Contraloría ratifica que hubo actividad comercial en liceos
VALPARAÍSO. Oficio no acoge en su totalidad la respuesta a las observaciones del informe final que dio la Cormuval. Sin embargo, acepta reparo en forma parcial.
Hace más de un año, la Contraloría Regional emanó el informe final de la auditoría N° 273 a la Cormuval -que comprende el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019-, donde detectó 31 objeciones, entre ellas, actividades productivas en dos liceos porteños y $931 millones mal utilizados en subvenciones, proceso al cual apeló la entidad municipal. El recurso presentado por Marcelo Garrido -como secretario general de la entidad- fue rechazado.
Sin embargo, el 19 de noviembre la entidad fiscalizadora evacuó el oficio N° E157631/2021 para pronunciarse "respecto de los reclamos" que se fundó el recurso y que recogió de forma parcial el reparo de los $931 millones. Quedan aún más de $400 millones por justificar y no acogió la confianza legítima respecto a las "áreas productivas" en los liceos Técnico de Valparaíso y María Luisa Bombal, donde ratifica que sí se desarrollaron actividades comerciales que no tenían relación con actividades pedagógicas.
Actividades productivas
En el Informe Final queda establecido que en ambos liceos operaron "áreas productivas" que no tenían que ver con el proceso pedagógico porque "su objeto era la elaboración y comercialización" de distintos productos, "así como la prestación de servicios de coctelería y fotocopiado, que fueron ofrecidos a la propia Cormuval y a particulares, configurándose una actividad empresarial no admitida por la legislación vigente".
Referente a este punto la Cormuval sostuvo que en 2002 surgieron las áreas productivas "como espacios donde sus especialidades pueden ser ejercidas, generando productos y servicios que luego son comercializados", lo que estaría regulado. Argumentaron que en ambos liceos hay carreras técnicas que se apoyaban con talleres, existiendo una enseñanza dual.
Por tanto, expuso la Cormuval, se "estima que las áreas productivas se encuentran íntimamente ligadas a las especialidades impartidas", siendo de carácter práctico y legal, lo que no fue acogido por la Contraloría, que estimó que sí se realizaron actividades comerciales en los liceos.
"En esta ocasión la Cormuval no acredita cómo a través de dichas situaciones se dio cumplimiento a los objetivos educaciones propios de ambos establecimientos, debiendo mantenerse al respecto las observaciones", precisa el oficio, y ahonda que se deben adoptar medidas para suspender actividades comerciales y hacer solo las pedagógicas.
El escrito da cuenta que no se aplica el principio de confianza legítima pedido por la Cormuval porque la actividad, independientemente que venía desde 2002, se siguió realizando. Según expresa la Contraloría, sí hubo fiscalizaciones antes del periodo de la auditoría. Desde 2011 hubo "al menos 9 procedimientos de fiscalización en la Cormuval" y "solo la última auditoría correspondiente al informe en análisis versa sobre las operaciones de las áreas productivas de liceos técnico profesionales bajo su dependencia y administración". A esto suma que en 2019 la Superintendencia de Educación cuestionó el objeto comercial de algunas actividades ejecutadas.
Justifican $500 MILLONES
En el informe final, además, se cuestionó las remuneraciones pagadas a 21 trabajadores de ambos planteles por un monto total de $516.801.420. Respecto a esto la Cormuval justificó que las "contrataciones se enmarcaron en los Programas de Mejoramiento Escolar, (...) por lo que considera que tales desembolsos con cargo a la SEP estaban justificados" porque las funciones habrían sido estrictamente pedagógicas.
Al respecto, la Contraloría estimó que tras un nuevo estudio "en relación a los gastos incurridos por concepto de remuneraciones y bonos" concluye que "respecto a la contratación de empleados para el desempeño -exclusivo o en jornada parcial- en las áreas productivas de los mismos, no resulta posible determinar qué proporción de las labores desarrolladas por tales fueron de índole educacional y cuáles de carácter comercial", por lo que no se puede "determinar el monto de los desembolsos que impliquen un eventual daño al patrimonio fiscal".
Consultado al municipio sobre la situación, desde el área jurídica de la Cormuval afirmaron que "a raíz de la resolución dictada con fecha 19 de noviembre del corriente, la CGR cambia su criterio y admite que las actividades productivas desarrolladas estaban íntimamente ligadas con la enseñanza técnico profesional y que solo se detectaron de forma excepcional actividades específicas que no cumplían con este requisito, las que fueron subsanadas".
$ 414 millones y fracción es lo que queda sujeto a juicio de cuentas respecto de la auditoría a la Cormuval.