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de las órdenes de una autoridad o funcionario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.
Un total de 82 correspondió a porte, tenencia, uso, fabricación de elementos para fabricación de armas blancas o de fuego, de explosivos, gases o tóxicos. Y en 69 casos se sancionó la introducción o tenencia de elementos prohibidos por razones de seguridad, como máquinas fotográficas, lentes de larga vista, filmadoras, grabadoras, celulares y similares.
Exigencias judiciales
En el ítem Otras Observaciones, se expone el planteamiento de funcionarios de Gendarmería que indican que "para el correcto desempeño de su labor necesitan una impresora a color, pues los tribunales están exigiendo imágenes más definidas y a color de las armas incautadas en los procedimientos y, al carecer de la mencionada máquina, no están aprobando los castigos o denuncias realizadas" por la institución.
Pero sobre todo la que recuerda que el 5 de diciembre de 2023 la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública Regional de Valparaíso interpuso una acción de amparo preventivo a favor de todos los internos del CPV porque entre los días 20 y 23 de noviembre fallecieron dos internos y otros fueron heridos con armas blancas en los módulos 102, 103, 105 y 110.
La acción legal fue acogida el 14 de diciembre ordenándose, entre otras cosas, aumentar la vigilancia y dotación de funcionarios de Gendarmería en los módulos señalados; disponer el inicio de las investigaciones sumarias que correspondan; informar el número de cámaras operativas y el número de aquellas que no lo están, "dando cuenta de las gestiones realizadas en los últimos 12 meses para que estas últimas sean reparadas o repuestas".
Igualmente resolvió que se oficiara a la Contraloría General "a fin de que se pronuncie sobre la legalidad de la decisión de la autoridad administrativa que corresponda de mantener sobrepoblación en el Complejo Penitenciario de Valparaíso".
Cgr toma conocimiento
En una comunicación dirigida a la Corte de Apelaciones, la Contraloría General de la República indica que ha tomado conocimiento de lo resuelto por el tribunal de alzada, y que en lo relativo a la solicitud de sustanciar un proceso disciplinario por eventuales incumplimientos de Gendarmería, "se procederá a ponderar su instrucción en conformidad con las atribuciones de esta entidad de control".
En lo que concierne a la sobrepoblación del Centro Penitenciario Valparaíso -agrega- "se remitirá copia de los antecedentes a la División de Fiscalización de esta entidad de control para que sea analizada como insumo para su eventual incorporación en el proceso de planificación de auditorías de esta Contraloría General, cuyos resultados serán comunicados oportunamente".
El jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Valparaíso, Fernando Alliende, valoró las numerosas ocasiones en que a contar del 4 de enero, la Corte ha pedido antecedentes a Gendarmería sobre el cumplimiento de lo dispuesto al acoger el amparo.
La Dirección Regional de Gendarmería, por su parte, declinó comentar el informe. "Respecto a lo consultado, hasta la fecha no ha recibido de manera formal el documento que se menciona. No obstante lo anterior, la institución trabaja de manera permanente en la mejora de los espacios de habitabilidad de la población penal, junto con las condiciones laborales del personal", señaló.
36,5% de imputados
En el debate sobre las conclusiones del informe de la CEI de la Cámara, un punto relevante fue que de las 52.000 personas privadas de libertad, el número de imputados a diciembre de 2023 era de 19.000, un 36,5% de la población penitenciaria.
En ese contexto, el exdirector nacional de Gendarmería, Christian Alveal, subrayó la urgencia de adoptar enfoques alternativos, como monitoreo telemático, para abordar el hacinamiento y prevenir la violencia, abogando por medidas que rescaten a la población penal de bajo riesgo y promuevan una rehabilitación efectiva.
El director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, recordó en la Comisión que del total del presupuesto institucional, "sólo un 14% va para reinserción, y después de eso, un 2% va para inversión, reparación y para nuestro personal".
No es suficiente
La CEI también observó que con el fin de aumentar la capacidad y el número de plazas del sistema, el Gobierno está trabajando en el denominado plan de infraestructura penitenciaria, que contempla la habilitación de 4.796 nuevas plazas para ir sumando al sistema cerrado este año y el próximo".
Sin embargo, agregó, "si bien el plan de infraestructura penitenciaria aprueba en los números, en la realidad no ha sido suficiente, porque conforme a lo informado por las autoridades invitadas a esta Comisión, la capacidad del sistema penitenciario es de 42.000 personas, lo cual también es un dato que preocupa, pues frente a las cifras y a la evidente crisis del sistema penitenciario no se ha trabajado con la suficiente eficiencia teniendo especial consideración en la urgencia y la pasada experiencia".
Sugirió una serie de recomendaciones, desde construir más centros penitenciarios, sean públicos o concesionados, en el más breve plazo posible, con el objeto de aumentar la capacidad de plazas disponibles, hasta desarrollar nuevos instrumentos técnicos y programas de reinserción social específicos para mujeres.
Igualmente, aumentar al presupuesto destinado a Gendarmería para contratación de personal y capacitación en control y manejo de internos y en materia de derechos humanos; mejorar las condiciones laborales de los gendarmes, específicamente respecto de su carga laboral, sobrecarga de horarios y acompañamiento psicológico.
También la CEI recomienda "enfocar los esfuerzos en desarrollar programas de reinserción social por organizaciones de la sociedad civil o instituciones públicas dirigidas a apoyar a las personas del segmento de bajo compromiso delictual, considerados principalmente primerizos y quienes tienen las mayores posibilidades de reinserción social". 2