El germen del proceso constituyente surgió el 18 de octubre con la irrupción del inédito estallido social que exigió a la élite política llegar a un acuerdo para llamar a un plebiscito el 26 de abril de 2020, anticipado por el llamado de los alcaldes a una consulta nacional sobre una nueva Constitución.

Este primer logro institucional dio un segundo paso trascendente: la legalización de la participación paritaria de las mujeres, los pueblos originarios y los independientes, con plenos derechos en la conformación del órgano constituyente, aprobada en la Cámara de Diputados el 20 de diciembre y que le dio oxígeno y aire fresco a la Reforma Constitucional acordada el día antes y refrendada inmediatamente por el Senado.

Con ello, la ciudadanía podrá saber con exactitud qué va a votar en abril, conocer las características exactas del cuerpo colegiado a elegir y emitir su preferencia con claridad. Nadie en ese esquema racional podría invocar que las mujeres estén excluidas, que la diversidad de pueblos originarios no ha sido acogida ni que los independientes estarán obligados a competir en condiciones desventajosas frente a los partidos políticos.

Paradojalmente, desde la propia institucionalidad política carente de confianza y legitimidad ciudadana, acusada por su incapacidad durante 40 años para entregar al país soluciones satisfactorias de convivencia justa, surge una salida inclusiva que elimina de un solo plumazo los obstáculos y crea el marco para construir el pacto social exigido por las movilizaciones.

¿Milagro? No, es un resultado claro de este proceso social extraordinario con costos y sacrificios gigantes. Pero en la arquitectura dibujada ¿está asegurada la participación deseada y que la Constitución a redactar expresará los anhelos de igualdad, término de los abusos, respeto profundo del ser humano reclamado por el soberano? Más aún, ¿creerá la calle en el gesto de la élite política?

Ello podrá descifrarse según la forma y acciones en que el movimiento social -este actor poderoso, multiforme y anómalo- continúe expresándose. Y de cómo se muevan otros múltiples y variados actores.

Nadie tiene la bola de cristal, pero hay una variable clave: la recuperación de la confianza y que el proceso se instale con legitimidad. En términos simples, que la sociedad mayoritariamente crea en la ruta delineada.

Todavía no se divisa completamente cómo jugarán los actores clave: el Gobierno, los partidos políticos, el Parlamento, los empresarios, los núcleos organizados del movimiento social.

El Gobierno, vacilante y errático, hasta ahora no ofrece un camino de transformaciones reales y creíbles en la agenda económico-social y tributaria. Por otra parte, sectores muy amplios del movimiento social no se convencen de que no hay trampas en el proceso institucional, están insatisfechos con la agenda social y algunos actores políticos lo cuestionan desde extremos opuestos.

Para la oposición concordar una plataforma de propuestas para la agenda social con los actores organizados en la Mesa de la Unidad Social y conectar con el tejido capilar y la nervatura de las marchas pacíficas, cabildos, asambleas territoriales y otras expresiones ciudadanas, es el principal desafío.

Para ello se requerirá de todos los actores una gran generosidad y compromiso.

Me ha producido cierto cansancio la expresión "modelo neoliberal", la que además hace referencia a las matemáticas, acepción que más bien disminuiría la relevancia de los neoliberales. Por tal motivo, considero aconsejable utilizar otras palabras con una periferia semántica o de significado algo más abierto. "Onírica" aquí se usará como adjetivo de una narrativa o un estilo de relato que comparte ciertas características. No esté pensando, por favor, que quiero insinuar que el neoliberalismo es un movimiento literario. Lo que intentaré sugerir es otra idea.

Tampoco me ocuparé de fundamentar porque es una filosofía social, es decir una propuesta omnicomprensiva de la vida en sociedad. Lo que me propongo es menos pretencioso, pero puede ser útil para tratar de comprender algo más sobre lo que nos ocurre. En Chile logró imponerse culturalmente un mundo de representaciones colectivas, es decir, un universo de lo posible de imaginar o concebir que podemos llamar "onírica neoliberal" y ha llegado a establecer los límites del sentido común. De la mano de otras disciplinas y autores, ello sería equivalente a una hegemonía en el lenguaje y la cultura.

Para unos, más bien los menos, ha sido el sueño dorado, la realidad económica y social que la imaginación más creativa jamás habría producido. Eso explicaría que el discurso contrario ironizara con que Chile es un paraíso para los neoliberales de muchos otros países, se puede obtener estupendas rentabilidades, pagar bajos sueldos y menos impuestos, todo ello con orden institucional y un Estado más bien de bajo costo. Para otros, que a ratos se presentan como una multitud que era inadvertida para los primeros en ese imaginario de ensoñación, la realidad que viven parece más bien un largo estado de vigilia que luego derivó bruscamente en una pesadilla desesperante, de la que no lograban salir.

Una particularidad es que esta narrativa no se concibe como una utopía social, pues en ella han intervenido principalmente expertos y técnicos -refractarios a todo sentido utópico- pertenecientes a diversas especialidades y provenientes también de distintos signos políticos e ideológicos. El saber más recurrido ha sido la economía neoclásica, desde donde siempre se aboga por los datos, las variables cuantitativas y las consideraciones "técnicas", contribuyendo así -paradojalmente- a la instalación de una narrativa onírica muy exitosa en términos de legitimación social. Ciertamente, han contado con un gran apoyo de quienes obtienen los mayores beneficios de esa misma narrativa.

Todo esto, explicablemente, genera una complejidad nada fácil de descomponer. Los que despertaron de la pesadilla se encontraron con algo peor. Era la vida que realmente tenían y se dieron cuenta porque se encontraron con muchos otros que salían de la misma condición. Para ellas y ellos, que no son pocos, terminó la ficción y este final se transformó en un problema político y social de la mayor envergadura para el país, del que ahora no sabemos todavía cómo salir razonablemente.

El sorpresivo anuncio navideño hecho por el alcalde de Concón Óscar Sumonte respecto de su decisión de no repostular a un nuevo período como jefe comunal de la novel comuna sorprendió a más de alguno, por cuanto el hombre en cuestión es una verdadera institución y ha ocupado el cargo en cinco de los seis ejercicios administrativos desde la definitiva independencia conconina de Viña del Mar en 1995, después del fracasado experimento de Scipión Borgoño a comienzos del siglo pasado.

De corte independiente, y como buen hijo de pescadores, Sumonte bien supo navegar en esas aguas briosas durante sus mandatos, llevando la comuna si no de forma audaz, con la paciencia propia de un personero que siempre pareció desconfiar del sistema político tradicional, entendiendo eso sí que debía contar con aliados estratégicos en beneficio de la comuna (el senador Chahuán, los alcaldes Reginato y Sabat, o la Fundación Piensa, por ejemplo). Sus largas y publicitadas batallas con Reconsa y Enap, por poner solo dos ejemplos, definieron también su carácter más cercano a los vecinos que a las empresas, con todo el costo que ello conlleva. De la misma forma, Sumonte tampoco cedió a las críticas ni a las presiones de los sectores más acomodados de Bosques de Montemar y Reñaca, históricamente más vinculados a la derecha y figuras como Jaime Varas y Ricardo Urenda, quienes demandan una administración moderna para la creciente población comunal que ya se acerca a los 40 mil habitantes.

El Concón del futuro, en todo caso, mucho tiene que ver con Sumonte. Finalmente, la explosión inmobiliaria -bien o mal llevada, ese ya es otro tema- tocó un techo natural que difícilmente volverá a alcanzar la velocidad de construcción con el actual sobrestock y la crisis imperante en el sector más pudiente, como también por la evidente ausencia de fiscalización y regulación para la autoconstrucción en zonas como Costa Brava, donde cualquiera proyecta e inicia obras sin los permisos respectivos.

La principal tarea de quien suceda a Sumonte debiera partir precisamente por 1) el fortalecimiento institucional de sus organismos, con tiempos y niveles más propios de una comuna del Siglo XXI; 2) el refuerzo y cautela de la seguridad ciudadana, cada vez más exigida en los tiempos que corren; 3) la proyección del crecimiento urbano hacia el sector rural oriente, Colmo y Fuerte Aguayo, en lo que el alcalde ha sido pionero con diseño de Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado; 4) la priorización de obras como el camino costero, el proyecto bicomunal de Los Pinos y los eternos trabajos de la rotonda que este verano volverán a impactar el turismo, el comercio y la paciencia vecinal; 5) atender el envejecimiento de su población y estructurar la creciente inmigración, con medidas de mejora en Salud y Transportes; y 6) hacerse cargo de las amenazas medioambientales.

Sin duda que quien reemplace a Sumonte tendrá la vara bastante alta, partiendo por su (al menos, hasta hoy) intachable y honesta carrera alcaldicia, sin escándalos ni déficit municipales como las comunas vecinas, cuyos jefes edilicios parecieran pasar tanto tiempo en Contraloría como atendiendo las demandas. Los nombres en carrera son los del citado UDI Varas, el exUDI y actual director de Fosis, Luis Rivera; el edil y exalcalde Jorge Valdovinos, hoy reconvertido desde rostro de la Concertación en carta de Chile Vamos por el PRI; las concejalas María José Aguirre (EVO) y Gabriela Orfali (RN); a la espera de una apuesta opositora (¿qué será del profesor radical Alberto Fernández?) que, por estos días, sólo parece ofrecer el concejal democratacristiano Marcial Ortiz.