Claudio Ramírez

En su segundo día de movilizaciones en la región, el paro de camioneros se intensificó en la zona lo que, además, trajo como consecuencia el endurecimiento del tono por parte del Gobierno a nivel regional y también central, considerando que las protestas se extienden por todo el país.

Al igual que en la jornada del martes, los transportistas, ubicados en puntos estratégicos de la región, no permitieron el paso de camiones y ralentizaron la circulación de los vehículos menores y buses al dejar una sola calzada libre para tal efecto. Sin embargo, en algunos momentos el tráfico se bloqueó en su totalidad, provocando una congestión de proporciones.

Zonas como Placilla, la Ruta 5 Norte a la altura de La Calera y La Ligua, la Ruta 68 en el enlace Casablanca-Algarrobo e incluso el bloqueo de la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL), entre otros lugares, fueron los escenarios principales de las movilizaciones, de las que fue víctima también el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien cuando viajaba a una actividad a Casablanca se encontró con el "taco", debiendo volver a sus oficinas.

"Lo que no puede ocurrir es que hoy las regiones y, particularmente la Región de Valparaíso, quede secuestrada por un grupo de interés que, siendo legítimas sus demandas, no puede superponer el interés común en función de intereses que son particulares y propios del movimiento de los camioneros", dijo la autoridad, que también se ofreció para facilitar un entendimiento (ver recuadro). Asimismo, confirmó que en la primera jornada de paralización se habían cursado más de 170 infracciones de tránsito.

"La movilización que tenemos por parte de camioneros y transportistas afecta directamente a la calidad de vida de las personas de nuestro territorio", remarcó la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, apuntando al acuerdo que se había alcanzado el lunes y que, entre otros puntos, estabilizaba el precio de los combustibles por tres meses. "Como Gobierno insistiremos en el diálogo, insistiremos en hacernos cargo de las demandas, pero también seremos muy enérgicos en utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro haber para garantizar el libre tránsito de nuestra ciudadanía", subrayó la autoridad.

Aplicar ley de seguridad

Esto también fue destacado por el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, quien señaló que no "hay fundamento para que el paro (a nivel nacional) continúe", aludiendo al acuerdo. Y junto con ello, al igual que la delegada, dando cuenta de la posibilidad de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que fue refrendado durante la jornada por la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, quien anunció la aplicación de la legislación.

"El Gobierno ha hecho todos los esfuerzos, como consta públicamente, por evitar este conflicto. El día lunes se hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas", manifestó, agregando que pese a ello, "después del lunes, ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y eso ha afectado a las personas, a la circulación y el abastecimiento en distintos puntos del país, eso no es aceptable".

En ese contexto, la autoridad confirmó la aplicación de la citada ley para los camioneros que se encuentran movilizados en todo el país, incluyendo a los de la región. "Esta decisión ha sido tomada", dijo.

No hay acuerdo

Por su parte, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso (Fedequinta) y vicepresidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Iván Mateluna, señaló que los gremios que acudieron a la reunión del pasado lunes no firmaron ningún acuerdo.

"Yo estuve en esa mesa de negociación. Hay firmas del subsecretario del Interior y del ministro de Hacienda y dice acta de acuerdo, pero nadie ha firmado ningún acuerdo por parte del gremio. Nosotros fuimos con una y no fue recibida", subrayó, añadiendo que lo que se pide es que se estabilice el precio de los combustibles por seis meses para poder negociar con los mandantes.

Respecto a la posibilidad de que se les aplique la Ley de Seguridad Interior del Estado, señaló que, a su juicio, no existen las condiciones.

"Yo creo firmemente que no puede hacer una acusación ni una amenaza como esa porque nosotros, hasta el momento, no hemos cortado las carreteras. Los vehículos siguen circulando libremente, obviamente con un poco de obstáculo porque entra un camión, después sale, pero siempre hay un bypass", remarcó.

En paralelo, se realizaron una serie de negociaciones. Una de las propuestas de los camioneros apuntó a reducir en un 30% el precio de todos los combustibles y mantenerlos estables por seis meses en lugar de los tres establecidos el lunes, lo que fue descartado por Hacienda.

"El costo fiscal de reducir un 30% los precios de los combustibles, a través del Mepco, y mantenerlo por seis meses es del orden de los US$ 2.500 millones, si es que los precios de internación se mantienen como están hoy. Pero si el tipo de cambio sube un 10%, el costo de esta solicitud sube a US$4.500 millones, y si a eso se suma un aumento de 10% en los valores internacionales de los combustibles la cifra alcanza los US$ 6.500 millones", explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

En esa línea, agregó que para poder financiar esta demanda, "la mitad del aumento del presupuesto para el próximo año, en lugar de destinarse a educación, a vivienda, a salud, a reducción de lista de esperas en los hospitales, al aumento de la PGU, tendría que dedicarse a subsidiar los combustibles".

Recurso de protección

La Municipalidad de Valparaíso interpuso un recurso de protección por el bloqueo de las carreteras en la comuna.

"Esperamos que los tribunales marquen un precedente para que este tipo de acciones no queden impunes y puedan, básicamente, liberar las carreteras para que la gente pueda transitar libremente, pero, además, para que los servicios públicos, como el aseo municipal, Carabineros, bomberos y ambulancias puedan hacer lo mismo por dichos lugares", dijo el alcalde Jorge Sharp, agregando que si bien puede haber demandas legítimas, estas se deben canalizar de otra forma. "Paralizar las carreteras es un atentando contra la democracia", concluyó.

"Lo que no puede ocurrir es que hoy las regiones y, particularmente la Región de Valparaíso, quede secuestrada por un grupo de interés".

Rodrigo Mundaca, Gobernador regional

"La movilización que tenemos por parte de camioneros y transportistas afecta directamente a la calidad de vida de las personas de nuestro territorio".

Sofía González, Delegada presidencial

"Esperamos que los tribunales marquen un precedente para que este tipo de acciones no queden impunes".

Jorge Sharp, Alcalde Valparaíso

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