La abrupta salida de Fernando Olmedo desde la dirección del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) y las fuertes críticas que surgieron casi inmediatamente contra Cristián Gálvez López, designado por el Ministerio de Salud como su reemplazante interino, son el mejor ejemplo del desorden político-administrativo que existe en la cartera de Salud. Siete meses alcanzó a durar en el cargo Olmedo, pero la presión de algunos gremios, la muerte de una lactante en San Antonio durante la crisis de influenza y varios problemas administrativos terminaron por acortar la carrera del enfermero de la Universidad de Valparaíso, quien había asumido en diciembre del año pasado, tras superar un concurso por Alta Dirección Pública. Pese a que el SSVSA depende directamente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, actualmente en manos del doctor Osvaldo Salgado, los dardos desde el Gobierno Regional apuntan a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a quien proponen como responsable de los problemas de gestión que sufren los pacientes del sistema público. El gobernador Rodrigo Mundaca dice que simplemente ignora las prioridades definidas por el Minsal, ya que aún no logra reunirse con Aguilera para hablar del convenio marco suscrito entre Salud y el Gore. Los consejeros regionales son aún más duros. Roy Crichton dice que "lo ocurrido es una muestra más del total abandono que tiene la ministra de Salud con esta región" y recuerda que el Hospital Fricke no tiene ambulancias operativas. Manuel Millones afirma que Aguilera tiene "escaso conocimiento de la realidad regional y nulo compromiso con los servicios de salud de la zona". El mismo Olmedo da un antecedente que permite poner en contexto el abandono al que aluden las otras autoridades. Pese a liderar uno de los servicios con más pacientes del país, no pudo reunirse con la jefa del Minsal en los siete meses que estuvo al frente del SSVSA, salvo por la fatal reunión en la cual le pide la renuncia. No se trata de pedir atención porque sí, sino de que la máxima autoridad de la Salud en Chile pueda conocer de primera mano las necesidades de la Región. No puede ser que ésta sea un fundo a disposición del diputado Tomás Lagomarsino y que se le permita instalar gente de la calaña de Fernando Olmedo y sus "asesores" (un exsubsecretario y un director de carrera de una universidad privada), quienes se dedicaron a defraudar confianzas, instalar amigotes y jugar con la salud de la gente de la Región de Valparaíso.

Como si el episodio de la Fundación Democracia Viva -y otros que podrían ser análogos- no hubiera sido ya suficientemente chocante, ahora la política nacional parece haber mutado en el guion de una intrigante serie de televisión, en que los espectadores se esfuerzan por descifrar la rocambolesca sustracción de veintitrés computadores y una caja fuerte desde un ministerio.

El desvío de recursos públicos, destinados a los más necesitados, hacia entidades vinculadas a un partido del Frente Amplio ha sido un duro desengaño para quienes vieron en los dirigentes estudiantiles de 2011 una providencial ola de altruismo capaz de purificar radicalmente nuestra política. Pero si se recuerda que lo que entonces les dio forma fue una demanda autointeresada y socialmente perjudicial, la gratuidad de los estudios universitarios, se hace evidente una temprana -y muchas veces sincera- confusión entre egoísmo y bien común, capaz de llevar a algunos a despreciar la probidad en medio de los que interpretan como afanes justicieros.

Por su parte, la sustracción del miércoles revela, como mínimo, una grave negligencia en la custodia de información y objetos relevantes, que resulta aún más inexcusable en medio de investigaciones penales en que podrían haber sido requeridos. Pero a ello se añaden ya múltiples teorías conspirativas, que arriesgan aumentar aún más el descrédito institucional, ensanchar las brechas de la polarización e incrementar el riesgo de aparición de inescrupulosos caudillos cubiertos de blancos ropajes.

Todo ello parece un símbolo elocuente de la decadencia política que padecemos. Nuestros debates se antojan salidos de una mala comedia de equivocaciones. La izquierda que nos gobierna enarbola la bandera de la justicia social. Pero -aunque ha desechado mucho de lo peor de su programa- sigue promoviendo principalmente medidas que obstruyen tanto el crecimiento económico como la reducción de la pobreza y la desigualdad. Su esfuerzo por condonar deudas a los profesionales antes que por conseguir que los niños aprendan a leer (de modo que eventualmente puedan llegar a ser también profesionales) lo dice todo. Entretanto, la derecha, capitaneada igualmente por su sector más duro, apresura una agenda de seguridad, donde predominan la pirotecnia y medidas contraproducentes, que arriesgan agravar el problema de delincuencia que padecemos. El Consejo Constitucional, escorado hacia la derecha dura, aún no acredita que no reincidirá en el sectarismo de la Convención Constitucional de izquierda radical.

El país necesita con urgencia más políticos serios que promuevan el consenso constitucional y las medidas que la mejor evidencia muestra como apropiadas para tener, a la vez, más crecimiento, justicia social, seguridad pública y autonomía personal. ¿Será mucho pedir?