Sebastián Mejías O.

Edmundo Eluchans, exparlamentario y candidato de la UDI al Consejo Constitucional, tiene claro cómo debe quedar el texto final, pensando en garantizarle seguridad pública a la ciudadanía. Cree que la base constitucional que deja a Chile como un Estado social y democrático de derecho debe estar presente de principio a fin en el texto, como un mandato general para que los chilenos respeten la ley.

- ¿Qué le han dejado estas semanas de recorrer la región y relacionarse con los electores?

- Me preocupa el alto nivel de desconocimiento que hay en torno al proceso. La gente no está suficientemente informada y si eso pasa es responsabilidad del Gobierno, que debió informar más y hacer más esfuerzos por informar públicamente sobre este tema.

- Más allá del desconocimiento, ¿la gente se interesa por el proceso?

- Conversando con las personas, noto interés por involucrarse. Hoy día los niveles de desprestigio de la política son elevados, pero valoro que la mayoría de las personas se interese por escuchar ideas sobre el proceso. Me he sentido bien acogido y he tenido la oportunidad de hablar cara a cara con muchas personas sobre mis ideas constitucionales.

- Hay quienes piensan que es populismo que los candidatos enfoquen sus campañas mayoritariamente en la seguridad, que es lo que se puede observar. De acuerdo a sus recorridos, ¿es la primera prioridad de las personas?

- Es que es innegable que el tema de la seguridad se ha ido tornando parte importante del proceso. Se equivocan aquellos que critican a los candidatos por involucrarse en este tema que hoy está en un su punto más complejo, porque las constituciones inciden en el diseño del funcionamiento del Estado. El Consejo tendrá la capacidad de darle un sello al Estado que, desde mi lógica, debe dejar claro, desde el primer al último artículo de la Constitución, que Chile es un Estado social y democrático de derecho.

- ¿Qué entiende por Estado social y democrático de derecho y cuál es su relación con la seguridad pública?

- Lo entiendo como un mandato para que los chilenos vuelvan a respetar la ley, que es lo que nos hace iguales a todos. Si la delincuencia está descontrolada como está y la gente la padece, es porque no se respeta la ley. Debemos garantizar en la Constitución el respeto a la ley, a la autoridad, al vecino, a la persona con la que nos movilizamos en la locomoción colectiva o en cualquier otra actividad. Lamentablemente, todos esos respetos se perdieron y yo quiero recuperarlos constitucionalmente.

- ¿Los temas de seguridad se pueden constitucionalizar?

- Claro que hay protecciones a la seguridad ciudadana y la lucha antidelincuencia que sí pueden quedar en la Constitución. Perfectamente en la Constitución puede quedar claro que a las policías debemos modernizarlas y profesionalizarlas y, a partir de ahí, garantizarles el debido respeto. No podemos volver a repetir lo que ocurrió con aquellos que hoy día están siendo Gobierno, que en el pasado, como dirigentes y parlamentarios, desacreditaron permanentemente a las policías, un gesto que le hizo mucho daño a nuestra convivencia y al correcto funcionamiento del país.

Derechos sociales

- Algunos ven el Estado social y democrático de derecho como una posibilidad de avanzar en demandas ciudadanas. De hecho, se proyecta una tensión entre Estado social y Estado subsidiario. ¿Son conceptos que pueden convivir?

- La convivencia entre la subsidiariedad y la solidaridad está claramente establecida en las bases constitucionales de este proceso. Creo que es una convivencia perfectamente posible, sana y conveniente para el país. La solidaridad es consustancial al concepto de Estado. Un Estado que no es solidario no cumple una de sus tareas esenciales, como el propósito de promover el bien común.

- Al Partido Republicano no le gustó que el proceso esté marcado por el Estado social y democrático de Derecho como base constitucional y hubo críticas a Chile Vamos por aceptarla.

- Están equivocados quienes nos critican porque estaríamos pavimentando el camino al socialismo al aceptar el principio de solidaridad en el nuevo proceso. También aquellos que piensen que Chile puede convertirse en un Estado benefactor. El desarrollo progresivo de los derechos sociales debe darse con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.

"No podemos volver a repetir lo que ocurrió con aquellos que hoy día están siendo Gobierno, que en el pasado (...) desacreditaron permanentemente a las policías".

"La convivencia entre la subsidiariedad y la solidaridad está claramente establecida en las bases constitucionales. Es una convivencia perfectamente posible".

"Acá el fiscal nacional debe dar explicaciones", manifestó el diputado Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, ante la investigación que pesa sobre el carabinero de San Antonio que el pasado 8 de abril abatió con una subametralladora UZI a un conductor que atropelló a un efectivo en un procedimiento desarrollado en la localidad de Llolleo.

El emplazamiento del legislador dice relación con la información entregada esta semana por el fiscal de la causa, Fred Silva, quien precisó que el funcionario que dio muerte a David Toro Córdova, de 19 años, "está siendo objeto de una investigación como cualquier persona, en calidad de imputado", por lo que se encuentra a la espera de "la pericia balística, donde vamos a poder observar y analizar especialmente la trayectoria de cada uno de los proyectiles que fueron percutidos por el arma de fuego institucional", además del informe técnico del sitio del suceso de la PDI y del análisis de las cámaras del sector. "Aquello pudiese significar que en un futuro la situación procesal del funcionario pudiese cambiar", añadió el persecutor.

"se debe respetar"

Ante ello, el diputado Sánchez pidió a la Fiscalía "recalificar la calidad del carabinero en esta investigación para que se le considere como víctima o testigo", apelando en este sentido a la Ley Nain-Retamal, recientemente aprobada en el Congreso Nacional. "Se debe respetar al pie de la letra esta nueva ley que aprobamos (…). Tenemos una Ley Nain-Retamal ya promulgada y publicada, en vigencia, y que la Fiscalía debe aplicar durante la investigación. La información que yo tengo es que el carabinero no está detenido y espero que eso no cambie", expresó.

Advirtió que la no aplicación de la nueva normativa en este caso "puede abrir profundos cuestionamientos al Ministerio Público si no se corrige lo antes posible".

Tras participar como invitado en el panel del conversatorio "Futuro de la Reforma Tributaria en Chile", instancia organizada por Deloitte Chile y la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) valoró este tipo de instancias para reflexionar y planteó la necesidad de retomar las conversaciones con la oposición sobre la necesidad de establecer parámetros compartidos para la conformación de una futura reforma tributaria. "Yo haría un esfuerzo para evaluar qué hacemos con las exenciones (tributarias), qué hacemos con el impuesto a los combustibles, con la renta presunta. Entonces, esos son los temas que son políticamente complejos", señaló.