Redacción

La Contraloría ofició el pasado viernes 5 de enero a los ministerios del Interior, liderado por Carolina Tohá; Trabajo, Jeannette Jara; Agricultura, Esteban Valenzuela; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Economía, Nicolás Grau; y Medio Ambiente, Maisa Rojas, por su participación en comidas con empresarios en la casa del exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett (UDI), sin registrarlas por Ley del Lobby.

Las secretarías de Estado tienen diez días hábiles para responder, es decir, hasta el viernes 19. Luego el ente liderado por la contralora (s) Dorothy Pérez evaluará estos argumentos.

El lunes Tohá evitó referirse a estos encuentros organizados por el dueño de la agencia de comunicaciones público-privadas PZ. No obstante, ayer explicó que "este encuentro en el que yo participe, que fue un encuentro, tiene como lógica un espacio donde se me invita a contar qué está haciendo el Gobierno, cuáles son sus políticas en materia de seguridad, cuáles son nuestras perspectivas como alianza de Gobierno. Ninguna de esas temáticas y de ese tipo de conversaciones cae en la hipótesis de la Ley del Lobby".

Esta normativa fue creada, precisamente, para dar cuenta de cuando autoridades públicas se han reunido con representantes del mundo privado, junto a cuál ha sido el tema de la conversación, para así evitar la eventual incidencia en proyectos de ley.

Todos los ministros que fueron al domicilio ubicado en Lo Barnechea, Región Metropolitana, han declarado que las conversaciones sostenidas ahí no corresponden a las reguladas por la citada ley, ya que se trataría de exposiciones sobre los lineamientos del Gobierno.

Sin embargo, por ejemplo, la ministra del Trabajo se reunió con funcionarios de las AFP, en momentos en que se discute la reforma de pensiones. Lo mismo hizo su par de Economía con representantes de pesqueras y salmoneras antes de ser ingresado el proyecto de nueva Ley de Pesca. El Presidente Gabriel Boric dijo que "hay que dialogar hasta que duela".

La titular de Interior afirmó ayer que "yo no soy una persona que desconozca la Ley del Lobby. Nosotros en el ministerio del Interior tenemos reunión por lobby y las reuniones por lobby son aquellas en las que un grupo que tiene un interés en una decisión que se va a tomar, quiere hacer un planteamiento para lograr que se tome una decisión o que no se tome una decisión", pero "esto fue al revés".

"No fue a hacerme un planteamiento a mí, sino que yo como ministra presentara las políticas del Gobierno, contara las perspectivas que tenemos como alianza, cómo estamos viendo el futuro, cómo vemos los desafíos de la seguridad. La Ley del Lobby no es para eso y, por lo tanto, no cae dentro de las reuniones que uno debe registrar", sostuvo Tohá.

La secretaria de Estado recordó que "fue una reunión a mediados de año, en invierno, no recuerdo exactamente la fecha", con "20 personas que yo no los conozco", pero sí "había una persona de Sky, una persona de Falabella, una persona de BCI, pero yo no los ubico, era como un público al que se le hizo una presentación".

Las reuniones de ministros y políticos con ciudadanos son lo más normal y deseable del mundo y sería ridículo que cada vez que un ministro se encuentra con alguien o decide ir a una reunión social en la que tropieza con este o aquel, deba registrarlo y hacerlo público, como si la ley de lobby fuera una especie de gran hermano simbólico al que hubiera que revelarle todo.

¿Significa lo anterior que, entonces, las reuniones sostenidas por los ministros en la casa de Pablo Zalaquett -amenizadas con bocadillos y bebidas en las que, según se ha sabido, cada uno se presentaba brevemente como si fuera una reunión de curso- no merece crítica alguna y que las que se han formulado desconocen el valor del diálogo?

Por supuesto que no.

Porque ocurre que Pablo Zalaquett no es un ciudadano cualquiera, es un lobista. Y quienes se reunían periódicamente en su casa, tampoco son gente de a pie. Eran personas que son custodias de intereses colectivos, empresarios, líderes gremiales, directores de empresas. Y los invitados gubernamentales no estaban allí por ser sujetos entretenidos o enigmáticos a los que valía la pena conocer (la mayoría no parece serlo), sino porque son funcionarios estatales cuyas decisiones conciernen, afectan, favorecen o lesionan a aquellos con los que se encuentran. En suma, en esas reuniones había invitados que eran titulares del poder estatal (los ministros); otros que tienen a su cargo intereses privados que es su deber custodiar y que están concernidos por las políticas y decisiones de los primeros (empresarios, directores de empresas, líderes gremiales) y un sujeto, el anfitrión que favorecía esos encuentros, era alguien que ejerce de lobista (y al mismo tiempo un alcahuete, no sexual, sino político).

Al margen de la interpretación que admita la ley de lobby -si extensiva para alguien preocupado de la transparencia, restringida para aquel que participó de las reuniones- no cabe duda de que los ministros y ministras que asistieron a esos encuentros hicieron mal, no obraron correctamente.

Para advertirlo basta hacerse dos preguntas.

La primera sobre la base de una observación de Kant que se encuentra en La paz perpetua. Allí, Kant observa que todo lo que no es susceptible de publicidad es injusto. La pregunta entonces es la siguiente: si los encuentros eran perfectamente inocentes, objetivamente inocuos, ¿por qué no fueron públicos y sólo se supieron luego de una investigación periodística? Se dirá que la ley de lobby no obliga a informar las reuniones sociales de las autoridades; pero, como se acaba de mostrar, en este caso no eran reuniones sociales, sino políticas entre la autoridad y sujetos concernidos por sus decisiones en la casa de un lobista.

La segunda también pertenece a Kant y es el famoso imperativo categórico: obra en conformidad a una máxima que pueda ser universalizada, que todos puedan seguir. Pues bien, ¿qué sería de la democracia y de la confianza de los ciudadanos en ella, si todas las autoridades que custodian los intereses públicos se reunieran siempre a puertas cerradas con aquellos cuyos intereses son afectados por sus decisiones, en tanto los sujetos comunes y corrientes, ajenos a esas reuniones -y a los bocadillos y las bebidas, por supuesto- permanecen ajenos y a ellos sólo se les habla en discursos, cadenas televisivas y, cuando la autoridad está de humor, en conferencias de prensa?

Lo que alarma en todo esto es que los ministros y ministras -también el Presidente, que salió del paso parafraseando al Padre Hurtado- se resistan a reconocer la gravedad del problema, la que no deriva del hecho que haya habido transacciones ilícitas en esas reuniones, sino porque ellas, como práctica, dañan la confianza pública.