La ausencia en segunda vuelta de las coaliciones de centroderecha y centroizquierda que marcaron el rumbo del gobierno desde el año 1990, levanta una profunda interrogante sobre cómo los partidos que respaldan a Gabriel Boric y José Antonio Kast podrán sustentar la gran cantidad de profesionales, figuras técnicas y especialistas que deben asumir los miles de puestos que dependen directamente del Presidente de la República, sus ministros de Estado y delegados regionales.

Directores de empresas públicas, subsecretarios, secretarios regionales ministeriales, representantes en universidades estatales, delegados en corporaciones con participación gubernamental, directores de servicios públicos, hospitales y centros de formación, se eligen, con frecuencia, luego de tensas negociaciones entre las colectividades que participan del gobierno. Y aunque Chile ha avanzado en la designación de autoridades mediante procedimientos estandarizados que prometen altos grados de imparcialidad política -que no siempre logran-, persisten muchos puestos claves en el Estado que se renuevan cada día de marzo que asume una nueva administración, cambiando rostros y énfasis en los programas y servicios que impactan directamente en los ciudadanos.

El desembarco de figuras como las doctoras Paula Daza e Izkia Siches a los equipos de José Antonio Kast y Gabriel Boric, respectivamente, da cuenta de la preocupación que existe en este ámbito en los equipos de los contendores de segunda vuelta.

Sin embargo, las candidaturas aún deben cruzar un largo trecho para demostrar que esas incorporaciones van más allá de ser un símbolo que allega votos. Un vistazo al panorama regional, en la práctica, termina en una amarga conclusión: ninguno ha mostrado un equipo regional sólido, de figuras indiscutibles y probada eficiencia en la administración de las políticas públicas, pese a que los resultados de la elección presidencial demostraron la importancia que los electores dan a la preocupación por los temas locales. Quién podría asumir como delegado presidencial en la Región de Valparaíso es una pregunta que ya se eleva en algunos círculos de personas preocupadas, porque la situación crítica que vive la zona en numerosos temas -delincuencia, sequía, parálisis de inversiones- exige un periodo de instalación corto y una rápida interiorización sobre las medidas urgentes que deberá encabezar. Quedan 100 días para que dicho cambio ocurra, pero es un error pensar que es un tiempo demasiado holgado, porque aún no asoma en las coaliciones tras Kast y Boric un nombre propio regional capaz de reunir, a la vez, trayectoria y respaldo político, ambos requisitos que serán indispensables para navegar con habilidad en las agitadas aguas de marzo, gane quien gane en diciembre.

Durante 2018 fuimos testigos de episodios de alta contaminación en la zona industrial de Quintero y Puchuncaví, donde como Gobierno nos hicimos cargo, previa coordinación multisectorial de los órganos de la administración del Estado, para afrontar las presiones ambientales, exigiendo a los involucrados extremar las medidas de cuidado y descontaminación, para dar seguridad, tranquilidad y justicia a las familias.

Estos eventos generaron la necesidad de abordar la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval) en dicho sector de la bahía industrial, lo cual, además, fue ordenado en la sentencia de la Corte Suprema, que instruyó a diversos órganos de la administración del Estado a enfrentar la problemática ambiental del sector.

En este contexto, como seremi de Vivienda y Urbanismo, dividimos el proceso en dos partes: la primera, destinada a obtener una cartografía actualizada del territorio a modificar, proceso concluido; y la segunda, que contempla la contratación de una consultoría, orientada a modificar el Premval en el sector vacante de la bahía industrial (que se mantiene con uso industrial), con énfasis en el fomento económico de las comunidades y la sustentabilidad urbana.

Con la modificación del Premval tenemos una gran oportunidad para promover la reconversión del área sin consolidar, actualmente regulado como zona productiva de impacto intercomunal de tipo peligrosa (ZEU PP).

Este trabajo se inició en 2020 y hoy se encuentra en pleno proceso de participación ciudadana, con el que buscamos escuchar a todos los actores involucrados, con la finalidad de proponer escenarios futuros pensando en diversos usos que comprenden la investigación, educación, áreas verdes e industrias estratégicas compatibles con la industria actual.

Se trata de una gran oportunidad para analizar y debatir de forma ampliada con la comunidad las diversas opciones que, desde la planificación, permiten fomentar una reconversión del área en torno a la bahía de Quintero, impulsando nuevos usos capaces de servir a la comunidad local, resguardar y fomentar la preservación ecológica y promover el desarrollo económico sustentable del sector.

Son alrededor de 1.000 hectáreas vacantes que hoy nos invitan a imaginar diversas posibilidades para la bahía de Quintero y Puchuncaví, de tal manera de reconvertir este territorio en un polo de crecimiento regional y estratégico para el país.