Desde algunos sectores se están levantando voces que rechazan la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Zapallar, mediante la cual se restringe la circulación de menores de 16 años en horas de la madrugada.

La votación sobre la propuesta formulada por el alcalde Gustavo Alessandri anotó cinco votos a favor, uno en contra y una abstención. La ordenanza establece para los padres de los menores infractores una multa que podría llegar hasta los $300 mil y que sería aplicada por el Juzgado de Policía Local. La restricción es para aquellos menores que circulen sin compañía de adultos entre la medianoche y las cinco de la madrugada, mientras que aquellos de entre 16 y 18 años deberán contar con algún número de contacto de alguna persona que asegure estar pendiente del lugar y de la condición en que ese menor se encuentra.

Para Alan Bronfman, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el tema estaría fuera de las competencias municipales. Para su colega Eduardo Cordero, "en este caso, una ordenanza municipal sin previa habilitación legal no puede regular esta materia y su legalidad puede ser revisada por la Contraloría o los tribunales de Justicia". Por su lado, los diputados comunistas Luis Cuello y Daniela Serrano rechazaron la ordenanza, anunciaron una presentación a la Contraloría y recordaron un pronunciamiento de ese organismo en contra de la disposición ante una ordenanza similar que se intentó aplicar en Quilpué.

La defensora la niñez, Patricia Muñoz, dice que le parece bien que el alcalde "esté preocupado del comportamiento de los adultos, que tienen que asumir la responsabilidad que tienen en relación con niños, niñas y adolescentes, protegerlos". Punto importante, sin duda, cuando es un hecho que existe un abandono de la autoridad paterna, lo cual supone riesgos para la niñez y conductas impropias de los menores que pueden ir desde alteraciones de la convivencia y el orden público hasta delitos de gravedad.

Algunos progresistas hablan de estigmatización de los menores; sin embargo, el espíritu de la norma tiene un sentido de protección de estos y también del bien común.

La ordenanza aprobada por la Municipalidad de Zapallar es una reacción ante el clamor general de seguridad y tranquilidad, como lo demandan vecinos del cerro Concepción, ejemplo entre muchos. Esa comuna, ante la proximidad de la temporada estival, quiere proteger esos valores amagados desde varios frentes y lo hace mediante una ordenanza que pone ciertas condicionantes, no límites, a la circulación de menores.

Es muy posible que llevado el tema a la Contraloría o a los tribunales la ordenanza sea declarada ilegal, pero, de cualquier modo, es una reacción, un llamado más de atención ante esa doble crisis, seguridad y responsabilidad paterna, que afecta gravemente a todos los sectores de la sociedad, clamor que no se puede pasar por alto.

El sector de la construcción ha estado en primera plana. La quiebra de Claro Vicuña Valenzuela imputando responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por la burocracia en los pagos, ha gatillado una discusión que hizo reaccionar a los gremios y al gobierno. Esto llevó a que se anunciara un nuevo mecanismo de reajuste para las licitaciones efectuadas a partir de septiembre de 2021, por alzas de materiales.

Si bien este mecanismo tiene limitaciones importantes que deben corregirse -se excluyó a empresas que lograron con esfuerzo terminar los proyectos, a los contratistas pequeños por obras de plazos inferiores a seis meses y a las concesionarias-, se trata de una medida valiosa que da cuenta de una gestión ministerial que sintoniza con los problemas del sector, como herramienta para la reactivación de la economía y la protección del empleo.

Un buen ejemplo de avances en la materia lo está llevando adelante la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), la que está evaluando aplicar nuevos modelos contractuales para sus licitaciones, según las más modernas y eficientes prácticas internacionales, sobre la base de principios colaborativos y de advertencia temprana de los potenciales inconvenientes que pudieran presentarse en las obras.

Esta iniciativa -que se adelanta incluso a gran parte de los privados- va en línea con los diagnósticos hechos por diversas entidades nacionales y extranjeras sobre los problemas que afectan la productividad y eficiencia. De esta forma, se siguen las recomendaciones del Consejo de Políticas de Infraestructura, de la Comisión Nacional de Productividad y los países de la Alianza del Pacífico.

En los últimos años se ha discutido ampliamente sobre los problemas que afectan al sector de las obras públicas. Los diagnósticos son variados, erróneos y hasta contradictorios. Se basan, por una parte, en recriminaciones sobre el rol del MOP y en una supuesta arbitrariedad e ineficiencia de sus funcionarios y, por otra, en atrasos y reclamaciones supuestamente artificiales de los contratistas. A ello se suma el cuestionado rol técnico de la Contraloría, que condiciona e incluso paraliza las actuaciones de los funcionarios públicos.

En estos análisis falta un elemento central: la actualización del Reglamento de Contratos de Obras Públicas en algunas áreas básicas. Sin duda, su falta de claridad es la primera causa de los problemas de la actividad, pues alienta las interpretaciones contradictorias entre el MOP, los contratistas y la Contraloría. Esto no requiere ley: es resorte de la potestad del Presidente. Históricamente, esto no se ha entendido y lo demás no podrá solucionarse sin este cambio. La solución está a la vista.