Sebastián Mejías O.

En el marco de los cuestionamientos a organizaciones sin fines de lucro que han contraído convenios con el Estado y las múltiples investigaciones que se están realizando, es que el Presidente de la República Gabriel Boric conformó una comisión de expertos para la probidad y transparencia en corporaciones y fundaciones. Se trata de un grupo de seis expertos liderados por la abogada y directora de Chile Transparente, María Jaraquemada, quienes tendrán un plazo de 45 días para generar nuevos estándares que mejoren la relación entre las fundaciones de la sociedad civil y el Estado.

Según explica el especialista en derecho administrativo y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Cordero, es la colaboración en la gestión pública, mediante instituciones sin fines de lucro, lo que está dando problemas y ahora el objetivo "será mejorar ese instrumento de colaboración y crear un marco regulatorio idóneo, mejorarlo, y con ello, revalorar la colaboración público privada".

Fenómeno cíclico

Cuenta el especialista que este tipo de crisis de probidad y la necesidad de crear comisiones para solucionarlas son parte de un fenómeno cíclico que se ha repetido varias veces desde la vuelta a la democracia. Enumera los casos de corrupción en el Gobierno <de Patricio Aylwin y cómo estos concluyeron en una Comisión de Ética Pública en 1994; luego, en el gobierno de Ricardo Lagos ocurrió el caso MOP-Gate, que dio lugar a una Comisión para la Modernización del Estado; para finalizar en el segundo mandato de Michelle Bachelet, donde a raíz del financiamiento irregular de la política con los casos Penta y SQM, además del propio caso Caval, se originó la Comisión Engel.

Lo importante de estas comisiones, sostuvo Cordero, "es que se vayan detectando cuáles son las falencias que se presentan en el sistema, para así atacarlas y que, al final, los funcionarios tomen consciencia que lo mejor es actuar de manera correcta".

Aspectos a mejorar

Para el investigador y experto en políticas públicas del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sebastián Izquierdo, este escándalo que se ha ido acrecentando y que se inició con un grupo de militantes de Revolución Democrática -a través de un convenio entre la Seremi Minvu de Antofagasta y la fundación Democracia Viva- debería dejar ciertas lecciones.

La primera de ellas, subraya, es "fortalecer la carrera funcionaria, estableciendo límites estrictos para los cargos de confianza, promoviendo conductas éticas, inyectando mérito en beneficio de una gestión eficiente y transparente para todos".

El segundo gran aprendizaje debería ser, para Izquierdo, el dejar de lado la asignación de recursos vía trato directo, ya que la "falta de concursabilidad termina en ineficiencia y el perjuicio de los sectores más vulnerables".

La clave que da el investigador a la comisión es que "la concursabilidad debe ser la norma, mientras que el trato directo debe ser la excepción, y una excepción muy justificada".

Por otro lado, dice que es "fundamental promover la transparencia y la rendición de cuentas y, así, perfeccionar los procedimientos para suscribir convenios entre las fundaciones y el Estado, junto con garantizar una gestión responsable de los recursos públicos".

Voluntad de reforma

Para Alfonso España, investigador del centro de estudios Horizontal, el trabajo de la comisión debería "promover como norma la concursabilidad competitiva de los fondos públicos asignados a instituciones privadas, mejorar la prevención de los conflictos de interés y el tráfico de influencias, fomentar la proactividad de los funcionarios públicos en denunciar actos contra la probidad administrativa e identificar mejoras al proyecto de ley de transparencia 2.0 y al proyecto de ley sobre modernización de compras públicas".

Sin embargo, indica que "si realmente este Gobierno aspira a resolver el problema de fondo, que es la utilización del Estado como agencia de empleo, se requiere no un parche, sino una profunda reforma al Estatuto Administrativo". Y así como después del caso MOP-Gate se creó el Sistema de Alta Dirección Pública, recomienda que "aquí deberíamos aspirar a una reforma de esa índole, que haga eco de la demanda por un Estado meritocrático y profesional en sus funciones".

"Lo importante es detectar las falencias para atacarlas y que los funcionarios tomen consciencia que lo mejor es actuar correctamente".

Eduardo Cordero, Derecho Administrativo PUCV

"La concursabilidad debe ser la norma, mientras que el trato directo debe ser la excepción, y una excepción muy justificada".

Sebastián Izquierdo, Investigador del CEP

"Se requiere no un parche, sino una profunda reforma al Estatuto Administrativo".

Alfonso España, Investigador de Horizontal

Pese a que el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ) se ha demorado un mes en responder un oficio parlamentario para confirmar la contratación de Beatriz Chamorro, exdirectora de Salud de la Municipalidad de Santiago, quien ha sido cuestionada por su rol en la frustrada compraventa de la ex Clínica Sierra Bella, lo cierto es que diversas fuentes ligadas a sindicatos de la salud y al propio servicio lo dan por hecho, e incluso parlamentarios tienen la certeza absoluta de que eso ocurrió.

Sólo falta que la directora del servicio en cuestión, Andrea Quiero, responda los oficios respectivos enviados por la Comisión de Salud de la Cámara, este hace un mes, y de la diputada Camila Flores (RN), o que el sistema de Transparencia Activa se actualice, ya que desde abril pasado que no se publica nueva información.

"Es preocupante"

No obstante, y ante la confirmación por otros canales de su contratación, el diputado Andrés Celis (RN) llamó "a desvincularla inmediatamente, porque es vergonzoso, poco probo e ilógico habiendo aún una investigación en curso. Y es preocupante que en regiones se decida recibir a quienes vienen a esconderse escapando de la capital, tras ser parte de situaciones irregulares".

Esperando que desde el SSVQ se aclare cuanto antes esta información, el parlamentario Hotuiti Teao (Ind.-Evópoli) no concibe que se contrate a "una persona que está siendo investigada por la justicia debido a su participación en el caso Sierra Bella, (...) no puede estar trabajando en un área tan sensible para nuestros vecinos".

En tanto, el diputado Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano) sostuvo que una "persona que está siendo investigada por vínculos con el mayor escándalo de corrupción que ha vivido la Municipalidad de Santiago, no puede ser contratada para trabajar en otros servicios públicos".

Mientras, su par y correligionaria, Chiara Barchiesi, criticó que la "izquierda ideológica sea incapaz de asumir responsabilidades de sus actos, porque ven al Estado como una bolsa de empleo y una manera de enriquecerse". Por eso, ve como "impresentable este juego de sillas musicales".

"El municipio comunista de Santiago saca a su directora de Salud por todos los arreglines con tintes delictivos del caso Sierra Bella y como premio de consuelo ahora habría sido instalada en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota", precisó.

"estéticamente se ve mal"

Para el médico y diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), "estéticamente esta contratación se ve muy mal, pero hay que esperar el resultado de la investigación de la Fiscalía y si es que termina siendo formalizada y, por cierto, juzgada y sancionada como partícipe del proceso de compra irregular de la ex Clínica Sierra Bella".

Según tiene entendido el legislador, "la doctora Chamorro se dedica más al área sanitaria que a la compra de inmuebles, pero por supuesto que no se puede descartar que haya estado involucrada".