A cuentagotas, con varios desmentidos y gazapos comunicacionales de por medio, llegamos al fin de semana con la noticia de que Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Cartagena serían las cuatro comunas elegidas por el Gobierno para iniciar el Plan Calle sin Violencia, suerte de intervención en seguridad -con su consecuente inversión económica- cuyos detalles tampoco han sido revelados.

Al respecto caben dos alcances. El primero, la poca claridad del mensaje (en un principio eran tales comunas, después no era ninguna, más tarde serían otras, finalmente la prensa y la población tuvieron que enterarse por mensajes desparramados en redes sociales de Interior, la delegada o los propios alcaldes) atenta contra la convicción gubernamental de su propio plan y la futura efectividad del mismo. En segundo lugar, la poca precisión (extraño en ella) de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, la desaparición de escena del Presidente Gabriel Boric (quien se trasladó al norte del país), y la ausencia de la delegada Sofía González, posibilitó una suerte de levantamiento de alcaldes locales, quien sin la presencia de los titulares de las dos primeras comunas (Macarena Ripamonti, de Viña del Mar, por estar fuera del país; y Jorge Sharp, de Valparaíso, porque no va a ninguna parte donde él no sea el primus inter pares) han conformado de la mano de los jefes comunales de Concón, Freddy Ramírez, y Casablanca, Francisco Riquelme, una llamativa asociación de comunas regionales, que incluye a figuras como de Javiera Toledo (Villa Alemana), Valeria Melipillán (Quilpué) o Daniel Morales (Limache), la cual ha dado en el clavo con sus críticas de que la delincuencia no respeta las fronteras comunales y que un plan que espante a los antisociales de Viña, Valparaíso y Quilpué redundará en que las comunas pequeñas (como las mencionadas junto a sus respectivos alcaldes) sean las que terminen pagando los platos rotos.

Así, la delegada Sofía González pareciera más sola que nunca ante decisiones tan centralizadas, las cuales obviamente tampoco son compartidas por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, el Consejo Regional y los citados alcaldes. ¿Y la población regional? Bueno, hace un buen rato que eso pareciera no preocuparle a nadie.

No cabe duda que hoy nos encontramos ante una emergencia de seguridad ciudadana. Los lamentables hechos delictuales que hemos visto en las últimas semanas son reflejo de un crítico panorama que la región y el país llevan viviendo demasiado tiempo. Sin duda, es necesario que las autoridades recuperen el control de la seguridad de nuestro país que, al parecer, se encuentra en manos de los delincuentes.

En este sentido, según los resultados de la última Encuesta de Victimización del Comercio, realizada por la CNC, Valparaíso y Viña del Mar constituyen la segunda zona con mayor nivel de inseguridad dentro de las ciudades encuestadas, con un 61,2%. Lo más grave aún es que esta cifra sólo ha ido aumentando con los años, lo que evidencia la explosiva alza de hechos delictuales que ocurren día a día.

Como Cámara Regional del Comercio de Valparaíso hemos sido enfáticos en manifestar nuestra preocupación por el escenario actual donde la violencia y la delincuencia se han tomado nuestras calles, afectando el normal funcionamiento de la actividad comercial, generando un profundo temor entre quienes vivimos y trabajamos en la región y perjudicando todos los esfuerzos que realizamos diariamente para impulsar la recuperación económica. ¿Cuántos sueños, empleos y vidas se han perdido producto de la delincuencia? Hoy, incluso, están en riesgo quienes velan diariamente por la seguridad de todas y todos.

No permitamos que esta crisis se siga profundizando. Estamos al borde de que sea el crimen organizado quien dicte las reglas de convivencia. Por ello, es necesario que la estrategia para enfrentar la delincuencia se aborde de forma sistemática, involucrando a todos los sectores y fortaleciendo las labores de prevención, control y persecución, sanción, rehabilitación y reinserción.

En esta misma línea, es fundamental entregarles a las policías los recursos y herramientas que les permitan ejercer su labor de manera eficaz, pero también es importante generar una estrategia nacional y regional de seguridad pública, que nos permita resolver esta problemática en el corto, mediano y largo plazo; estrategia que, lamentablemente, ha estado muy ajena a nuestra zona, lo que da cuenta de un escaso compromiso de las autoridades vinculadas a la seguridad pública por generar soluciones reales. Si sumamos esfuerzos y voluntades podremos generar cambios reales que permitan vivir tranquilamente a todas las personas.

Desde el mundo privado siempre hemos estado dispuestos para avanzar sobre nuevas medidas de seguridad a favor de la economía local y regional, pero necesitamos de un compromiso serio y urgente de las autoridades para resolver este flagelo.

Necesitamos que todos los espacios de nuestra región y del país vuelvan a ser seguros, que las personas puedan caminar por las calles sin miedo. No permitamos que la delincuencia y la violencia sean el legado que le dejemos a las futuras generaciones. Necesitamos trabajar menos en discursos y más en acciones concretas.

Una estudiante de enseñanza media en Chile, con buenos resultados en ciencias, matemáticas y lenguaje, está pensando en la carrera que elegirá para continuar sus estudios superiores. ¿Qué tan probable es que se incline por un programa científico-tecnológico?

Según el último informe sobre brechas de género del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de los 90.580 estudiantes que en 2022 ingresaron a carreras STEM (sigla en inglés para denominar las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y ciencias), sólo un 19% son mujeres, casi el mismo porcentaje (19,9%) de las profesionales de ciencia e ingeniería que hoy existen en todo el mundo.

La brecha es evidente y en gran medida se explica por factores culturales relacionados a los estereotipos y sesgos de género, así como la falta de reconocimiento y visibilización de mujeres referentes.

Aunque en ocasiones nos cueste más identificarlo, puede también deberse a los sesgos incrustados en planes de estudio, libros guía y prácticas de enseñanza y aprendizaje que usamos día a día. En este contexto, vale preguntarse desde las instituciones universitarias ¿cuántas estudiantes han pensado en tomar este camino y finalmente han declinado? ¿De cuántas ingenieras y científicas de excelencia nos hemos perdido? ¿Podemos hoy en día, como sociedad, darnos el lujo de perder ese talento?

La diversidad de género en equipos de trabajo genera ciencia de mayor impacto. Además, aporta a la innovación enriqueciendo la discusión con diversos puntos de vista y estrategias. Involucrar activamente a niñas y adolescentes en el desarrollo de la ciencia y la tecnología es una responsabilidad ineludible con el desarrollo del país y, más aún, un acto de justicia largamente pendiente.

En consecuencia, debemos comprometernos y generar acciones concretas y transmitir mensajes claros. Es por ello que esta semana, en el marco de la Ceremonia de Inauguración del Año Académico 2023, homenajeamos a Graciela Muñoz Marazzi, nuestra primera mujer titulada de ingeniería el año 1964, y entregamos por primera vez el premio que lleva su nombre a mujeres destacadas de nuestra comunidad universitaria.

Como institución nos hemos puesto como objetivo reforzar nuestros cuadros académicos y docentes, con especial foco en reducir brechas de género. De la misma forma, reforzaremos nuestros mecanismos de admisión para mujeres líderes y seguiremos impulsando actividades e iniciativas a través de nuestra Unidad de Equidad de Género e Inclusión y del proyecto InES de Género.

Como universidad líder en ingeniería, ciencia y tecnología, no sólo tenemos la obligación de avanzar en esta materia, sino también de empujar el cambio cultural dentro y fuera de los límites de nuestra institución. Es parte de nuestro rol y responsabilidad con toda la sociedad.