Este verdadero cambio de marea en lo municipal se produce en un contexto donde las preguntas fundamentales vuelven a tener plena vigencia. El debate entre lo viejo y lo nuevo, que no es más que la discusión sobre las posibilidades de avanzar hacia un nuevo horizonte de sociedad, adquiere un vigor insospechado a propósito del término del trabajo de la Convención Constitucional y la entrega al país del borrador de Nueva Constitución que se plebiscitó el 4 de septiembre.

La sociedad chilena está cruzada por múltiples contra- dicciones derivadas de décadas de neoliberalismo y de una democracia que nos ha entendido como consumidores y no como ciudadanía soberana. Su escenificación concreta, real y cotidiana tiene lugar en los territorios y las ciudades las cuales han sido producidas y planificadas los últimos 30 años desde una lógica extractivista que se expresa en el aumento de las zonas de sacrificio ambiental; un asfixiante centralismo que provoca desigualdades en la asignación de recursos a territorios alejados de los centros urbanos; la pérdida de bienestar en amplios sectores populares; las altas tasas de desempleo y el aumento de empleos precarios; la segregación y desigualdades socioeconómicas, territoriales y de género; la falta de garantía y protección al derecho a la vivienda y a un hábitat adecuado y el fracaso de la política de seguridad en barrios y ciudades.

El asunto es que hasta ahora ninguna de las demandas y reivindicaciones sociales y económicas que dieron vida a la revuelta social de octubre, todas las cuales pueden ser leídas desde una clave territorial, han sido seriamente abordadas ni menos resueltas. Las posibilidades de hacerlo evidentemente superan la acción municipal, pero interrogan a esta nueva corriente por su rol ante el desafío de la construcción de lo nuevo. Los tiempos que corren nos demandan no solo ser buenos administradores, sino junto a la comunidad audaces transformadores.

La nueva vida empieza en el territorio. Esta fase fija un marco estratégico para la acción municipal, ya que el territorio y ciudades pueden ser reclamadas para la vida digna; para alcanzar amplios grados de bienestar socioeconómico para todos y todas y donde la realización de la felicidad humana, familiar y comunitaria es posible; para pensar la democracia no como un conjunto de ritos sino como acción colectiva, como la gestión de aquello que nos es común; en definitiva, como espacios para edificar una sociedad pos neoliberal, es decir, para la transformación nacional desde abajo. Las ciudades, como señala el geógrafo David Harvey, son las fábricas del siglo XXI.

Desde hace un poco más de 5 años la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso ha trabajado junto a la comunidad y la ciudadanía porteña para hacerle frente al abandono del Estado de los últimos 50 años y la falta de un modelo desarrollo económico integrado a las necesidades locales de los últimos 100 años, causantes del largo declive de nuestra ciudad. Decidimos no hacerlo con más de lo mismo y con ello tomamos una decisión difícil, la cual sigue siendo atacada por la vieja política, incomprendida y resistida por parte importante de la elite y finalmente apoyada de forma mayoritaria e incuestionable en las últimas elecciones por los porteños y porteñas: empujar en una ciudad tan compleja como la nuestra, una estrategia de transformación democrática del territorio.

En nuestra experiencia, que no es mejor o peor que otras y donde es posible encontrar aciertos y errores, hemos experimentado ciertas tensiones que sistematizadas pueden aportar en la discusión respecto a la orientación de la nueva corriente municipal post revuelta que hoy ejerce el liderazgo en comunas en todo Chile y así evitar que sea un fenómeno puntual sino irreversible y duradero.

Una primera tensión se presenta entre el carácter transformador y el carácter administrador del gobierno local. La inercia y la rigidez del aparato administrativo y sus pesadas y burocráticas dinámicas de trabajo, no deben hacernos perder de vista lo importante: que los gobiernos locales deben ser democráticos, es decir, representativos de las mayorías populares, y transformadores, es decir, instrumentos para la edificación de una sociedad pos neoliberal desde los territorios.

Este, sin duda, es uno de los grandes desafíos que enfrentamos en el municipalismo chileno y que pasa, entre otras cosas, por avanzar hacia nuevas formas de democracia participativa, donde se aspire al máximo grado de participación posible, el cogobierno del territorio entre la comunidad y la institucionalidad en ámbitos como la planificación del territorio, la distribución de recursos, la forma de fijar prioridades de inversión y la cogestión de servicios y espacios comunes; por acciones e iniciativas que avancen a que las ciudades sean espacios donde se garanticen derechos sociales como educación, salud, acceso a cultura, a la vivienda y al hábitat; por edificar proyectos de desarrollo del territorio que tengan capacidad para enfrentar las consecuencias del cambio climático y la degradación ambiental; por avanzar hacia un tipo de desarrollo económico que potencie las capacidades productivas del territorio y formas de economía social y comunitaria, orientado a satisfacer las necesidades generales de la comunidad; y proyectos que avancen por la senda de la justicia de género, el reconocimiento plurinacional y la inclusión de grupos históricamente excluidos.

Una segunda tensión está dada por las relaciones que se producen entre la comunidad organizada y el gobierno local. Esta relación será siempre tensa y compleja, no puede ser de otra forma. Los tiempos, los ritmos, las prioridades de la comunidad organizada siempre tendrán un ritmo o velocidad distinta que la institución. Por eso, el gobierno local debe ser promotor y facilitador de la organización popular y social en los territorios, lo que no supone pretender vanguardizar o liderar cada iniciativa o espacio, sino más bien permitir y garantizar su ejercicio libre y soberano. Pero, por otra parte, el gobierno local debe jugar un rol muy activo en la articulación de estas prácticas, dinámicas e iniciativas, que muchas veces son particulares o específicas de un territorio o grupo determinado, hacia al objetivo de la transformación institucional. Esto supondrá convertirlas en universales, es decir, en reglas de comportamiento de carácter general para todo el territorio.

Otra tensión tiene que ver con los límites de la actuación del gobierno local, con lo que se puede hacer y con lo que no o la relación entre lo legal, ilegal y alegal. Los municipios son personas jurídicas de derecho público que deben cumplir de forma irrestricta el principio de legalidad en sus actuaciones. De eso, no hay duda. Sin embargo, no podemos olvidar que el ordenamiento jurídico municipal está construido para concebir las instituciones como administradoras y no gobiernos locales y nuestra tarea es superar dichos límites. Por eso, el grado de avance de un proyecto transformador no puede estar completamente subordinado a los límites legales o jurídicos a los cuales se encuentran sometidas las instituciones, ya que la práctica demuestra que siempre existe un amplio espacio dado por lo alegal, es decir, un espacio de actuación de aquello que no está prohibido por la ley. En este sentido, no podemos perder de vista que la misma ley orgánica de municipalidades en su primer artículo señala que la finalidad de los municipios es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. Es un objetivo suficientemente amplio como para dar espacio para la innovación y la creatividad de equipos municipales y la comunidad organizada.

Una última tensión se presenta entre lo nacional y local. Desde nuestra perspectiva, esta es una contradicción aparente porque los proyectos de transformación tienen naturaleza multiescalar, es decir, se relacionan y vinculan con distintas dimensiones que pueden ser globales, nacionales, y regionales ya que los distintos modelos de sociedad se expresan en cada uno de ellos de forma distinta. Esto quiere decir que no podemos atrincherarnos en el espacio de lo local cuando los problemas que se presentan en el territorio escapan a dicha dimensión, aunque dinámicas y propuestas locales, articuladas de forma nacional, pueden provocar un cambio en las políticas nacionales.

Parte de los problemas aquí mencionados, requerirán ser examinados a la luz de un nuevo texto constitucional. La creación del Estado Regional y de cuatro entidades territoriales autónomas con amplios poderes: regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales; los nuevos instrumentos y espacios de participación a nivel legislativo, regional y comunal que permitirán mayor protagonismo popular; y la consagración de nuevos y amplios derechos sociales para garantizar una vida digna, sin lugar a ninguna duda dibujan un cuadro muy auspicioso para avanzar hacia una nueva etapa en el municipalismo chileno.

El que el municipalismo post revuelta, con toda su no- vedad, capacidad y creatividad, sea un pilar de la transformación nacional desde abajo dependerá de la existencia de fuerzas políticas y liderazgos que empujen en dicha dirección poniendo siempre en el centro de su acción el protagonismo y la participación vinculante de la ciudadanía y el mundo popular.

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Título: Trabajo Municipal Autores: Carla Amtmann, Irací Hassler, Jorge Sharp, Carolina Leitao, Claudia Pizarro, Daniel Jadue, Joel Olmos y Claudio Espinoza Editorial: Aún creemos en los sueños (Le Monde Diplomatique) Extensión: 57 páginas Precio: $ 4.950 (edición impresa) y $2.950 (edición digital) en editorialauncreemos.cl