Francisco Meneses V.

La presentación del nuevo plan de fiscalización para el cordón industrial de la bahía de Quintero, en medio de una nueva serie de episodios de contaminación atmosférica, despertó airadas reacciones en las autoridades de la llamada zona de sacrificio.

Por un lado, al acto que se desarrolló el pasado viernes no asistieron los integrantes del Concejo Municipal de Quintero, criticando las "medidas parche" del Gobierno y la gestión de la Delegación Presidencial Regional sobre la materia.

Además, en dicha instancia el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, exhortó a los ministros Nicolás Grau y Maisa Rojas, la aplicación de medidas concretas y contundentes para solucionar esta crisis ambiental, más allá de las fiscalizaciones.

"¿Hasta cuándo? ¿Seguimos fiscalizando sobre la fiscalización o tomamos el toro por las astas donde existe más conciencia? Porque de estudios, creo que la bahía de Quintero y Puchuncaví no quiere seguir hablando, ya existe todo. Lo que necesita este territorio es recuperación y reparación", dijo la autoridad.

En el mismo tenor, Morales entregó un oficio a los ministros Grau y Rojas, como a la delegada presidencial regional, Sofía González, cuestionando la fiscalización: "¿Qué se ha hecho todos estos días, por más de 27 días de episodios de contaminación? ¿Acaso no se ha fiscalizado? ¿No se ha investigado para saber de dónde provienen las emisiones?".

Fiscalización robusta

Juan Peña, concejal DC de Puchuncaví, consideró respecto del plan que "se compromete una fiscalización más eficiente y eficaz, para determinar cuáles son las fuentes emisoras de los contaminantes que están afectando a la población".

"A diferencia de otros, quiero creer, porque si no vamos a caer en la desesperanza aprendida. (...) Esta ha sido una zona golpeada por más de 70 años y es momento de que esto pare", complementó el edil.

Su colega Ricardo Quero valoró la presentación del plan y la presencia de los secretarios de Estado. "Lo que tenían que presentar eran planes y acciones concretas para mejorar y robustecer la fiscalización. (...) Los anuncios podrían mejorar la capacidad que tienen los organismos públicos para fiscalizar, identificar y sancionar a los responsables, que es lo que se necesita en este minuto", dijo.

En esa línea, el concejal destacó la figura del coordinador presidencial con dedicación exclusiva al cumplimiento del plan, al considerar que "se va a atender con mayor diligencia las problemáticas que se identifican aquí. La presencia en la zona es sumamente importante para poder atender con la debida rapidez, celeridad y eficacia".

Una visión crítica tuvo Manuel Pizarro, director de la ONG Red Infancia Chile. "Las medidas reactivas son malísimas y ya lo venimos viendo. Se implementó un GEC, la gestión de episodios críticos, que ante cualquier eventualidad de que suban los contaminantes en la zona, tenía que actuar la Superintendencia del Medio Ambiente para que bajaran los niveles, pero eso ni siquiera funcionó", estimó.

"Plan ineficiente"

En esa línea, el vocero agregó que "se agradece la intención del Gobierno, es un gran paso; sin embargo, creo que es un plan ineficiente para lo que nosotros necesitamos. En Quintero y Puchuncaví se necesitan normas duras, que exijan que bajen las emisiones a un nivel que no afecte la calidad de vida humana", coincidiendo con el enfoque de Marcos Morales.

Juan Peña, por su parte, aseguró compartir parte de las declaraciones del alcalde de Puchuncaví, porque "los planes de descontaminación han sido ineficientes en todos los gobiernos y no hay que ponerse la bandera de un gobierno".

"Las fiscalizaciones permitirán, sin duda, avanzar a las acciones. Primero tienen que identificar qué se está emitiendo en la bahía y quiénes están emitiendo, para después pasara a una acción que tiene que ser ejemplificadora", agregó el concejal.

Ricardo Quero enfatizó que el emplazamiento del alcalde fue previo a la presentación del plan de fiscalización, aunque coincidió en algunas de sus valoraciones.

"A pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo hasta este minuto, antes del plan, igual existen situaciones de intoxicaciones en las escuelas", aseveró el edil.

Dejar atrincheramiento

Ante los emplazamientos de las autoridades comunales, la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, reiteró que hay una preocupación permanente por parte del nivel central, respecto de la crisis ambiental en Quintero y Puchuncaví.

"Estamos atentos y disponibles para entablar todo tipo de conversaciones que nos hagan avanzar a un objetivo común, que entendemos y compartimos tanto con la organización social y comunitaria, la sociedad civil de Quintero y Puchuncaví, como también con su institucionalidad", planteó.

El anuncio de un coordinador permanente, añadió, "de todas formas va a mejorar la gestión, sin desconocer que aquí ha existido gestión de parte del Gobierno central, con las comunidades, los alcaldes, los concejales, encabezada por la delegada presidencial y en un trabajo que es intersectorial, que se transmite a través de este plan de fiscalización".

Según Moraga, más allá de evaluar las críticas de los alcaldes y concejales de Quintero y Puchuncaví, los llamó a "dejar el atrincheramiento político y aquellas diferencias que pueden ser válidas, y centrarnos en el objetivo común, que es tomar medidas concretas para solucionar la problemática".

"Estamos conscientes de los episodios críticos en la bahía de Quintero y Puchuncaví en las últimas semanas. Por lo mismo, aceleramos el proceso de decretar la alerta sanitaria, que entrega más recursos y permite medidas más intrusivas. (...) Por lo mismo, no son mayoritariamente justificadas las palabras del alcalde (Morales)", finalizó la seremi de Gobierno.

"¿Qué se ha hecho todos estos días, por más de 27 días de episodios de contaminación? ¿Acaso no se ha fiscalizado?".

Marcos Morales, Alcalde de Puchuncaví

"Se necesitan normas duras, que exijan que bajen las emisiones a un nivel que no afecte la calidad de vida humana".

Manuel Pizarro, Director ONG Red Infancia Chile

"(Llamo a) dejar el atrincheramiento político (...) y centrarnos en el objetivo común, que es tomar medidas concretas".

María Fernanda Moraga, Seremi de Gobierno

"Los planes (...) han sido ineficientes en todos los gobiernos y no hay que ponerse la bandera de un gobierno".

Juan Peña, Concejal de Puchuncaví

Sebastián Mejías O.

El presidente de Santiago Wanderers y empresario de la locomoción colectiva mayor, Reinaldo Sánchez, amenazó con paralizar sus 800 micros, a raíz del clima de inseguridad que han experimentado sus trabajadores a través de una seguidilla de hechos delictuales, el último de los cuales afectó a la garita de la línea Sol y Mar S.A., en Concón, donde antisociales encañonaron incluso a uno de sus nietos para robar la recaudación del día.

"Yo le aviso a la comunidad que voy a parar. Yo no puedo seguir trabajando así. Mañana pueden matar a alguien y no quiero ser el culpable de esa matanza", advirtió el propietario de las líneas Sol y Mar S.A. y Viña Bus S.A.

Entre quienes reaccionaron a las declaraciones de Sánchez, quien podría afectar con esta decisión a miles de usuarios, se encuentra el diputado PC Luis Cuello, para quien "esta amenaza, este chantaje inaceptable del señor Sánchez, que pretende dejar sin locomoción al Gran Valparaíso, demuestra el fracaso del transporte privado".

Añadió que "el asalto ocurrió cuando trabajadores de la empresa estaban contando dinero en efectivo", lo que, a su juicio, "pone de manifiesto un problema central, que las empresas privadas no cumplen ni tienen interés en cumplir con sus obligaciones, ya que desde julio del año pasado deberían haber instalado los validadores electrónicos en las micros".

"Si eso se hubiera cumplido, nadie estaría contando billetes, exponiéndose a asaltos", apuntó. Por ello, señaló que "oficiará al Seremi de Transportes para que fije un plazo perentorio y urgente para la instalación de los validadores", todo con el fin de contar con un servicio que "dé calidad, certeza a la población y que termine con estos poderes fácticos que no cumplen con las leyes".

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, también criticó el tono del empresario, asegurando que "amenazar con dejar sin locomoción colectiva a toda la región es gravísimo (...) y el Gobierno no puede ceder ante estas presiones". "El transporte en la Región de Valparaíso está bajo el control hace 20 años de un monopolio", aseveró.

Críticas de Concejales

Otro que cree que la "amenaza de Reinaldo Sánchez es inaceptable" es el concejal PC de Viña del Mar Pablo González, quien considera "que tanto la ciudadanía como autoridades públicas ya no se amedrentan ante presiones de terceros".

El también edil Alejandro Aguilera (CS) indicó que "esta amenaza pone sobre la mesa la necesidad del derecho a la seguridad en el trabajo y, por sobre todo, el derecho al transporte público".

Y aunque comprende "la indignación de Sánchez por la inseguridad que sufre personal de su empresa", al concejal René Lues (DC) no le parece "que esa situación deba pagarla la población usuaria del transporte público, que también está afectada por la delincuencia y, además, tiene que soportar todos los días un transporte de mala calidad".

De igual forma, la edil Antonia Scarella (Ind.-UDI) "no comparte que "se pueda jugar con cortar el único servicio que permite a las personas movilizarse, a niños llegar al colegio, a los trabajadores a sus trabajos y a miles de personas a sus casas". A su juicio, esta "no es la solución para la seguridad, es un servicio básico y su funcionamiento debiese ser impecable".

Celis Propone mesa

El diputado Andrés Celis "invitó al alcalde de Valparaíso y al diputado Cuello a que, más que criticar al empresariado, piensen en los usuarios y en los conductores". "Pienso en estos últimos, me he reunido con ellos, y la cantidad de asaltos que sufren, de violencia, de agresión, es muchísima", lamentó.

"Más que alegar", el legislador hizo un llamado a que "se conforme una mesa para buscar soluciones. (…) El Gobierno tiene la obligación de dar solución en cuanto a garantizar la seguridad al usuario y al conductor".

Sobre este debate, el seremi de Transportes, Benigno Retamal, aseguró que tomó "contacto con la empresa afectada por estos delitos, expresando disposición de apoyar las gestiones para mejorar la seguridad en los terminales y en los buses".

Además, dijo que transmitió "la inquietud de la empresa a las instancias correspondientes en materia de seguridad, con el objetivo de buscar soluciones en el marco de los planes de prevención que lidera la Delegación Presidencial Regional, en coordinación con policías y municipios".

"Esta amenaza, este chantaje inaceptable del señor Sánchez, que pretende dejar sin locomoción al Gran Valparaíso, demuestra el fracaso del transporte privado".

Luis Cuello, Diputado (PC)

"Invitaría al alcalde de Valparaíso y al diputado Cuello a que, más que criticar al empresariado, piensen aquí en los usuarios y en los conductores".

Andrés Celis, Diputado (RN)

"Amenazar con dejar sin locomoción colectiva a toda la región es gravísimo (...) y el Gobierno no puede ceder ante estas presiones".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso