Dejando de lado la estrategia para prolongar la sesión de la Cámara de Diputados y lograr la cantidad de votos necesaria, la aprobación de la acusación constitucional contra el Presidente de la República Sebastián Piñera es un factor más en la incertidumbre que domina el país.

En lo económico, se dispara la inflación con el 1,3% que revela el indicador de octubre, con lo cual se anticipa una inflación superior al 6,5% para el año. Se agregan a ello los efectos de un posible cuarto retiro de los fondos previsionales, rescates que están gatillando alzas en los intereses que repercuten directamente en los créditos habitacionales, acortándose además los plazos. Ello debe provocar un freno no deseado a la demanda de viviendas y una caída en la construcción.

Tensiona también el clima nacional la violencia en diversas formas que afecta al país y que muestra su peor cara en la violencia rural en la macrozona sur, situación con proyecciones políticas y, según se ha confirmado, con alcances internacionales. Esta compleja realidad se intenta abordar en lo inmediato con la prolongación del estado de excepción en el área, que ayer se aprobó en el Congreso Nacional.

Otro factor presente es el proyecto de indulto para los llamados "presos de la revuelta". Entretanto, sigue en marcha el trabajo de la Convención Constitucional donde aparecen polémicas posiciones que acentúan la incertidumbre. Y todo lo anterior en un escenario dominado por el covid-19, que no afloja, con fallecidos y que ataca por diversos flancos.

La atención centrada en la decisión de la Cámara Baja, que se exhibe como un triunfo de la unidad opositora, pasa ahora al Senado, que actuando como jurado debe pronunciarse sobre la acusación. La aprobación requiere 29 votos de los 43 senadores, número difícil de alcanzar. Pero la tensión no disminuye especialmente ante la proximidad de la elección presidencial en primera vuelta, acompañada de votaciones para elegir senadores, donde corresponda, y la totalidad de los diputados y consejeros regionales.

Este clima crispado, para algunos rentable en lo electoral, no le hace bien al país y tiene un efecto paralizante innegable que debería ser considerado por los líderes políticos y sociales de aquí y de allá.

El debate y el uso de mecanismos institucionales, como la acusación aprobada en la Cámara, son parte de la democracia, pero en el ánimo de quienes manejan esos instrumentos debe primar un sentido de responsabilidad mirando los efectos de sus acciones en la vida nacional.

Y el llamado a la responsabilidad también alcanza al Presidente de la República Sebastián Piñera, quien debe asumir que sus actuaciones personales, por legítimas que sean, siempre aparecerán como inseparables de su potestad y de su condición de Jefe del Estado.

Recientemente, más de un centenar de países, entre ellos Chile, se comprometió en la Conferencia de las Partes (COP) 26 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se celebra en Glasgow, a poner fin a la deforestación y degradación de ecosistemas forestales. Esta noticia es muy alentadora no solo porque las naciones firmantes representan el 85% de los bosques del planeta, permitiendo de esta forma que los bosques logren desarrollar todo su potencial como sumideros de carbono, sino también porque reafirma que nuestro país camina por la senda correcta en materia de bosques y cambio climático.

Chile, mediante la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Conaf, trabaja en implementar medidas de acción orientadas a mitigar y disminuir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, a través del enfoque REDD+ (reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques) de la CMNUCC.

Dentro de estas iniciativas que lidera Conaf, en el marco de la ENCCRV, se encuentra el proyecto +Bosques, financiado por el Fondo Verde del Clima y ejecutado con el apoyo de la FAO. Este proyecto es el primero de pago por resultados, uno de los primeros de estas características en el mundo y el más grande de Latinoamérica. Su trabajo en gestión forestal sustentable, iniciado en agosto de 2020, busca implementar más de 25 mil hectáreas, entre las regiones del Maule y Los Lagos, mediante actividades de forestación y revegetación (7.688 ha), restauración de ecosistemas forestales (4.271 ha), silvicultura preventiva (4.271 ha) y manejo forestal sustentable (9.738 ha), estimándose beneficiar a más de 90 mil personas entre beneficiarios directos e indirectos.

Pero nuestra satisfacción va mucho más allá, ya que dentro de la gestión forestal desplegada en este tiempo de pandemia figura, además, el programa de reactivación económica orientado a estimular la economía y la generación de empleos, por medio de la gestión forestal sostenible y las soluciones basadas en la naturaleza. Dichas acciones se realizarán en predios de pequeños(as) y medianos(as) propietarios(as) que deseen establecer o mejorar los bosques. El programa considera unas 24.130 hectáreas entre Coquimbo y Magallanes, lo que representa una inversión de M$21.000.000, con cerca de 16.300 empleos directos y más de 10.800 beneficiarios.

Estas acciones en el ámbito forestal, con la mirada puesta en las personas, y la decisión de la COP 26 de revertir la destrucción de los bosques al año 2030, nos permite decir con convicción que vamos por la senda correcta hacia un desarrollo sostenible y de una transformación rural inclusiva.