La venta al kilo de un monumento aparece como una afrenta a la cultura, pero es la única solución que tiene el caso del Monumento a la Solidaridad, inaugurado el 10 de enero de 1995 en la avenida Argentina de Valparaíso, frente al Congreso Nacional. La obra, alabada y criticada como ocurre con muchas expresiones artísticas, es una creación del destacado escultor Mario Irarrázabal, obra ganadora de un concurso convocado por Codelco en 1991. Mediante un trenzado de 12 metros de altura conformado por cuatro brazos de cobre, se buscaba ejemplificar la solidaridad.

Con el monumento y su ubicación se intentaba además embellecer y poner una nota original a la maltrata avenida porteña, parte del acceso a la ciudad.

Sin embargo, las buenas intenciones se vieron frenadas por algunos talibanes en versión originaria que provocaron un incendio en la obra, la cual quedó en precarias condiciones.

El director de Emergencia de la municipalidad, Ezio Passadore, afirmó que la estructura interna se encuentra en buenas condiciones, pero "el monumento está altamente deteriorado en su parte estética. Producto del fuego hubo una alteración de la materialidad del monumento, de carácter irreversible".

Debido a ello, la cobertura de planchas de cobre estaba en riesgo de caer con daño a los transeúntes. Además, las piezas mismas del metal rojo estaban expuestas al robo debido a su elevado valor como ocurre con muchas piezas metálicas en lugares públicos. Así, la Comisión de Cultura de la Municipalidad, con acuerdo al artista autor de la obra, determinó desmontar la gran pieza. A cargo de la faena quedaría el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que en pago recibiría el material de cobre que podría vender para lograr recursos económicos que contribuyan a su importante labor.

La muerte de un monumento, más allá del noble destino de sus restos y de la imposibilidad de recuperarlo, deja un sabor amargo. Este desarme de una expresión cultural se suma a una cadena de daños que recorre toda la ciudad y que tuvo su más penosa expresión en los actos sistemáticos de vandalismo producidos en octubre de 2019.

La ciudad, con un sector premiado con la categoría de Sitio del Patrimonio Mundial, es frágil y exige atención y cuidado no solo a un espacio determinado, sino que toda su extensión urbana que es el marco del lugar destacado por la Unesco. Esta atención no significa únicamente cuidar lo existente, sino que también sumar elementos que den valor a la ciudad. Y en esa línea se podía apreciar el Monumento a la Solidaridad, quizás también con un mensaje inspirador a nuestros legisladores.

Eso se ha perdido, pero, tal vez con ingenuidad, miremos la muerte del monumento como un doloroso llamado a cuidar la ciudad con un compromiso colectivo con sus valores urbanos y culturales que son expresión de siglos de historia y de creatividad.

Ha transcurrido la primera semana desde que aproximadamente la mitad de nosotros -ciudadanas y ciudadanos- cumplimos el deber-derecho de ir a los recintos de votación para expresar nuestras preferencias. Momento que es expresión de cultura democrática, fuertemente simbólico, también signo de civilización y de compromiso con el ineludible destino compartido.

Desde el domingo este proceso ha sido centro de la conversación de muchos de quienes habitamos esta tierra. Los analistas han ido mostrando sus interpretaciones de las decisiones ya cerradas, como las de senadores y diputados, y las implicancias de los resultados sobre un conjunto importante y determinante de temas del futuro que tienen que ver con la convivencia y la gobernabilidad. Desde luego, es la definición presidencial la que toma ahora la atención: la articulación de la nueva competencia a la luz de los datos y lecciones.

Dejemos esto en espera, pues es también momento de valorar instituciones, estilos y actitudes que sostienen la democracia. Una institución clave es el Servicio Electoral, cuyo origen se remonta a 1925. La Ley 20.860, publicada en 2015, otorgó autonomía constitucional al Servicio Electoral, excluyéndolo de la administración del Estado, reconociéndole su total autonomía y completa independencia respecto de los poderes del Estado. A su vez, la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral establece que la dirección superior del Servicio está en manos de su Consejo Directivo, compuesto por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

La misión declarada para el Servel señala que éste debe "contribuir a la democracia mediante la promoción de la participación ciudadana informada; el apoyo al rol de los partidos políticos y el ejercicio de los derechos de los independientes; la conformación del Registro y Padrón Electoral; la organización de los procesos electorales; el control del financiamiento y de los ingresos y gastos de las campañas electorales y de los Partidos Políticos, sancionando sus infracciones; la publicación de resultados preliminares y la preservación de la memoria electoral del país, a través de procesos eficientes que resguarden la probidad, aseguren la transparencia y el cumplimiento a la Constitución y las leyes". La mirada de futuro indica que este sea "reconocido como una entidad autónoma, moderna, innovadora e imparcial, que facilite el ejercicio de los derechos políticos de los electores…". Las chilenas y chilenos debemos apreciar y cuidar este servicio del Estado que es una columna de la democracia, asegurando la dotación de recursos que le permita de la mejor manera cumplir su misión.