La alcaldesa de Viña del Mar acoge la causal de "fuerza mayor" para aplazar o suspender la realización de la versión número 62 del Festival Internacional de la Canción. El tema fue planteado en sesión de comisiones del Concejo Municipal y será analizado el próximo martes en un encuentro con representantes de TVN y Canal 13, concesionarias de la trasmisión del tradicional certamen viñamarino.

El contrato vigente establece cuatro ediciones del Festival, 2019 y 2020, ya realizadas, 2021, el próximo verano, y 2022.

Sobre la jornada 2021, la alcaldesa emitió una declaración señalando que "ante esta solicitud de suspensión realizada tanto por Canal 13 como por TVN, la municipalidad ha desarrollado fórmulas alternativas para que, de común acuerdo con los canales concesionarios, el Festival siga cumpliendo su importante rol de promotor de Viña del Mar como ciudad turística y también considere acciones promocionales para apoyar la reactivación del comercio y los servicios turísticos de la comuna".

Avanzando en el cumplimiento del contrato con dos ediciones realizadas, se considera postergar la del próximo verano para 2022 y extender el convenio hasta 2023, o bien terminar en 2022, lo que significaría solo tres ediciones. En ambos casos se solicitaría a los concesionarios la realización de un programa especial sobre el Festival para mantener en la memoria colectiva la presencia del importante certamen viñamarino, asegurando su valoración mediática para el futuro. Punto fundamental, pues el Festival de la Canción es parte del ya muy maltratado patrimonio viñamarino, donde hasta el Casino hace agua.

Pero hay más que minutos más minutos menos en el aire; está el eterno fantasma de las platas, pues los canales asociados ya pagaron por la realización de cuatro festivales y habría que entrar a negociar esgrimiendo el muy sólido argumento de la fuerza mayor, la amenazante pandemia y sus reiteradas olas. Frente a esa posición, una fuente de los canales concesionarios argumenta que "no se va a pagar un año si la concesión no fue explotada, es decir, si no hubo cortes de tickets ni publicidad vendida por 2021". Esta materia, junto a cambios de fechas o extensión del contrato será debatida el martes entre las partes, municipalidad y concesionarios. Se espera de estos últimos una posición razonable, generosa, ya que a lo largo de los años se han beneficiado con los ingresos generados por el Festival a través de venta de entradas a la Quinta Vergara, publicidad y derechos de retrasmisión.

Ahora, ya en fase 3, mayor apertura en la lucha contra el covid, una eventual suspensión deja con un gusto amargo al comercio local que veía en el movimiento propio del Festival 2021 una lucecita al final de un largo túnel que también se apaga.

En el año 2016 se aprobó la Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público, regulada por el Decreto Supremo N° 14 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual comienza a regir a partir del miércoles 18 de noviembre de 2020. Es decir, a partir de ese día, todos los proyectos que requieren permiso en la dirección de obras municipales de cualquier comuna del país, deberán realizar un aporte en proporción al avalúo fiscal del predio donde se emplacen y a la densidad de ocupación que éstos tengan.

Así las cosas, desde una pequeña vivienda hasta el hospital de más alta complejidad, pasando por proyectos inmobiliarios que generen una densificación en el territorio, centros comerciales, establecimientos de educación o cualquier otro proyecto que represente un aumento de carga de ocupación en el territorio, se verán afectados por esta nueva ley. Como contrapartida, los municipios comenzarán a recibir aportes en dinero que deberán necesariamente destinar para ejecutar obras en el espacio público que permitan tener mejor calidad de nuestras ciudades.

La misma ley establece que para esto, los municipios y la Seremi de Vivienda y Urbanismo Regional deberán diseñar planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, en el ámbito comunal e intercomunal respectivamente, los cuales deberán contemplar una cartera de proyectos priorizada tales como: ensanches de calles y veredas o derechamente mejoras en éstas, plazas y avenidas.

En medio de la pandemia que azota nuestro país (y al mundo entero), probablemente esto no haya sido una prioridad; sin embargo, sí es una oportunidad para que los municipios puedan robustecer sus equipos técnicos y diseñar planes adecuados de obras. En efecto, la misma ley contempla que aquellos municipios que a la fecha de entrada en vigencia de la normativa no hayan aprobado sus planes de inversión, puedan destinar, por dos años, hasta un tercio de los aportes para el diseño, consulta pública y aprobación de los referidos planes de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público por parte de los concejos municipales o de los consejos regionales, según sea el caso. Asimismo, podrán destinar los otros dos tercios para realizar las expropiaciones necesarias para ejecutar las nuevas vías o ensanches proyectados en los planes reguladores comunales o intercomunales vigentes.

A pesar de que la ley no fue aprobada como originalmente fue diseñada, sin duda es una oportunidad para desarrollar una serie de obras que a todos los ciudadanos nos hacen sentido, que hemos esperado desde hace años y que no contaban con una priorización o financiamiento. Este es el momento para que los municipios puedan disponer de recursos que se deberán destinar por ley, exclusivamente, a este tipo de inversiones.

Es oportuno que los municipios actúen con diligencia y transparencia en el sentido de exponer el estado del arte en el que se encuentran en esta materia, para que la ley se cumpla oportunamente en el sentido positivo que todos esperamos. Sabiendo que esto no resolverá todos los problemas históricos de nuestras ciudades, sí permitirá avanzar en carteras priorizadas, ordenadas y detalladas de inversiones en materia urbana y de movilidad y, más importante, en la ejecución de obras concretas que ayuden a mejorar nuestras deterioradas urbes producto de la falta de recursos, la falta de mantención y cuidado de los propios ciudadanos.