La cifra resultaba impresionante e indignante. Faltaban más de 1.000 bienes del inventario municipal. "Entre ellos, tres camiones, una motoniveladora y un cargador frontal", afirmaba un comunicado que entregó la alcaldía de Viña del Mar, tras dar a conocer los resultados de la auditoría forense encargada a la Consultora Panal Asociados, trabajo por el que la municipalidad pagó $56 millones.

La indagación cubría supuestas irregularidades de la administración de Virginia Reginato y confirmó lo establecido anteriormente por la Contraloría, especialmente en lo ya conocido sobre el pago de horas extra, cuantificado por Panal en $22.979 millones.

Sin embargo, el estudio aparece ahora cuestionado, cuando indignados dirigentes de los trabajadores afirman que la maquinaria perdida no ha desaparecido. El dirigente Luis Pérez afirmó que "los señalados vehículos sí están y se encuentran en la maestranza municipal, en El Salto". Expresa, además, su preocupación, pues la supuesta pérdida "enloda la imagen de los funcionarios".

Por su parte, René Lues, concejal DC, acusa a la alcaldía de falta de prolijidad al dar a conocer aspectos del informe, "poniendo en parte en tela de juicio algunas conclusiones de la auditoría". Advierte sobre falta de verificación de todos sus contenidos. A su vez, la concejala Antonia Scarella (independiente/UDI) concuerda sobre esa falta de corroboración de la información entregada y señala que "aquí lo que se hizo finalmente, fue acusar a funcionarios responsables de los bienes que supuestamente habían desaparecido".

Para el concejal PC Pablo González "hay un error de lenguaje, el concepto no es perdidos, es no ubicables, y es materia administrativa" y advierte también sobre el daño a la honra de los funcionarios y también "a la certeza con que se hizo la auditoría". El concejal Alejandro Aguilera (CS) sostiene que lo que procede ahora "es una revisión por parte del municipio a las observaciones de la auditoría, determinar si son efectivas y generar el plan de mejoras".

¿Habrá, entonces, que hacer una auditoría a la auditoría forense contratada por la actual administración municipal? Mil bienes faltantes exigen detalles precisos. El hecho es que en gran medida el informe de la consultora confirma lo ya establecido por la Contraloría, pero a la vez sería procedente que la Fiscalía Regional actuara de oficio, como lo pide el diputado RN Andrés Celis, que a su vez fue concejal de Viña del Mar. "Se debe investigar caiga quien caiga", sostiene.

Los resultados de la auditoría forense no pueden quedar en nada. Y ahora que la municipalidad ya los tiene en su poder, es el momento de ponerlos en conocimiento de la Justicia, previamente cotejados, evitando caer en el entusiasmo de denuncias fáciles y peligrosas que pueden afectar la total claridad sobre situaciones que se vienen denunciando desde hace mucho tiempo.

Los sucesos políticos nacionales de los últimos tres años serán objeto de análisis durante muy largo tiempo. El desempeño de la Convención Constitucional y la suerte de su propuesta concentrarán mucha de esa atención, porque a su respecto se dio una notable paradoja. Nunca antes un cuerpo de representantes electos se había sentido tan genuinamente portador de la voluntad del pueblo de Chile, al que creía firmemente reflejar en toda su diversidad. Mientras enarbolaba esa pretendida conexión con el sentir popular, sin embargo, fue generando una creciente distancia con la ciudadanía, que terminó rechazando la propuesta por un contundente 62% en un plebiscito con altísima participación.

La mayoría de los convencionales olvidó que algunas de las reglas conforme a las que se eligió la Convención sobrerrepresentaron a la izquierda dura y que su elección en mayo de 2021 respondió a los estados de ánimo de un momento muy singular, e hizo oídos sordos frente a la evolución de las preocupaciones ciudadanas, mientras insistía en dibujar con un lenguaje plagado de oscuros neologismos un país en el que las mayorías no se vieron reflejadas. Tales cambios en la opinión pública no responden puramente a infortunios o caprichos. En medida importante son fruto de los que fueron vistos como efectos negativos de la actuación de esa izquierda dura tanto en la Convención como en su oposición al gobierno anterior y en la conducción del actual.

Se trata ostensiblemente de una oportunidad perdida, pero también hay una gran oportunidad ganada. Ha quedado claro que el país no quiere una Constitución partisana y radical. Y el órgano que asuma la tarea de continuar el proceso hacia una nueva Constitución probablemente recibirá de sus electores un mandato de moderación y búsqueda de consensos realmente amplios. Todo ello ofrece una valiosa ocasión para que los sectores políticos más distantes de los extremos recuperen protagonismo y vayan revirtiendo la polarización que nos ha venido afectando y que es la mayor amenaza que se cierne hoy sobre las democracias.

A fin de cuentas, el fracaso de la Convención se debe a que los extremos, aunque buenos para atizar rencores, son por eso mismo ineptos para discernir y satisfacer el interés general. Las aspiraciones más profundas de quienes conforman las sociedades contemporáneas -autonomía, inclusión, meritocracia y seguridad en el más amplio sentido- resultan mejor atendidas por liberales con compromiso social, conservadores heterodoxos y socialdemócratas bien avenidos con la modernización capitalista. La reaparición de la centroizquierda es, por ello, una gran noticia. También el tono reformista que prima en la centroderecha. Aunque en ese sector urge contar con un partido nítidamente liberal, tarea que Evópoli debería abordar sin vacilación.