La Contraloría General de la República dictaminó ayer que los cambios al protocolo de objeción de conciencia del aborto en tres causales realizados por el Gobierno no se ajustan a derecho. Según el órgano contralor, "los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud".

El texto agregó que "las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y que forman parte de la red pública de salud".

"Los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción de conciencia, pues se encuentran en el imperativo de cumplir la obligación del Estado de otorgar las acciones de salud definidas por el legislador. En consecuencia, sólo las entidades privadas pueden invocar la objeción de conciencia institucional, como por lo demás lo reconoce el protocolo, cuya legalidad se examina", indicó el dictamen de Contraloría.

La Contraloría emitió este pronunciamiento a raíz de una serie de presentaciones ingresadas por congresistas de la oposición, luego del cambio realizado por el Gobierno de Sebastián Piñera al documento que regulaba la objeción de conciencia institucional, presentado por la anterior administración de Michelle Bachelet.

Para la Contraloría, el protocolo "contiene algunos elementos que desatienden la condición de excepcionalidad de la objeción de conciencia, como es el caso del establecimiento de presunciones ante la falta de manifestación de voluntad expresa por parte del objetor o ante la ausencia de una formalidad en el procedimiento correspondiente, que no tienen fundamento legal, lo que tampoco resulta procedente".

El 2017 fue promulgada la Ley de Aborto en tres causales, la que se puede invocar en caso en que esté en peligro la vida de la madre, inviabilidad fetal o embarazo por violación.

Desde el Ejecutivo, la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que "como Gobierno no compartimos la decisión, pero comprometidos con el Estado de Derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen".

De acuerdo a la postura del Ejecutivo, "el protocolo que dictó este Gobierno, y también el que dictó el Gobierno anterior, se fundaron en la norma legal que expresamente señala que estas materias deben ser reglamentadas por protocolo. La Contraloría, con todo, ha señalado que esta materia debe ser regulada no por protocolo, sino que por la vía de reglamento".

No obstante, la ministra Pérez declaró que "a la brevedad prepararemos un reglamento que regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría General de la República a este protocolo".

"Agradecemos a la Contraloría que haga cumplir la ley", afirmó el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, del PPD. "Este Gobierno está cometiendo suficientes errores no forzados y le pido que deje de intentar que no se cumplan las leyes y tenga que pedir disculpas. El Gobierno nuevamente se tendrá que disculpar", adelantó Girardi. "La Contraloría ha actuado correctamente y determinado que el decreto es ilegal y corresponde que quede sin efecto", agregó el senador Felipe Harboe (PPD). Según Harboe, ahora se abrirá una discusión legal sobre los médicos objetores que se desempeñan en el sistema público.

Para la senadora Ximena Rincón (DC), la resolución del órgano contralor "da cuenta de una desprolijidad que no es buena para el país" y que atribuyó al "apresuramiento del Gobierno" en este tema.

Desde Chile Vamos, el senador Francisco Chahuán (RN) advirtió que las consecuencias de esta resolución "son insospechadas" para la política sanitaria y pueden dar paso a "situaciones dramáticas" en este ámbito. "Estamos convencidos de que esta medida va a dejar sin cobertura a una gran cantidad (de pacientes). Limitar la entrega de recursos a instituciones privadas que tengan convenios con el Estado vulnera principios constitucionales", anunció.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró ayer que su par de Hacienda, Felipe Larraín, mantiene el "absoluto y total" respaldo del Gobierno y del Presidente Sebastián Piñera, pese a los cuestionamientos por su viaje a Estados Unidos para exponer en la Universidad de Harvard.

La polémica por el viaje se originó después de que la bancada del Partido Socialista presentara un requerimiento ante la Contraloría, acusando que el periplo tuvo un carácter privado, ya que habría ido a una reunión de ex alumnos.

Sin embargo, el secretario de Estado explicó que se presentó ante la institución en su calidad de ministro de Estado.

"El ministro de Hacienda cuenta con total y absoluto respaldo por parte del Gobierno (...). Cuenta con todo el respaldo del Presidente de la República, si así no fuese no estaría como ministro y la situación que a él le ha tocado enfrentar él la ha aclarado", dijo Chadwick. El jefe de gabinete criticó a los parlamentarios socialistas por no consultarle previamente al propio Larraín sobre este tema. "Nos hubiese gustado que los parlamentarios que hicieron la presentación a la Contraloría, que están en su legítimo derecho a hacerlo, ellos están frecuentemente con el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda está acá en el Congreso de forma permanente, le podrían haber preguntado con anticipación si esos gastos iban o no a ser reembolsados. Podríamos haber evitado esta polémica", aseguró.

El director del programa de ex alumnos de la Universidad de Harvard, Jon Petitt, afirmó a 24 Horas que la institución pagará el viaje que realizó Larraín y especificó que fue invitado como ex alumno y ex secretario de Estado. "Cuando lo invitamos (en abril de 2017), fue invitado como alumno y como ex ministro de Hacienda", explicó Pettit. El directivo añadió que "cuando lo invitamos, nosotros accedimos a pagar sus gastos". Agregó que "supimos que había aceptado ser el nuevo ministro de Hacienda, por eso le envié un correo felicitándolo y reconfirmando la invitación anterior". "En ese punto, él aceptaba venir como ministro de Hacienda, pero debía revisar su calendario por su posición", agregó.