En un texto corto y enfático, la Cámara Marítima y Portuaria (Camport) de Chile hizo un llamado al Gobierno a mejorar la seguridad de los recintos portuarios y las carreteras, con el objetivo de reinstalar el tercer turno de transporte de carga. El regreso de esta modalidad -24 horas, los siete días de la semana- permitiría una revitalización del intercambio comercial, así como un incremento sustancial de las oportunidades laborales, en un rubro que fue duramente golpeado en los últimos años, primero por el estallido social y luego por la pandemia.

El tema no se acota en los espacios de carga y descarga de los terminales. La seguidilla de decomisos realizados por la Policía Marítima y la PDI en los últimos años, en coordinación con el Ministerio Público, ha revelado el intenso tráfico de sustancias ilícitas que ocurre a través de nuestros puertos, al punto que para varios organismos internacionales, algunos terminales chilenos juegan un rol estratégico en el negocio de los carteles internacionales de droga.

"El país necesita mejorar en forma ágil y eficiente la seguridad y el control del tráfico de sustancias ilícitas", advierte Camport, que plantea como sistema de trabajo un esquema de cooperación público-privada, que pueda proponer un plan de acción, medidas concretas y compromisos mutuos. En verdad, la colaboración mutua entre todos los actores del sistema logístico, sean instituciones estatales o empresas privadas, es la única solución real para los problemas que vive el sector, cuya complejidad ha crecido en los últimos años. Para conocer el futuro de la propuesta será clave la señal que entregue el Gobierno a través del Ministerio de Transportes, el Servicio Nacional de Aduanas y las empresas portuarias, porque mejorar las condiciones de seguridad en este ámbito requiere numerosas inversiones públicas y un esfuerzo estatal de largo plazo, que exige a las autoridades la capacidad de mirar más allá de la próxima elección o su propia vigencia.

Equilibrar la necesidad de contar con predios agrícolas y áreas protegidas, junto con salvaguardar el derecho de los privados de poder disponer de sus terrenos y comenzar una nueva vida en el campo, es uno de los objetivos centrales que se está discutiendo en la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt), en la que participan representantes del Gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

La idea es consensuar posturas para regular esta materia y hacerse cargo del éxodo que ha ocurrido en los últimos años hacia áreas rurales, lo que implica un fuerte aumento de su población en esos sitios.

La crisis de la vivienda, el trabajo remoto por la pandemia, la salud mental, la crisis climática y el envejecimiento de la población, son algunas de las razones que han llevado a personas a optar por emigrar a parcelaciones. Buscan una oportunidad de cambio. Los nuevos asentamientos rurales generan la necesidad de contar con suministro de agua, red eléctrica y caminos adecuados, además de la natural necesidad de que exista comercio, escuelas, centros de salud y servicios de transporte. Estos requerimientos hacen que el Estado deba disponer de recursos para financiarlos, pero ¿el país cuenta con ese presupuesto? ¿Quién regula el crecimiento de estos lugares? ¿Se puede obligar a mantener un área sin intervención y destinada sólo a cultivos? Son algunas de las preguntas que están sobre la mesa.

Resulta importante que las comunas cuenten con planos reguladores que se hagan cargo de esta realidad. La delimitación de zonas industriales, las destinadas a vivienda, equipamiento, parques y otros usos, es clave que estén definidas antes de iniciar nuevas edificaciones. Según diversos estudios, existen 264 de un total de 346 comunas que no poseen instrumentos de planificación. La mayoría de los planes son antiguos.

En el contexto de planificación, es necesario entender la importancia que tienen los equilibrios ecológicos y naturales. La idea es anticiparse a los cambios y contar con información clave en esas zonas, como la presencia de sistemas hídricos y de áreas protegidas como humedales.

El diálogo respecto a cómo se ordena el territorio rural en Chile es relevante. Esta comisión da la indispensable oportunidad de conversar y evitar el crecimiento sin control.