inmutable o para reformar la propuesta de la Convención, hay mucho trecho. Aun así, el ánimo de los chilenos por avanzar con cambios constitucionales sigue intacto.

¿Cómo avanzamos? Aun cuando el compromiso transversal para realizar cambios existió, durante la campaña se omitió discutir el mecanismo más adecuado para llevarlos a cabo, dejándose pendiente su definición. El tema central hoy es quién elige dicho mecanismo: el Congreso o la ciudadanía, a través de un nuevo plebiscito de entrada. Si bien el poder constituyente por excelencia radica en el Parlamento, a través de representantes democráticamente elegidos, hay quienes advierten que los chilenos no votaron para que la clase política resolviera por ellos. El descrédito y la desconfianza con el Congreso hacen que la cuestión no tenga fácil respuesta.

Aun así, es el Parlamento el llamado constitucionalmente a definir la hoja de ruta.

Otra conclusión evidente es que los chilenos, frente a la disyuntiva de iniciar un nuevo proceso constituyente, no votaron para que éste fuera realizado por una nueva Convención o Asamblea. Todo lo contrario. Los chilenos quedaron hartados del desempeño de la mayoría de los exconvencionales. No quieren repetir el circo. Y tienen razón. Entonces, si descartamos a los políticos y a convencionales en un nuevo proceso, ¿quiénes son las personas naturalmente llamadas a cumplir la tarea de redactar una nueva y buena Constitución? La respuesta es muy simple: los expertos constitucionalistas. Es precisamente en un grupo de especialistas donde radica la preferencia de los chilenos (40% vs. 28% por nueva Convención, según la última encuesta Panel Ciudadano-UDD). Sin embargo, debe cuidarse que este grupo de expertos trabaje libre de presiones. Ya tenemos la triste experiencia de la Comisión Técnica que implementó el fenecido proceso y cuya deficiente labor aún nos pena.

¿Cómo se asegura la participación ciudadana durante este nuevo proceso? No podemos olvidar que la ciudadanía ya participó activamente en el proceso anterior, aun cuando buena parte de sus propuestas no fue considerada por la Convención (o para ser más sincero, solo se aprobaron las más revolucionarias). A ello debe agregarse necesariamente un plebiscito ratificatorio del proyecto de nueva Constitución, con voto obligatorio (quizás el aspecto más exitoso del plebiscito reciente) y alto quorum de aprobación (quizás uno de los principales defectos del anterior proceso). Y sugiero especial cuidado con la redacción de la pregunta que será sometida a votación, de manera que no sea tramposa.

¿Cómo se garantiza el apoyo político a la nueva Constitución? No olvidemos que las principales fuerzas políticas se encuentran representadas en el Congreso, y nos guste o no, el nuevo proyecto debe contar con su apoyo. No se las puede excluir, en especial si la Convención ya se farreó su oportunidad. La manera de lograr el apoyo político para la propuesta del grupo de expertos es someterlo a la aprobación del Congreso. En tal caso, aprobado su texto, se somete finalmente a plebiscito ratificatorio.

Finalmente, otro aspecto del proceso anterior que merece un serio reproche es la grosera intervención del Gobierno y sus autoridades en la campaña del Apruebo y la ausencia de drásticas sanciones para sus infractores. De no corregirse esto, a la par de la definición de la hoja de ruta, nos encontraremos nuevamente a un Presidente ejerciendo las funciones de jefe de campaña, abandonando sus tareas gubernativas cotidianas en perjuicio de todos los chilenos.

No obstante lo anterior, quienes fuimos activos partidarios del Rechazo podemos sentirnos orgullosos sobre cómo la sociedad civil organizada logró vencer al poder abusivo e impúdico del Gobierno, en una elección que será recordada como la primera en el mundo en que se rechaza una propuesta constitucional. Un fracaso para el Gobierno; un triunfo para el país.