El último índice de desempleo publicado por el INE para la Región de Valparaíso retrata un presente complejo, marcado por una economía estancada, sin capacidad de crecer ni crear los puestos de trabajo necesarios para absorber a la gran cantidad de personas que se incorpora cada mes a la fuerza laboral, pero también plantea una serie de interrogantes hacia el futuro, dado el inevitable impacto que tendrá el megaincendio de febrero en la economía regional, particularmente en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Según expone el boletín del INE, la tasa de desocupados correspondiente al trimestre móvil noviembre 2023-enero 2024 se situó en un 9,1%, lo que representa 1,3 puntos porcentuales más que el mismo periodo del año anterior. Esto significa que el desempeño económico de un trimestre clave -que incluye Navidad y el inicio del verano- fue inferior al de 2022, particularmente en un sector sensible como el de Actividades de Alojamiento y Servicio de Comidas, que mostró en este lapso un retroceso interanual de 7,24%. Quedar tan cerca de la barrera de los dos dígitos en tres meses que solían ser un alivio para los indicadores económicos por las razones estacionales evidentes, constituye un gran llamado de alerta y debe servir para que los distintos actores del mundo económico regional se movilicen en la búsqueda de soluciones profundas, porque resulta evidente que, bajo estas cifras contingentes, subyacen problemas estructurales, que aún nadie aborda con determinación y sentido de urgencia a nivel regional.

No es para nada claro que "aumentar esfuerzos" del Gobierno en la orientación de nuevas inversiones, como anunció el seremi de Economía, Marcelo Arredondo, sea una medida suficiente para frenar la tendencia actual y, menos aún, revertirla. Aquí se requiere de un plan estratégico mayor, que tenga la inteligencia de ocupar la reconstrucción como un elemento dinamizador de la economía, sí, pero que vaya mucho más allá, porque la rehabilitación de los barrios siniestrados no es suficiente para sacar a la Región del foso económico en el que está sumida desde hace demasiado tiempo.

El inicio de febrero estuvo marcado por una de las peores tragedias naturales desde el terremoto de 2010, un incendio que arrasó miles de hectáreas de bosque, arbustos y pastizales en el cordón que rodea al Gran Valparaíso y transformó en un verdadero infierno barrios enteros de Quilpué y, sobre todo, de Viña del Mar, provocando la muerte de personas, muchas de ellas sorprendidas mientras huían tardíamente del siniestro.

Se trata de una desgracia que una vez más afecta a los más pobres y que desnuda algunos de los peores defectos de nuestra sociedad, como son la indignante desigualdad, una escasísima planificación urbana, la ausencia en el sector público de profesionales competentes y liderazgo político en el diseño territorial, la falta de recursos para enfrentar el cambio climático y poder prever de mejor forma desastres de este tipo, la falta de voluntad y la desidia de nuestras autoridades que ceden con populismo a las tomas e instalaciones furtivas de nuevos pobladores en sectores no aptos para la vivienda y, por ende, un preocupante déficit de viviendas en nuestras grandes ciudades, que pareciera agravarse con la llegada de nuevos inmigrantes en busca de un lugar digno para vivir. En fin, tragedias que muestran un Estado ausente o, al menos, negligente de garantizar ciudades seguras para todos.

Al final, para la anécdota mediática queda una solidaridad espontánea y efímera los días inmediatos a la tragedia, de la cual nos refocilamos con indolencia, acciones de donaciones a diestra y siniestra, campañas e iniciativas públicas y privadas que apenas sirven para llenar bodegas, muchas veces de ropa vieja, tablones para volver a hacer viviendas livianas, exiguos aportes a la clase media que no volverá a tener lo propio con la limosna que los sistemas de emergencia destinan para estos fines, ayudas todas que en ningún caso constituyen la solución de fondo ni el diseño definitivo de una forma equitativa y justa de hacer ciudad y, por tanto, construir una sociedad más inclusiva e igualitaria.

Nuestras autoridades seguirán yendo a los mismos lugares siniestrados a entregar por doquier títulos de dominio y sonrisas para las cámaras, aumentarán en los municipios las plantas de funcionarios y operadores políticos buscando la reelección de sus jefes en vez de expertos en urbanismo y planificación, en vez de expertos en seguridad ciudadana, en vez de servidores públicos al servicio de los vecinos.

Se hace urgente una mejor gestión del territorio, una mayor eficacia en las decisiones de seguridad y una respuesta ágil en la resolución de problemas, como esta tragedia, de parte de todo el aparato del Estado, de sus leyes y sus presupuestos.

No podemos seguir echándole la culpa al empedrado ni confiar en administradores amateurs en estos temas. De nosotros, como sociedad organizada, depende el éxito de un trabajo hecho para la gente antes de tener que emprender a los cuatro vientos, como si fuera un deporte nacional, una nueva campaña solidaria frente a desastres de muerte y desolación, como los que de vez en cuando ponen en juego la fragilidad existencial de tantos compatriotas.