Las andanadas contra Enap, empresa estatal, arrecian. Tras la reformulación de cargos por el episodio de contaminación masiva en el área de Quintero y Puchuncaví en agosto de 2018, el Ministerio Público de la Región del Biobío anunció que pedirá los antecedentes del caso a la entidad acusadora, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Ya en noviembre pasado esa Fiscalía formalizó por presunto delito ambiental a seis ejecutivos de empresas dependientes de Enap a cargo de operaciones en Biobío, Quintero y Concón.

La formalización tiene su origen en supuestas fallas en el proceso de descarga de petróleo crudo iraní desembarcado en el puerto austral y en el terminal marítimo de la refinería de Concón de la bahía de Quintero.

A esa formalización se suma la reformulación determinada por la SMA basada en siete infracciones sobre el tratamiento que se dio al crudo tras su descarga. Dos de esas infracciones, según Cristóbal de la Maza, superintendente del Medio Ambiente, son gravísimas y serían causa de la masiva intoxicación.

También disparan contra la petrolera estatal los abogados querellantes. Remberto Valdés, que representa a 1.187 afectados por la nube tóxica, junto con exigir "moralidad y probidad" a una empresa del Estado, llama al Presidente de la República a disponer que se indemnice a los afectados. En tanto, Luis Araya, abogado de la Municipalidad de Quintero, acusa a la Enap de "ocultar antecedentes".

La estatal se defiende: "Nos sorprende la decisión de la SMA, luego de haber transcurrido más de 500 días desde el cierre de la investigación y de haber demostrado Enap, de manera fehaciente -y con respaldo técnico de reputados expertos- que las infracciones que se le imputaron no han causado efecto alguno en la salud de la población".

Afirma la estatal que la SMA ha sostenido tres tesis acusatorias y que ahora agrega una cuarta "con hechos potenciales y afirmaciones condicionales" y agrega que "los eventos de intoxicación sólo se detuvieron luego de la entrada en vigencia de los planes operacionales de emisiones aplicables a todas las empresas del complejo industrial".

Con esta afirmación, Enap intenta, con o sin justificación, compartir responsabilidades en una materia que va muchos más allá del grave episodio de agosto de 2018. Pero saliendo del campo de las declaraciones viene ahora una etapa procesal con los descargos de Enap ante la autoridad fiscalizadora y eventuales sanciones que van desde $ 600 millones por cada infracción hasta la clausura de las plantas.

Este caso muestra a la institucionalidad ambiental en funciones -ya ha tenido pronunciamientos contundentes como el de Pascua Lama-, pero acusa deudas, derrame del "Mimosa", y mucho peor, la vieja deuda, tras décadas de contaminación, que han dañado al medioambiente y a las personas sin una efectiva mitigación.

En el Liberalismo político, una obra de la mayor relevancia en la filosofía política de este tiempo, cuyo autor es John Rawls, se distingue entre "razones públicas" y "razones provenientes de una o más doctrinas religiosas, morales o filosóficas de carácter integral". El conjunto de las razones públicas tiene como función proporcionar los términos del debate y la justificación para el uso del poder político coercitivo entre ciudadanos libres e iguales, sin imponer supuestos de la ética privada o religiosa propias a los demás. Las razones públicas no buscan imponer una determinada concepción del bien o de lo bueno; por el contrario, lo que deben procurar es que en una sociedad puedan convivir o coexistir diversas concepciones del bien.

Precisamente, porque la Constitución determina las condiciones de legitimidad para el ejercicio del poder coactivo y del monopolio de la fuerza que el ordenamiento jurídico reserva al Estado, los argumentos de justificación para decidir qué normas la integrarán deben consistir en razones públicas. Como siempre, habrá debate acerca de qué hace que una razón sea pública y otra no, no cabe duda que la forma más pacífica y más equitativa de hacer públicas las razones de un orden constitucional consiste, finalmente, en que puedan ser la consecuencia de procesos y actos democráticos.

En la decisión de aprobar o rechazar que debemos tomar el 25 de octubre está comprometida la coherencia de nuestra adhesión consecuente a los valores democráticos. Aprobar, a mi juicio, equivale a ser consistentes con esos valores. Rechazar, por el contrario, equivale a declarar que no se quiere y no se necesita discutir porque la Constitución que nos rige, a pesar de su origen, contiene unas verdades que no requieren someterse al escrutinio de la deliberación pública. Rechazar es una renuncia intelectual al debate, pero también el rechazo a la posibilidad de escuchar al otro o de explorar siquiera el camino del diálogo para intentar superar nuestras diferencias.

Por lo mismo, resulta al menos contradictorio añorar los tiempos del consenso y no estar dispuestos a generar nuevos acuerdos para la convivencia política, a sabiendas que se ha hecho indispensable un nuevo estatuto fundamental, lo que además acontece en un contexto institucional que desde su origen ha cuidado poner a resguardo el derecho de las minorías. Por esta misma razón, no es consistente llamar a rechazar para reformar, sin renunciar a las ventajas que la actual Constitución les otorga a quienes se negaron antes una y otra vez a concordar institucionalmente un proceso de reforma constitucional, incluido el esfuerzo del gobierno anterior.

Por último, es evidente que el poder del Estado en Chile se ha hecho vulnerable y está debilitado en su legitimación social. Pues bien, para recuperar esa mayor legitimación tan necesaria para todos el camino más idóneo y eficaz es discutir una nueva Constitución porque por esta vía se priva de toda justificación moral y política al desorden, la violencia y la radicalización crecientes. Esta es, a mi juicio, otra valiosa razón pública para votar por la opción apruebo, como haré, en el próximo mes.