Dos personajes locales con un altísimo nivel de credibilidad y amplia trayectoria, como el periodista Claudio Elórtegui Gómez, académico y actual director de la Escuela de Periodismo de la PUCV; y la ingeniera civil y exseremi de Ciencias de Piñera 2, María José Escobar Silva, académica del Departamento de Electrónica de la UTFSM, aceptaron formar parte de la Comisión contra la Desinformación convocada por el ala izquierdista del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y alojada contradictoriamente no en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, ente que ha llevado el debate y participado de los seminarios internacionales, sino en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, hoy encabezado por la ministra Aisén Etcheverry.

Coincidentemente con el anuncio de los nueve nombres que la integrarán (también hay abogados y científicos) acaeció uno de los ejemplos de libro respecto de esta denodada lucha por "la verdad" y contra el "negacionismo", cual fue la cancelación pública y posterior renuncia del escritor Patricio Fernández Chadwick a su cargo de coordinador de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de la Junta Militar.

Fue, precisamente, el mismo Partido Comunista y la extrema izquierda los que intentan instalar verdades tales como que el borrador constitucional fue rechazado en 2022 por el 62% de la población sólo a causa de las fake news y la conspiración de los medios de comunicación, los que arremetieron hoy en esa lucha tan capitalina y de clases en contra de Fernández. ¿Justificó el exdirector de The Clinic el Golpe de Estado tal como critican sus detractores? A nuestro parecer, no. Pero eso poco importa. Lo único fuerte y claro es que el PC consiguió desalojarlo. El día que funcione la famosa Comisión contra la Desinformación, ¿qué ocurrirá? ¿Se juntarán sus integrantes a analizar el video de la entrevista de Fernández con Manuel Antonio Garretón y luego votarán para dirimir qué fue lo que dijo? ¿Crearán un algoritmo que les permita decidir si algo es fake o no?

Quizás lo más notable sea que los nueve acordaron no hablar sobre la Comisión hasta nuevo aviso. Qué gran oportunidad perdieron (no de hacer justicia, que para eso no están) de haber evitado un tremendamente injusto y tumultuario linchamiento público que ni el propio Presidente tuvo la gallardía de impedir. Ojalá que esta historia no termine como el famoso poema del pastor Niemöller ("Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que yo no era socialdemócrata (...)".

La renuncia de Patricio Fernández, coordinador de la conmemoración de los 50 años del Golpe, me hace temer que todo se centrará en una politizada y descontextualizada visión de los derechos humanos. Para una reflexión más amplia, avanzo algunas preguntas incómodas y doy mi opinión.

Primera: ¿El gobierno de la UP fue una democracia desbaratada por militares "gorilas"? No; el pronunciamiento militar fue la respuesta a un mayoritario clamor ciudadano. El caos que reinaba en el país nos llevaba inexorablemente a una guerra civil. El propio presidente Allende expresó tal aprensión cuando incorporó como ministros a los comandantes en jefe de las tres ramas de la Defensa y al general director de Carabineros. Por lo demás, una lectura desapasionada de la Declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, no deja dudas de la crisis que se vivía y del llamado a una intervención militar.

Segunda: ¿Es lícito ignorar la situación previa a septiembre de 1973? Sería impropio desconocer el grave efecto en el tejido social que generaron la lucha de clases, las expropiaciones arbitrarias de industrias y tierras, la legitimación de la violencia, etcétera. No se trata de avalar ni de justificar las posteriores violaciones a los derechos humanos -que, independientemente de sus causas, son siempre moralmente inaceptables-, sino de comprender cómo y por qué llegamos al quiebre de la democracia, de modo de no volver a tropezar con la misma piedra.

Tercera: ¿Son "cómplices pasivos" quienes reconocen el progreso socioeconómico alcanzado por el país, durante el gobierno militar? Sin duda que no. El leit motiv de ese gobierno no fue violar los derechos humanos, sino levantar al país de la ruina en que se encontraba. Es falacioso atribuir sus logros a unas violaciones genocidas; eso jamás estuvo en boca de las comisiones Rettig y Valech. Además, difícilmente podría haber alcanzado un 44% de apoyo, después de 17 años de tan inocultables hechos.

Última pregunta: ¿Se deben investigar las violaciones a los derechos humanos? Sí; siempre que haya objetividad y no se prolonguen ad infinitum. Actualmente se percibe un clima de odiosidad y venganza. Los acusados por violaciones están sometidos a un sistema penal arbitrario ya suprimido en todo el país, se les condena aplicándoles leyes con efecto retroactivo, ficciones jurídicas y discutibles "convicciones" de muchos jueces. No existe misericordia ni siquiera para los ancianos y enfermos terminales; recién surgió una moción para que puedan cumplir su condena con reclusión domiciliaria.

Ojalá esta conmemoración del 11 de septiembre nos permita al menos discutir nuestras discrepancias sin descalificaciones.