El fundador de la plataforma WikiLeaks, Julian Assange, rechazó ayer su entrega a Estados Unidos con el argumento de que las acusaciones de espionaje y fraude informático en su contra por las revelaciones de su portal digital en 2010, que acarrean hasta 175 años de cárcel, están "políticamente motivadas".

Al inicio en la corte londinense de Woolwich del proceso de extradición, que en su primer tramo durará hasta el viernes, su abogado, Edward Fitzgerald, dijo que la solicitud de EE.UU. es "un abuso de proceso" que ignora la cláusula en el tratado extraditorio británico-estadounidense que prohíbe las entregas por "delitos políticos".

17 delitos

En una intervención previa, el fiscal James Lewis, en representación de la Justicia de EE.UU., negó que las imputaciones contra Assange, de 48 años y que lleva casi diez confinado en el Reino Unido, tengan connotaciones políticas y aseguró que es un asunto de "pura criminalidad".

EE.UU. reclama al australiano para procesarlo por 17 delitos al amparo de la ley de espionaje y uno por la ley de fraude y abuso informático por la difusión en 2010-2011, en colaboración con varios periódicos, de registros militares que revelaron crímenes de guerra en Irak y Afganistán; archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la bahía cubana de Guantánamo y cables diplomáticos que expusieron abusos de derechos humanos en todo el mundo.

Lewis explicó que se requiere al activista no por su labor periodística, como argumenta la defensa (negó que sea periodista, aunque tiene el carné), sino por "alentar y ayudar" al exsoldado estadounidense Bradley Manning (ahora Chelsea Manning) a obtener ilegalmente información clasificada de ordenadores oficiales y publicarla después en WikiLeaks.

Alegó que, con la difusión de esos documentos secretos, "puso en peligro" la vida de "fuentes e informantes" citados en ellos, lo que la defensa refuta al apuntar que no ha habido ninguna denuncia a ese respecto. Fitzgerald alertó a su vez de que la extradición de Assange "sentará un precedente" contra el periodismo, al aplicar la ley de espionaje contra la labor informativa.

Cerca de 150 asesinatos se han registrado entre el miércoles y el domingo de la semana pasada en el estado brasileño de Ceará (noreste), donde agentes de la Policía Militar continuaban ayer amotinados y en huelga para exigir una mejora salarial.

La Secretaría de Seguridad Pública de Ceará informó en su último balance que sólo el domingo hubo 25 "crímenes violentos letales" para totalizar 147 en cinco días, pese a la presencia del Ejército en las calles, autorizada desde el jueves por el Presidente Jair Bolsonaro.

El paro de los policías militarizados, que en Brasil se encargan de patrullar y tienen prohibido declararse en huelga por su estatus de militar, comenzó el pasado martes por la noche y ha sumido a Ceará en una grave crisis de seguridad que ha desembocado en un repunte de los homicidios.

Fuerzas Armadas

Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército y líder de la extrema derecha en Brasil, autorizó el pasado jueves el uso de las Fuerzas Armadas hasta el próximo día 28 con el objetivo de contener la ola de violencia desatada en ese estado brasileño.

Desde entonces, soldados del Ejército, miembros de la Fuerza Nacional, integrado por policías de élite, y agentes de otras instituciones locales velan por la seguridad de los habitantes en Ceará.

Según el Gobierno brasileño, unas 2.800 personas, entre militares y agentes policiales, realizan labores de patrullaje en todo el estado de Ceará.

La huelga de los policías militarizados ha coincidido, además, con el carnaval, la mayor fiesta de Brasil, lo que ha obligado a cancelar todos los eventos programados en al menos nueve ciudades cearenses.

En paralelo, la justicia militar ha suspendido, por el momento, a más de 200 policías que decidieron adherirse a la huelga.

Ministros visitan zona

Ayer, el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva; de Justicia, Sergio Moro; y el abogado general del Estado, André Luiz Mendonça, viajaron a Fortaleza, capital de Ceará, para acompañar los trabajos de las Fuerzas Armadas en la región.

Uno de los momentos de más tensión vivido en los últimos días fue cuando el senador laborista Cid Gomes recibió dos disparos en la ciudad de Sobral.

El parlamentario, del Partido Democrático Laborista, fue tiroteado el miércoles pasado mientras conducía una retroexcavadora, con la que intentó romper un bloqueo realizado por supuestos agentes encapuchados a las puertas de un batallón policial. Ayer recibió el alta médica el domingo.

El comité creado por Israel y Estados Unidos para determinar qué parte del territorio palestino podría ser anexionado, como propone el plan de paz de Washington, se reunió ayer por primer vez, y en plena campaña electoral israelí, en Cisjordania ocupada.

El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, encabezó la reunión del equipo, que estará formado por tres funcionarios estadounidenses y tres israelíes, entre ellos el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman.

El objetivo de este equipo es mapear el territorio cisjordano que Israel anexionaría en el marco de la denominada Visión de Paz estadounidense y que, según el contenido del plan, incluiría los asentamientos judíos en ese territorio y todo el Valle del Jordán, en la frontera con Jordania.

Tras un cruce de declaraciones entre funcionarios israelíes y de Estados Unidos sobre cuándo se llevaría a cabo esa anexión, miembros de la Administración del presidente Donald Trump aclararon que esta sólo podría hacerse efectiva después de las elecciones del 2 de marzo en Israel, que desde hace más de un año tiene un Gobierno en funciones.

Ambiente electoral

Esta reunión, precisamente, tuvo lugar a tan sólo una semana de los comicios -los terceros en un año- en los que Netanyahu se juega su continuidad en un cargo que ostenta desde hace más de una década, al mismo tiempo que enfrenta un proceso judicial por tres casos de corrupción.

Mientras que el actual Mandatario ha expresado su voluntad de llevar a cabo la anexión lo antes posible, su principal rival en los comicios del próximo lunes, Beni Gantz, dijo que lo haría "en coordinación con la comunidad internacional".

"Estamos determinando aquí líneas que tendrán implicaciones históricas, por eso el trabajo se llevará a cabo lo más rápido posible y no nos detendremos por nada", adelantó Netanyahu durante el encuentro.

Por su parte, Friedman apuntó que se pondrán a trabajar "inmediatamente" y que esperan completar el mapa "de la manera más acertada para el Estado de Israel".

No tiene legitimidad

La oficina del Presidente palestino, Mahmoud Abbas, condenó ayer el encuentro en un comunicado donde afirmó que el mapa en el que trabajan Israel y Estados unidos no tiene legitimidad y enfatizó que el único válido es "el de un Estado de Palestina en las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como su capital".

Los palestinos han rechazado de forma unánime el plan de paz, que recoge principalmente las demandas israelíes y, además de plantear la anexión de parte de Cisjordania, relega el Estado palestino a un territorio reducido con capitalidad en los suburbios de Jerusalén.