Katherine Escalona M.

Hace más de un año, la Contraloría Regional emanó el informe final de la auditoría N° 273 a la Cormuval -que comprende el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019-, donde detectó 31 objeciones, entre ellas, actividades productivas en dos liceos porteños y $931 millones mal utilizados en subvenciones, proceso al cual apeló la entidad municipal. El recurso presentado por Marcelo Garrido -como secretario general de la entidad- fue rechazado.

Sin embargo, el 19 de noviembre la entidad fiscalizadora evacuó el oficio N° E157631/2021 para pronunciarse "respecto de los reclamos" que se fundó el recurso y que recogió de forma parcial el reparo de los $931 millones. Quedan aún más de $400 millones por justificar y no acogió la confianza legítima respecto a las "áreas productivas" en los liceos Técnico de Valparaíso y María Luisa Bombal, donde ratifica que sí se desarrollaron actividades comerciales que no tenían relación con actividades pedagógicas.

Actividades productivas

En el Informe Final queda establecido que en ambos liceos operaron "áreas productivas" que no tenían que ver con el proceso pedagógico porque "su objeto era la elaboración y comercialización" de distintos productos, "así como la prestación de servicios de coctelería y fotocopiado, que fueron ofrecidos a la propia Cormuval y a particulares, configurándose una actividad empresarial no admitida por la legislación vigente".

Referente a este punto la Cormuval sostuvo que en 2002 surgieron las áreas productivas "como espacios donde sus especialidades pueden ser ejercidas, generando productos y servicios que luego son comercializados", lo que estaría regulado. Argumentaron que en ambos liceos hay carreras técnicas que se apoyaban con talleres, existiendo una enseñanza dual.

Por tanto, expuso la Cormuval, se "estima que las áreas productivas se encuentran íntimamente ligadas a las especialidades impartidas", siendo de carácter práctico y legal, lo que no fue acogido por la Contraloría, que estimó que sí se realizaron actividades comerciales en los liceos.

"En esta ocasión la Cormuval no acredita cómo a través de dichas situaciones se dio cumplimiento a los objetivos educaciones propios de ambos establecimientos, debiendo mantenerse al respecto las observaciones", precisa el oficio, y ahonda que se deben adoptar medidas para suspender actividades comerciales y hacer solo las pedagógicas.

El escrito da cuenta que no se aplica el principio de confianza legítima pedido por la Cormuval porque la actividad, independientemente que venía desde 2002, se siguió realizando. Según expresa la Contraloría, sí hubo fiscalizaciones antes del periodo de la auditoría. Desde 2011 hubo "al menos 9 procedimientos de fiscalización en la Cormuval" y "solo la última auditoría correspondiente al informe en análisis versa sobre las operaciones de las áreas productivas de liceos técnico profesionales bajo su dependencia y administración". A esto suma que en 2019 la Superintendencia de Educación cuestionó el objeto comercial de algunas actividades ejecutadas.

Justifican $500 MILLONES

En el informe final, además, se cuestionó las remuneraciones pagadas a 21 trabajadores de ambos planteles por un monto total de $516.801.420. Respecto a esto la Cormuval justificó que las "contrataciones se enmarcaron en los Programas de Mejoramiento Escolar, (...) por lo que considera que tales desembolsos con cargo a la SEP estaban justificados" porque las funciones habrían sido estrictamente pedagógicas.

Al respecto, la Contraloría estimó que tras un nuevo estudio "en relación a los gastos incurridos por concepto de remuneraciones y bonos" concluye que "respecto a la contratación de empleados para el desempeño -exclusivo o en jornada parcial- en las áreas productivas de los mismos, no resulta posible determinar qué proporción de las labores desarrolladas por tales fueron de índole educacional y cuáles de carácter comercial", por lo que no se puede "determinar el monto de los desembolsos que impliquen un eventual daño al patrimonio fiscal".

Consultado al municipio sobre la situación, desde el área jurídica de la Cormuval afirmaron que "a raíz de la resolución dictada con fecha 19 de noviembre del corriente, la CGR cambia su criterio y admite que las actividades productivas desarrolladas estaban íntimamente ligadas con la enseñanza técnico profesional y que solo se detectaron de forma excepcional actividades específicas que no cumplían con este requisito, las que fueron subsanadas".

Ayer, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar resolvió declarar culpables por el delitos de sustracción de menor con homicidio a los acusados Miguel Soto Cruces y Mario Ulloa Saavedra, quienes se encuentran en prisión preventiva por la muerte de la menor Pascale Alvarado, de 17 años, ocurrida el 8 de noviembre de 2011.

Pese a que en el juicio oral los acusados cambiaron la versión de los hechos, el tribunal consideró suficientes las pruebas vertidas en audiencia en relación a la declaración de testigos y la documentación presentada. La jueza redactora, Angélica Jiménez, precisó que "el análisis de la prueba de cargo permite calificar jurídicamente los hechos asentados previamente como constitutivos de un delito de sustracción de menores con homicidio".

Estableció que el hecho ocurrió "en las inmediaciones de la medialuna de Puchuncaví, los acusados abordaron a Pascale teniendo 17 años de edad a esa fecha, y la subieron a la fuerza al vehículo en el que circulaban, sustrayéndola así de la esfera de cuidado de sus padres, trasladándola hasta la localidad de Cabildo, en la que a la sazón los acusados se encontraban en faenas forestales, y, con ocasión de este atentado a su seguridad personal y libertad ambulatoria, ambos acusados golpearon a Pascale, causándole la muerte, ocultando su cadáver, sin que hasta el día de hoy se tenga noticia del hallazgo de su cuerpo".

El abogado de la familia, Felipe González, recalcó que "las penas solicitadas respectivamente fueron las de 13 años de presidio mayor en su grado medio para Soto y presidio perpetuo calificado para Mario Ulloa. En el caso del primero la pena se justifica por la colaboración que prestó durante la investigación, sin perjuicio de la infructuosa retractación que intentó en el juicio".

El fiscal de Quintero, Luis Ventura, dijo que "la condena la tomamos con tranquilidad, es una decisión que nos queda conforme" y explicó que están a disposición de la familia. En Quintero, Judith del Río (44) también está desaparecida y sigue la investigación.

Internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso y en estado de máxima gravedad se encuentra aún Gino Renato Vattuone Garcés, quien fue hospitalizado el domingo pasado tras sufrir una brutal agresión en su vivienda del cerro Polanco, hecho del cual no se tienen detalles.

La audiencia de formalización del caso será hoy en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el delito de homicidio frustrado. Así lo confirmó la Fiscalía, que precisó que "el fiscal de turno instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI y debido a las heridas del imputado se amplió el control de detención para este jueves por el delito de homicidio frustrado".

De acuerdo a lo que pudo averiguar este Diario, el estado de salud de Vattuone es de máxima gravedad y a la operación que se realizó el domingo se sumó otra ayer, donde no hubo mayores detalles.

En la causa existen testigos que habrían dado cuenta de lo que pasó en la casa de la víctima, ubicada en el cerro Polanco de Valparaíso.

Mientras, continúan las diligencias del caso y, tal como lo confirmó el Ministerio Público, la audiencia se amplió en tres días porque el imputado también presenta lesiones en su cuerpo. Hubo utilización de arma cortante.

"Debido a las heridas del imputado se amplió el control de detención para este jueves por el delito de homicidio frustrado".

Fiscalía local

Tras el hallazgo en el sector de la playa Los Cañones, en la Av. Jorge Montt de Viña del Mar, del cuerpo de una mujer al interior de un automóvil que mantenía un cuchillo enterrado en su pecho, la Fiscalía dispuso diversas diligencias para esclarecer las causas del hecho.

Con la coordinación del fiscal Lionel González, la Brigada de Homicidios recolectó evidencia de interés criminalístico en el sitio del suceso, en base a las cuales se plantearon todas las hipótesis para explicar la muerte de la persona, y en especial la eventual participación de terceros en ella, según se detalló.

Junto con la autopsia de rigor, se perician registros de videos y conversaciones que mantuvo la mujer antes de su deceso. También se estudia alguna potencial amenaza contra la víctima.