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Empleo en el sector público
A veces las explicaciones contribuyen más a generar confusión que ayudar a la comprensión de los fenómenos que intentan aclarar. La subsecretaria de Hacienda ha intentado explicar que la cifra de más de 86 mil nuevos empleos públicos creados en el trimestre diciembre 2022 a febrero 2023, informada recientemente por el INE, no significa un incremento de la ocupación en el sector estatal ni del gasto fiscal. Dicha cifra es coincidente con la que han entregado informes emanados de entidades académicas.
Según ella, ese alarmante crecimiento del empleo estatal se ubica dentro del rango normal, puesto que debiera compararse no con las contrataciones efectuadas el año anterior, sino con los guarismos de 2019, dado que este año (de triste memoria, por lo demás) permite configurar lo que denomina, usando un rebuscado tecnicismo estadístico, el intervalo de confianza.
Lo cierto es que para cualquier observador de la realidad nacional, la creación en un año de más de 86 mil puestos de trabajo en el Estado es una enormidad, que además tiene un fuerte impacto en el gasto público. Por algo la presidenta del Banco Central, en su exposición del último IPoM ante la Comisión de Hacienda del Senado, dijo expresamente que una de las presiones inflacionarias que está retardando más de lo previsto la capacidad de la economía para converger a la meta de inflación definida por esa entidad es el exceso de gasto e instó a las autoridades a reducirlo.
En suma, la inflación que estamos sufriendo todos los días, que licúa los ingresos de las clases medias y de los sectores más vulnerables, ya no se explica sólo por las transferencias implementadas durante la pandemia, la mayor liquidez que generaron los retiros de fondos de pensiones, ni tampoco por la guerra en el este de Europa, como se dijo en su momento. Hoy, en cambio, la persistente espiral de alza de precios que vive el país encuentra una explicación mucho más plausible en el crecimiento del Estado por la vía de la creación masiva de puestos de trabajo y en el incremento del gasto público que conlleva esa dispendiosa e injustificada carga fiscal.
Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega
Reactivación de la economía
La inflación no ha dado tregua a los dividendos, encareciendo su costo, pues su reajuste se realiza en UF. Una tasa de UF + 3%, es una tasa de interés compuesta de la variación anual del IPC más el 3%. Hace cuatro años correspondía a una tasa final en pesos chilenos del 6%. El año pasado hubiese sido del 15,8% y si se proyecta con una inflación del 7% para 2023, la tasa final de deuda en pesos podría ser de un 10%.
La subida de la tasa final en pesos y las condiciones más restrictivas de otorgamiento de créditos hipotecarios a personas naturales implica cierto nivel de contracción del mercado de capitales. Y, justamente, los bancos forman parte de él, como fuente de financiamiento de créditos de consumo e hipotecarios. Por lo tanto, son un componente relevante para el desarrollo de ciertas industrias o actividad económica, como la construcción y el segmento inmobiliario.
Por otro lado, en el caso de otorgamiento de créditos de consumo existe un poco más de ventaja en las condiciones. En ese sentido, si lo que se busca es reactivar las actividades económicas de largo aliento que generan empleo, resulta ilógico incentivar más el consumo en las personas naturales. En este caso, cuesta entender la estrategia o diseño de los diversos agentes económicos y del Estado en un escenario como el actual.
En ese contexto, ¿cómo se pueden proyectar inversiones y reactivar la economía bajo condiciones cada vez menos ventajosas? ¿Quién dará el primer paso para reactivar la economía, la inversión y el empleo? Habrá que seguir observando el movimiento de todas estas variables.
Guillermo Rebolledo Profesor UEjecutivos, Facultad de Economía y Negocios, U. de Chile
Polémicas declaraciones
El diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, ha dado declaraciones que no han estado exentas de polémica. Frente a la reflexión de algunos alcaldes de su sector, el legislador expresó que "escucho estas faltas de autoestima de que no estábamos preparados y es el Estado neoliberal el que no lo está".
Una vez más se refleja la soberbia con la que nos tienen acostumbrados los líderes del Frente Amplio, ya que en vez de asumir un problema sobre el cual han dado bastante evidencia (inexperiencia), intentan desviar la culpa a un tercero, en este caso "el Estado neoliberal". Más allá de que no lo define, sí da como características que ha sido un Estado que ha sufrido "un desmantelamiento de lo público que ha durado muchos años o décadas en Chile". Es bien curioso que lo diga, dado que el Estado de Chile, desde el retorno de la democracia, ha crecido consistentemente en funcionarios y en recaudación, pero sobre todo en la provisión de derechos sociales, siendo cerca de 2/3 del gasto fiscal.
Tratar de dar estas cuñas que intentan desviar la atención, sólo confirma lo que parte de sus correligionarios han expresado: no estaban preparados para asumir la administración del Estado.
Pablo Aldunate Allegro Fundación para el Progreso
Ideas efectistas
A principios de marzo de este año nos enteramos de que el promedio de entrega de viviendas durante los primeros nueve meses de gestión había caído un 40% con respecto al 2021, transformándose el 2022 en el año con peor desempeño en materia de entrega de vivienda en la última década.
Es muy cierto que hoy existe una alta vacancia de los inmuebles de oficinas y que su reconversión podría ser hacia vivienda, pero el valor de compra de estos inmuebles, más el costo de remodelación, duplica el valor unitario que hoy se considera para la construcción de viviendas de interés social, lo que reduciría el impacto en la cantidad de unidades que se podría entregar con los recursos disponibles, sumado a que la superficie existente de edificios de oficinas está altamente concentrada en las comunas céntricas de Santiago, a diferencia del déficit habitacional, que se encuentra distribuido en todo el país.
Pareciera que ante el decepcionante avance en materia habitacional, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha comenzado a dar palos de ciego, lanzando ideas efectistas pero poco asertivas, cuando lo que se requiere es un trabajo coordinado y sistemático con la industria de la construcción y los municipios, de manera de dar respuesta oportuna a las más de 600 mil familias que hoy esperan por una vivienda en todo Chile.
Daniel Schmidt Mclachlan Decano Arquitectura Universidad Autónoma