Correo
Plaza Aníbal Pinto
Generalmente se habla de "terreno" cuando se espera que las políticas públicas, los programas y los proyectos respondan a las necesidades detectadas en el lugar mismo en el cual se genera la carencia. Hay que acordar en terreno con quienes sufren las necesidades qué acciones deben implementarse para mejorar la calidad de vida de aquellos.
¿Será posible afirmar, entonces, que a los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y de la Corte Suprema les falta terreno con respecto a la situación que se vive el sector de la plaza Aníbal Pinto? Desconocer que allí ocurren actos violentos, comercio ambulante y otros comportamientos censurables es tapar la luz del sol con un dedo.
El recurso de protección presentado hace presente una falta de servicio del municipio, que es evidente y continuo. No se trata de un hecho aislado o circunstancial, es fácil advertirlo y vivirlo. El Poder Judicial también deberá hacer terreno.
José Luis Miranda Muñoz
Limpieza de estero
Frecuentemente paso por diferentes puentes que cruzan el estero Marga Marga de Viña del Mar, y ayer (5 de enero) tuve la fortuna de ver un hermoso coipo en el puente Libertad. Mi carta es para alertar a las autoridades municipales que este curso de agua merece un mayor cuidado, ya que es vergonzoso ver la cantidad de basura que las personas botan allí.
Sé que hay algunos proyectos para hacer de este estero un lugar limpio y sin contaminación, pero esto requiere una urgencia extrema, porque su estado actual no se condice con una ciudad bella y menos es amigable con la fauna que allí trata de sobrevivir.
Enrique Ibáñez Loyola
PAES y uso de datos
En relación con la polémica decisión de la Subsecretaría de Educación Superior de prohibir a las universidades realizar análisis o cruces de datos con puntajes PAES, es importante tener claridad sobre algunos conceptos, entre ellos, el de dato personal. Dato personal es aquel relativo a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Como es sabido, las estadísticas o análisis se publican con datos agregados que no permiten atribuir información a una persona identificada o identificable, por tanto, no habría problema en realizar esas publicaciones. Quizás, incluso, el problema sería previo a la agregación del dato, cuando se realiza el análisis y el dato aún permite identificar a una persona.
Por tanto, llama profundamente la atención el requerimiento del jefe de Acceso a la Información de la Subsecretaría de Educación Superior, indicando a las universidades que pueden "utilizar este documento para análisis internos en sus instituciones, evitando difundirlo de manera masiva a prensa u otros medios de comunicación", cuando precisamente es la difusión de las estadísticas a prensa la que no representa un problema de datos personales.
¿Acaso se está pretendiendo utilizar la normativa de protección de datos personales para justificar una limitación al uso de datos e información que va en directo beneficio de las políticas públicas educacionales?
Especialmente en el contexto de la tramitación de una nueva ley de protección de datos, es importante hacer uso de estas herramientas de manera de proteger a las personas y no para otros fines.
Trinidad Laborde Abogada Ecija Otero
Lobby
Más que los arrepentimientos y mea culpa típicos de los políticos que asistieron a las reuniones con empresarios en la casa del lobbista Pablo Zalaquett, surge la gran pregunta: ¿usted cree que uno o varios de los mismos políticos, hoy tan arrepentidos de su actuar, hubiera reconocido haber participado en estos encuentros de no haber sido identificados por la investigación periodística de Ciper?
Cuando autoridades de gobierno declaran que no toda reunión es lobby, es verdad, pero deberían aceptar que no es muy errado en este caso pensar que sí fue lobby, sobre todo por cuanto quien organizó, invitó e hizo de mediador en estas reuniones entre políticos y empresarios es nada más y nada menos que un lobbista.
Luis Enrique Soler Milla
Formalización
La Fiscalía ha solicitado la formalización de general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su responsabilidad de mando en hechos acontecidos en el estallido social. Dejar que las instituciones del Estado funcionen es un requisito básico de una democracia y que la clase política tiende a olvidar, generando con declaraciones y apoyos de pasillo confusión en la opinión pública al querer intervenir en un proceso judicial en curso e involucrar a la institución de Carabineros en su conjunto.
La ciudadanía entiende y valora labor de Carabineros y que esta debe estar separada de la formalización del general director. En estas circunstancias, como en otros casos, no es más que una intromisión inaceptable de miembros del Poder Legislativo en un proceso judicial que recién se inicia. Su respaldo al general una vez más se presenta ante la ciudadanía como el "abrazo del oso".
Joaquín Ortiz G.
Consecuencias posestallido
En Brasil, el 8 de enero marcó un año desde el intento golpista liderado por un grupo de civiles radicales afines a Bolsonaro. Estos eventos que desafiaron los resultados electorales y la democracia brasileña aún se investigan y constituyen uno de los mayores juicios de la historia brasileña. Más de 1.400 personas, incluido el expresidente Bolsonaro, enfrentan acusaciones de hasta cinco crímenes. Habiendo sido ya 30 condenadas a 17 años de prisión, 66 permanecen detenidas y más de 1.100 esperan acuerdos de "no persecución penal".
Comparando con Chile, el "estallido social" del 18 octubre de 2019, que así acuñó nuestra izquierda, inicialmente presentado como un descontento civil, demostró ser impulsado por la extrema izquierda, buscando desestabilizar la democracia y derrocar al presidente Piñera. Hubo 30 muertos, 350 heridos, 25.000 detenidos y 12.000 imputados, incluidos al expresidente Piñera y altos mandos de Carabineros. Nuestra clase política abogó por cambiar una Constitución, la que finalmente no se cambió, dejando más de cuatro años de estancamiento, deterioro de la seguridad interior y una falta de reconciliación, a diferencia de Brasil, donde la clase política condenó los crímenes a la democracia del 8 de enero de 2023.
Jorge Manuel Manríquez Pimentel