El respeto por la libertad, reivindicaciones y facultades propias de cada individuo no depende meramente de las acciones y políticas estatales. También involucra a la sociedad completa, y de una manera especial, a las empresas. Las compañías tienen mucho que entregar en esta materia y debemos ahondar los esfuerzos ahí, pues en esto les cabe un rol fundamental para el desarrollo sostenible del país.

Chile presentó - en el segundo semestre de este año - su Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas, con el objetivo de asegurar la protección de estos derechos por parte del Estado, en relación con el papel que le cabe a las empresas.

Es así como durante el segundo semestre de este año contamos con un plan, que permitió que cientos de empresas, entre ellas, las asociadas a la Red Pacto Global, se hicieran parte de un acuerdo con la Dirección de DDHH del Ministerio de Relaciones Exteriores, formando mesas de trabajo conjunto, las que han desarrollado una serie de conclusiones relacionadas con temas tales como la evolución de los DDHH, la importancia del respeto de estos derechos por parte de las compañías y la evaluación de su impacto, entre otros.

Con esta primera gran herramienta se levantó una señal a toda la región, indicando cual es nuestra hoja de ruta en esta materia, a través de un lineamiento claro y específico que llama a no incurrir en abusos laborales y en actos discriminatorios que puedan afectar de una u otra manera la integridad física y moral del trabajador.

Esto último cobra gran importancia si consideramos las consecuencias de los movimientos migratorios en el plano laboral. El aumento en las llegadas de extranjeros, especialmente desde países como Haití, genera nuevos desafíos y es un claro indicador de que debemos estar atentos. Los dinamismos de las sociedades actuales implican contar con una legislación acorde que facilite estos procesos, favoreciendo los cambios en la idiosincrasia de los pueblos.

Nuestro llamado es a seguir avanzando a través de una política de acuerdos que lleven a asegurar el trabajo justo y digno tanto para la población local, como para todos aquellos trabajadores que se vienen integrando a nuestra sociedad a través de los movimientos.

Hemos dado un primer paso, involucrando a nuestras empresas, lo que ha significado constituir un Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas, pero la tarea está recién comenzando y hay mucho por hacer. Sin embargo, lo importante es seguir avanzando, traspasando el foco de atención de los números a las personas sin importar su etnia o condición.

Margarita Ducci

Valeria Barahona

Carabineros y Equifax realizaron un análisis de las más de 8.000 casos de personas reportadas por presunta desgracia en el país, en el cual establecieron parámetros sociales y económicos sobre las personas extraviadas. El estudio arrojó que el 50% de las mujeres desaparecidas, al momento de la denuncia, tenían entre 18 y 30 años.

"La concentración de mujeres reportadas como extraviadas en el rango de menor edad se explica por diversos motivos sentimentales, familiares y personales", explicó el mayor de la Dirección de Investigación Criminal, Diego Rojas.

En tanto, en el mismo rango etario sólo se ubicó el 29% del total de los hombres.

A partir de los 31 años la proporción cambia, de acuerdo a la investigación, y los extraviados son mayoritariamente de sexo masculino.

De esta forma, el 45% de los hombres extraviados es reportado por presunta desgracia entre los 30 y 50 años.

Posición social

El informe agregó que el 66% del total de personas extraviadas corresponde a hombres, el 70% a jefes de hogar y el 66% a personas solteras.

"Analizamos el listado de personas extraviadas registrada por Carabineros y buscamos información disponible en nuestras bases de datos, que permitió generar interesantes conclusiones respecto a las características de ellas", explicó la subgerente de desarrollo de negocios de la firma de análisis financiero, Erika Torres, ya que, a su juicio, esta información ayuda a la policía a ser más eficiente su trabajo de búsqueda y cierre de casos.

El documento, publicado esta semana, afirmó que el 51% de los extraviados corresponde al grupo social con menor capacidad económica, es decir el E, donde la renta promedio bordea los $ 158 mil.

Por otro lado, el 27% de los desaparecidos corresponde al segmento D (vulnerables), el 18% al C2 y C3 (clase media y media baja), mientras que sólo el 4% corresponde al segmento ABC1, donde el ingreso mensual del grupo familiar sobrepasa los $4.386.000.

Posesiones

La investigación concluyó también que el 63% de las personas reportadas como extraviadas en Chile no posee vehículos, y que el 23% tiene autos a su nombre por un valor menor a los $4 millones.

En relación a sus deudas, el 66% no posee saldos impagos, mientras que el 15% de ellos tiene una morosidad menor a $200 mil, el 6% tiene montos impagos entre $200 mil y $400 mil, y el 13% posee deudas por sobre los $400 mil.

"En primavera aumenta la denuncia por presuntos extravíos y nuestra base se incrementa notoriamente. Este trabajo conjunto entre ambas instituciones permite agilizar la búsqueda con un método moderno de cruce y análisis de información", explicó el mayor Rojas.

Regiones

El estudio permitió detectar que la Región Metropolitana es donde se concentra la mayor cantidad de personas reportadas como extraviadas, con un 61%.

Valparaíso aparece más abajo con un 9% de las desapariciones, y el Biobío con un 5% del total de ciudadanos perdidos.

Las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos figuran, cada una, con un 3% de los extravíos en Chile, mientras que Tarapacá y Los Ríos tiene, cada una, un 2% de personas perdidas.

En total, el 1,4% de los extraviados corresponde a ciudadanos extranjeros.

El desaforado senador Iván Moreira, acusó una demora injustificada en el envío de las modificaciones a la Ley de Pesca, cuya entrada al Congreso estaba presupuestada para fines de este año.

"No entiendo por qué tanta demora, se lo he dicho al subsecretario, por qué tanta demora", dijo el parlamentario desaforado por el caso Penta a Radio Bío-Bío, agregando que "hoy día, para que se entienda bien, el Gobierno tiene todos los votos necesarios para aprobar en la Cámara de Diputados y en el Senado las modificaciones a la Ley de Pesca. Yo sé que requieren un estudio, pero cada día que pasa es tiempo perdido".

Desconocimiento

Moreira también cuestionó que todavía no se conozcan cuáles serán los aspectos que La Moneda pretende modificar de esta normativa.

El el desaforado senador lamentó la incertidumbre frente a la normativa que viven quienes obtienen el sustento familiar mediante la actividad.

En 2015 se supo de un correo electrónico de 2011 en el que Moreira le pedía al dueño de Corpesca, Anacleto Angelini, "una minuta" con sus observaciones.

El subsecretario de Pesca, Pablo Berazaluce, respondió que la demora se originó debido a que "tenemos un ministro de Economía que ingresó hace poco (Jorge Rodríguez), pidió un poco más de plazo para poder estudiar. La verdad es que sería irresponsable de mi parte comprometerme con una fecha. No podemos adelantar nada, son varias las modificaciones, desde el RPA (Registro Pesquero Artesanal), hasta modificaciones que buscan acabar con beneficios que se otorgaron en la ley", la cual se acusa de beneficiar a la gran industria.