INDH detecta los incumplimientos graves del Estado por la polución en la bahía de Quintero
ANÁLISIS. Sólo Carabineros se ha ajustado al resguardo de derechos. Exigirán atenerse al último fallo de la Corte Suprema.
Los lamentables episodios de contaminación que en los últimos 10 años se han hecho una constante en las comunas de Quintero y Puchuncaví impulsaron a que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) enviara tres misiones de observación a la zona, las cuales detectaron varias faltas del Estado en el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, principamente el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, a la salud y la educación.
La primera misión se remonta al año 2014, luego del episodio de contaminación que afectó a la escuela La Greda, en Puchuncaví, donde más de 20 niños resultaron intoxicados, situación que obligó al traslado del establecimiento a una nueva ubicación, a 2 kilómetros. Según el INDH, dicho cambio no subsanó el impacto de la contaminación en la cmunidad escolar. Por esto, hubo una segunda misión, en 2018, después de un episodio de intoxicación masiva en Quintero y Puchuncaví. En esa oportunidad, más de mil personas presentaron síntomas.
En segunda misión, el INDH encontró falencias respecto a los derechos de acceso de la información, a vivir en un ambiente libre de contaminación, a tener resguardada y con garantías la salud y también la educación, por lo que el organismo hizo doce recomendaciones que fueron fiscalizadas en la última misión de observación que se realizó esta semana -del 23 al 27 de enero-, cuando la entidad pudo verificar que el Gobierno y sus ministerios no han logrado dar cumplimiento a las recomendaciones.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, precisó que "el Estado debía instalar un mecanismo de información que les permitiera a las personas saber qué es lo que ocurre, prevenir cuando ocurre como un sistema de medición respecto de los días que se eleva la contaminación para tomar medidas paliativas", situación que no se ha hecho y que provoca "desconfianza" en la comunidad.
Afirmó que "en materia de medición de los sistemas de los niveles de contaminación se ha avanzado de manera débil, casi nula. No existe" y reconoció que "si bien las empresas cuentan con sistema de medición particular no existe un sistema de medición global que nos permita decir cuánto la sumatoria de todas estas afectando a la población".
En materia en derecho a la educación, explicó que "si bien es cierto, las autoridades generaron una serie de sistemas paliativos, estructurales (...), sin embargo, todavía no se puede mejorar la pérdida de clases que tienen los niños cuando hay episodios de contaminación" por lo que la medida está a medias y "en materia en derecho a la salud no hay avances, no hay estudios que nos permitan saber qué es lo que las personas tienen en la sangre, si hay metales pesados, no hay un estudio longitudinal que permita saber cuánto está afectando a la población en materia de salud".
Agregó que "la población sigue en una nube de desinformación que vulnera gravemente sus derechos" y por eso como entidad oficiará a la autoridad de gobierno y los respectivos ministerios para cumplir la normativa. Más aún cuando ni siguiera las empresas están informadas de los nuevos compromisos que ha adquirido Chile en derechos humanos de Naciones Unidas y la OCDE.
Recalcó que la única entidad que ha cumplido con las recomendaciones es Carabineros en cuanto a resguardar "el derecho a manifestación pacífica que tienen todos los habitantes de este país, su tarea no es reprimir la manifestación sino resguardar la manifestación pacífica que es un derecho humano esencial y lo hicieron efectivamente".
Acciones
Frente a la falta de acción por parte de entidades de Gobierno, desde el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera a la fecha, Contreras afirmó que mandaran los oficios respectivos "con las recomendaciones que hemos hechos, con la evaluación y pedimos cuenta a las autoridades del Estado para que cumplan con la tarea" de respetar los pacto a los que a suscrito el país.
Si no hay acciones para resguardar los derechos, dijo Contreras, "vamos a tener que realizar acciones jurídicas" y aclaró que "vamos a exigir con mucha fuerza que ese fallo de la Corte Suprema se cumpla y las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos de la zona están en todo el derecho, porque se agotaron los recursos nacionales, de recurrir a cortes internacionales. Se han agotado los recursos nacionales y las autoridades y las empresas no han cumplido con su obligación de cumplir el fallo de la Suprema".
Mientras, el director regional del INDH, Fernando Martínez, detalló que "además de las 12 recomendaciones del 2018 están las 15 medidas de la Corte Suprema en resolución de mayo del 2019 y en ese sentido hay incumplimineot de aquellas medidas y acciones a las cuales se esta obligado incluso por una sentencia".
"Los ciudadanos de la zona están en todo el derecho, porque se agotaron los recursos nacionales, de recurrir a cortes internacionales".
Consuelo Contreras, Directora Nacional INDH
12 recomendaciones hizo el INDH en el informe del 2018, la mayoría de ellas no está en cumplimiento.