PUCV y USM analizan sumarse a demanda contra el Gobierno
EDUCACIÓN. La eliminación del Aporte Fiscal Indirecto por la gratuidad obligó a los dos planteles a redefinir sus presupuestos previstos para este año.
Quedan cinco días para la publicación del resultado de las postulaciones, información clave para quienes entrarán a la educación superior este año. Y junto a los preparativos para comenzar un nuevo año académico, la reforma educacional vuelve a hacer noticia, esta vez por la demanda contra el Estado interpuesta por el rector de la Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, por incumplir en la entrega del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).
El rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y a la vez presidente del G9 -entidad que reúne a las universidades públicas no estatales-, Claudio Elórtegui, comentó que "como universidad y G9 hemos tenido una postura muy crítica a la forma en que se produce y aprobó la reducción de ingresos en el proyecto de presupuesto 2017. En el caso del AFI en particular, había un compromiso que se contrajo para la discusión presupuestaria de 2016 por parte del Gobierno, en el sentido que esto no afectaría a las universidades del Consejo de Rectores, lo que no se cumplió".
Desde la creación de este fondo en 1981, las instituciones recibían cerca de $ 25 mil millones, ingresos entregados a universidades, IP y CFT que concentraban los mejores 27.500 puntajes de la PSU. Esto fue eliminado luego que figuras de la Nueva Mayoría -entre las que destaca la diputada Camila Vallejos en su rol de presidenta de la Comisión de Educación- propusieran en octubre de 2015, la reducción a 12 mil millones de pesos, justificando que los montos benefician a las universidades más grandes y que estos debían redestinarse a la gratuidad.
Los planteles que históricamente resultaban más beneficiados con los AFI eran la Universidad de Chile y Universidad Católica, porque en ambas se concentraba la mayor cantidad de alumnos con altos puntajes. En el "top ten" de referencias figuraban además la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Santa María.
Con la eliminación de este ingreso, la PUCV pierde entre $ 300 y $ 400 millones, reconoció el rector Elórtegui, quien precisó que "aunque hay diferentes formas de medir los ingresos, en términos netos, la cifra alcanzaría (en los planteles del G9) entre $ 2 mil y $ 3 mil millones". Agregó que si bien se comprometieron ayudas, en los años anteriores los fondos eran de libre disponibilidad, situación que ahora cambió. Por esto, definió el presupuesto anual como restrictivo.
Otra de las universidades de la Región afectadas con la eliminación del AFI fue la Universidad Santa María, que acusa una reducción $ 750 millones en su presupuesto.
Su rector, Darcy Fuenzalida, comentó ayer al diario La Segunda que en virtud del compromiso suscrito por el Gobierno el plantel había incorporado esos recursos al presupuesto 2017. Por ello, Fuenzalida espera que "el Ejecutivo reconsidere la medida y reponga los dineros, porque ese era el compromiso".
Ambos rectores no descartan alguna medida similar a la realizada por la Universidad Católica, por lo que Elórtegui expresó que antes de realizar cualquier acción, "hay que evaluar, analizar los fundamentos de la demanda; y a partir de ahí, adoptar medidas", finaliza.
"Hay que evaluar, analizar los fundamentos; y a partir de ahí, tomar medidas"
Claudio Elórtegui, Rector PUCV"
millones menos que en 2016 tendría la UTFSM en su presupuesto 2017. $ 750
millones dejarían de recibir las universidades adscritas al G9 por la eliminación del AFI. $ 3.000