DD.HH., sequía y orden público: los flancos contra Jorge Martínez
CONGRESO. Parlamentarios de oposición insistieron en renuncia del intendente y cuestionaron su gestión al mando de la región. Además, estudian acusación constitucional.
Bajo la consigna "La Región de Valparaíso lo pide: renuncia Martínez", diputados de diversos partidos de oposición de la región pidieron la salida del intendente Jorge Martínez, acusando que su administración ha sido "débil" e, incluso, "ineficiente".
Entre los puntos que más cuestionaron los parlamentarios respecto del trabajo del jefe del Gobierno Regional está su rol frente a las acusaciones de violaciones a los DD. HH., la estrategia de orden público -principalmente en la ciudad de Valparaíso-, la reactivación económica y la sequía.
Esta no es la primera vez que Martínez se enfrenta a situaciones de este tipo. Desde el inicio del estallido social en la zona, distintas agrupaciones estudiantiles y la misma Mesa Social Valparaíso han exigido la salida del intendente por las presuntas violaciones a los DD.HH. por parte de las fuerzas policiales.
Otra de las controversias donde se vio envuelto el jefe regional ocurrió en el marco de una protesta en Reñaca y que terminó con un manifestante herido de bala por el ciudadano estadounidense John Cobin. En dicha oportunidad, trató de "mal nacidos" a quienes se movilizan de forma violenta, ganándose el repudio de congresistas, organizaciones sociales y hasta el mismo alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.
"Hemos solicitado la renuncia del intendente porque su mala gestión no se sostiene. No se trata sólo de la incapacidad para mantener el orden público, con respeto a los derechos humanos, sino que se refiere al conjunto de su gobierno. No es un problema puntual, sino que es de la gestión del intendente Martínez en general. Hágale un favor a la región y dele el paso a otra persona.", apuntó Marcelo Schilling (PS), uno de los congresistas.
"no sólo DD.HH."
Parlamentarios argumentaron su solicitud en base distintos reveses que ha sufrido la región durante la gestión de Martínez.
El diputado Víctor Torres (DC) recalcó que "ha llegado el momento en que el límite establecido se ha sido traspasado. El intendente Martínez ha tenido una gestión deficiente en diversos ámbitos, no solamente en el campo de los DD.HH.; ha habido una lentitud enorme en poder responder a las demandas que le han hecho, por ejemplo, los pequeños comerciantes de Valparaíso y San Antonio".
La diputada Carolina Marzán (PPD) enumeró algunos de casos donde el timonel regional ha sido cuestionado: "Recordemos que el intendente atribuyó al polen la grave contaminación en Quintero y Puchuncaví. Además, culpó a bandas extranjeras del asesinato del profesor Nibaldo Villegas y, a nivel de seguridad, recordar cuando dijo que los turistas del crucero no podían bajar porque había desórdenes, en circunstancias que tales visitantes no existían. Así que creemos que es una gestión débil, discriminatoria, frágil y que debería dar un paso al costado".
Diego Ibáñez (CS) aseguró que "los tiempos mejores para Valparaíso no llegaron. Él (Martínez) es el representante del Presidente Piñera en la región y es una zona que tiene una crisis profunda en materia de cesantía, reactivación económica, en infraestructura para paliar el grave déficit hídrico que afecta a la zona del interior, la red pública sanitaria de Quintero y Puchuncaví nunca se mejoró, tampoco ha existido una voluntad política sustantiva de parte de este intendente de tirar para arriba a nuestra región".
Por su parte, Rodrigo González (PPD) recordó el caso del profesor viñamarino Matías Orellana, quien perdió uno de sus ojos por el impacto de una bomba lacrimógena, en el contexto de las manifestaciones de la madrugada de Año Nuevo en cercanías de la plaza Aníbal Pinto. "Esta situación se refiere también al control del orden público en todos los establecimientos comerciales de las calles Condell y Esmeralda y de la plaza Victoria, donde Carabineros hace lo que quiere y que, en general, su acción es la que genera los desórdenes, en lugar de producirse una situación de resguardo de aquellos que se están manifestando", declaró el legislador.
Evalúan acusación
Los parlamentarios remarcaron que lo expuesto este miércoles fue sólo una petición de renuncia, la cual esperan sea escuchada por el Presidente y el mismo intendente. Aun así, y a pesar de que no han fijado plazos para esperar por la salida de Martínez, dijeron que tampoco descartan presentar una interpelación o una acusación constitucional.
Al respecto, González declaró que "esas acciones son las que manda nuestro ordenamiento jurídico y se están estudiando. Mientras existan acusaciones constitucionales que están en curso, no avanzaremos en ninguna medida de ese tipo, pero son recursos que están disponibles y a los cuales tendremos que recurrir si es que no hay acciones del Gobierno que respondan en relación a la agenda social de la región".
En tanto, Ibáñez puntualizó que "estamos exigiendo la renuncia y un cambio de estrategia para la Región de Valparaíso, para satisfacer derechos sociales. Si esto no ocurre, nosotros ya estamos juntando antecedentes para la eventual presentación de una acusación constitucional, porque es una herramienta que dispone el Parlamento y que son plenamente constitucionales, y no tiene que ver con un épica golpista por parte del mismo".
Schilling señaló que "como este Gobierno dice que ahora escucha, esperemos que se les haya destapado los oídos y sea suficiente con la solicitud de renuncia, si no tendremos que evaluar otras instancias".
Respaldan su labor
En contraposición, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos salió al paso de las críticas formuladas por sus colegas y sus posibles intenciones de acusar constitucionalmente a Martínez, avalando su trabajo como intendente.
La diputada María José Hoffmann (UDI) cuestionó duramente el actuar de la oposición. "Nunca habíamos sido testigos de tanto odio y permanente obstruccionismo por parte de la izquierda. El intendente tiene la obligación de restablecer el orden público, tenemos ciudades en el suelo y la izquierda insiste en sacar ventaja. Vienen días difíciles con los incendios, sería además una gran irresponsabilidad. La izquierda no quiere dejar que gobernemos".
La legisladora Camila Flores (RN) lamentó esta petición de renuncia hacia el intendente, apuntando a lo que ellos pretenden como oficialismo es "pedirle a la oposición que nos ayuden a sacar estos temas adelante. Si ellos quieren ser propositivos, que lo hagan planteando soluciones y sacando adelante las urgencias de los chilenos y no con obstrucciones al Gobierno".
El diputado Luis Pardo (RN) tildó de "incoherente" criticar la gestión en orden público del intendente, "al mismo tiempo que no han colaborado con las modificaciones legales que son necesarias para hacer más efectivo el control del mismo mediante los elementos democráticos".
"Nos parece fuera de lugar solicitar su renuncia y totalmente inconveniente que debilitemos el momento en que el país está viviendo estos episodios de violencia, atacando a la autoridad que está encargada de restablecer el orden público", añadió Pardo.
"práctica politiquera"
Su par de la UDI, Osvaldo Urrutia, advirtió que "esta es una práctica politiquera de bajo nivel, que obstaculiza, obstruye y no deja gobernar. En estas acciones hemos perdido mucho tiempo y es una demostración clarísima del obstruccionismo de la izquierda que no quiere dejar gobernar a un gobierno que fue elegido democráticamente".
El congresista Pablo Kast (Evópoli) dijo que lo que falta en la región es "unidad y dejar atrás la política de trinchera. No podemos seguir en la lógica de que hay un alcalde contra un intendente o parlamentarios contra de intendente, todos tenemos un rol que asumir y los chilenos nos están pidiendo que nos aboquemos a trabajar por ellos y dejar atrás esta lógica de acusar constitucionalmente, pedir renuncias por doquier por sólo una consideración política".
Otro de los que se pronunció al respecto fue el diputado Andrés Celis (RN), quien si bien admite que antes del estallido social no tenía una visión positiva de la gestión del intendente, apuntando a una falta de liderazgo y su trabajo en temas como seguridad, sequía, economía, entre otros, dijo que responsabilizarlo por lo que ha pasado desde el 19 de octubre es "una cobardía moral".
"El intendente solamente tiene la atribución de solicitar la presencia de Carabineros y no de cómo estos actúan. En el tema de seguridad se requiere un trabajo conjunto con el alcalde, pero él no responde los oficios que le manda la policía. En ese sentido, creo que es un chantaje por parte de los diputados de oposición de pedirle la renuncia y, si no lo hace, amenazar con acusarlo constitucionalmente".
En el caso de llegar a una acusación constitucional, esta se sumaría al proceso que se está llevando a cabo contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, a quien se le acusa de haber impedido el derecho de reunión a un gran número de personas, luego de que se dispusiera de un amplio contingente policial para evitar manifestaciones no autorizadas en el sector de Plaza Italia.
"El intendente tiene la obligación de restablecer el orden público, tenemos ciudades en el suelo y la izquierda insiste en sacar ventaja".
María José Hoffmann, Diputada UDI
"En estas acciones hemos perdido mucho tiempo y es una demostración del obstruccionismo de la izquierda que no deja gobernar".
Osvaldo Urrutia, Diputado UDI
"Si la oposición quiere ser propositiva, que lo hagan planteando soluciones y sacando adelante las urgencias de los chilenos".
Camila Flores, Diputada RN
11 de marzo de 2018 el día en que asume como intendente regional Jorge Martínez, en una decisión que generó revuelo por el hecho de utilizar un cupo de RN, tras un dilatado pasado en la UDI.
21 de agosto de 2018 ocurrió el primer episodio de intoxicación masiva en la comuna de Quintero, situación que le valió cuestionamientos por supuesto abandono de deberes en la crisis ambiental.
19 de octubre de 2019 fue el inicio del estallido social en la región. Desde entonces, las críticas a Martínez han aumentado, debido a la represión policial que acusan distintas organizaciones sociales.