El 8 de julio de 1730, a las 4.45 de la madrugada, un terremoto de magnitud 9 arrasó con las edificaciones del Chile colonial entre La Serena y Valdivia. El sismo también provocó un tsunami que barrió nuestras costas, con un impacto documentado en varios países, incluido Japón, aunque el daño más importante se produjo en Valparaíso y las zonas aledañas, donde el mar se elevó siete metros, inundando casas y fortificaciones del Almendral. En el sector costero de lo que hoy es Quintero, de acuerdo a las últimas investigaciones, el mar llegó dos kilómetros tierra adentro.

De allí viene la importancia del plan de nuevas tecnologías presentado por los expertos del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden). Con el sugerente nombre de "¡Chile, territorio en Movimiento!", el programa ocupa modelos interactivos de simulación 3D, la gran mayoría de ellos diseñados por investigadores nacionales, para generar conciencia en la población frente a este tipo de emergencias. En su modelo de prueba, dado a conocer esta semana, Cigiden reprodujo el terremoto de 1730. La modelación virtual muestra que un maremoto de esas magnitudes inundaría prácticamente todo el barrio Almendral, llegando a lugares como la plaza Aníbal Pinto, el Congreso Nacional y alcanzando el perímetro de los cerros Concepción, Alegre y Cordillera. La primera ola llegaría a los 15 minutos de ocurrido el terremoto.

Esto significa que el trabajo de los especialistas no puede quedar reducido a labores educativas, por más que esa contribución sea vital para construir conciencia del peligro, sino que debe expandirse en el quehacer de las autoridades regionales, una de cuyas prioridades debe ser poner en marcha un plan preventivo en serio, con cientos de señalizaciones en el borde costero, ejercicios de simulacro permanente, información clara sobre las vías de evacuación y una autoridad visible y conocida encargada para coordinar el plan. Se debe retomar el impulso preventivo que surgió tras el terremoto de 2010 para construir una política de riesgo a largo plazo, que permita extender las acciones más allá de la autoridad contingente y vincularla a procesos paralelos claves en este ámbito, como el desarrollo urbano del borde costero regional.

El proyecto Ley Corta de Isapres presentado por el Gobierno para cumplir el fallo de la Corte Suprema, no considera la situación actual de los beneficiarios de los seguros privados, especialmente de aquellos que están haciendo uso activo de sus coberturas. Tampoco toma en consideración las limitaciones financieras por el ajuste de precio base y la fijación de la prima GES definida por la Superintendencia de Salud.

La generación de un plan de pago de la magnitud difundida por parte de las aseguradoras privadas -alrededor de US$1.400 millones- no es otra cosa que precipitar la muerte del sistema privado, dejando libre el camino para avanzar en una reforma de salud con claros matices estatistas. Esto genera una gran incertidumbre en los beneficiarios y en los prestadores institucionales, además del impacto en el trabajo de los profesionales médicos y su valorización.

Un segundo aspecto a considerar es que la iniciativa difundida como "la nueva modalidad de cobertura ampliada" como "modernización del Fonasa" no es tal, sólo crea un sistema diferente, cuyas coberturas son iguales a la Modalidad de Libre Elección, a cuyo copago concurrirán, teóricamente, seguros complementarios privados. Esto, asumiendo tarifas planas y grandes gastos si los deducibles son bajos o bajo gasto si los deducibles son altos, sencillamente es profundizar el gasto de bolsillo de los chilenos, ahora no sólo por medicamentos, sino por prestaciones de distintas complejidades. Esto es lo mismo que sucede hoy cuando un beneficiario Fonasa D adquiere por mutuo propio un seguro complementario con deducible variable y topes anuales. En la nueva modalidad negociará el Estado contratos en forma masiva. Tampoco se hace cargo de la situación hipotética de pacientes que concurrirán del sector privado a la red pública buscando costo cero, con impacto fiscal no cuantificado. Empeora la situación del copago cero y la modalidad de libre elección, toda vez que se van a requerir subsidios cruzados desde el presupuesto de la nación.

En la nueva modalidad no se resuelve el problema del riesgo moral implícito. Las personas pueden afiliarse y desafiliarse en cualquier momento. Eso significa que es posible afiliarse en el momento de mayor riesgo o frente a una enfermedad particular. Resuelto el problema se regresa al pago sólo del 7% a Fonasa, por lo que se puede prever un incremento significativo de sus gastos que no podrán ser traspasados a los usuarios. Los montos explicitados para el plan de pago, además, ponen en duda la continuidad real del sistema asegurador privado y graves e irreversibles consecuencias en clínicas y prestadores. Los efectos sobre las personas beneficiarias del seguro privado y público, pacientes y usuarios de la red clínica privada podrían ser graves.

Es de esperar que el Congreso perfeccione esta iniciativa legal con el aporte de los expertos y adicione proyectos que aún duermen en el Parlamento, como la modernización de Fonasa y el Plan Universal de Salud.