Casi como un mantra, desde la Inmobiliaria Las Salinas se reiteran declaraciones como esta: "El método seleccionado cuenta con el respaldo de la experiencia mundial en materia de saneamiento y ha sido concebido estrechamente con equipos científicos", como si ello fuese razón suficiente para demostrar la inocuidad de la faena industrial propuesta.

Probablemente, lo mismo decían en sus inicios las empresas responsables de la industria salmonera, la industria forestal, las termoeléctricas, las refinerías de petróleo, etc., todos métodos industriales que contaban con experiencia internacional y respaldo científico. El resultado de estas historias ya lo conocemos.

El cuestionamiento de fondo en el conflicto por el saneamiento del terreno de Las Salinas no es si el método basado en la remoción de tierras y cultivo de bacterias permitirá o no disminuir las concentraciones de hidrocarburos. Eso sería una reducción del problema. Desde las organizaciones y vecinos creemos que la pregunta fundamental debería ser más amplia: ¿cuál es el método de saneamiento más seguro y que genera las menores externalidades negativas hacia la ciudad?

Definitivamente, el método propuesto por la empresa no lo es, pues se trata de un proceso industrial que afectará negativamente a la ciudad durante al menos 5 años, que contempla la remoción de más de 1 millón de metros cúbicos de tierra, con grandes excavaciones de hasta 8 metros, con el correspondiente movimiento de maquinarias y camiones, generando ruidos molestos, extracción de más de 9.000 toneladas de respel que serán trasladadas en camión a la comuna de Pudahuel, generación de polvo en suspensión, posibles emanaciones de gases de hidrocarburos confinados, todo ello a metros de viviendas, recintos educacionales, comerciales y de salud, y sobre todo, frente a una vía estructurante crítica como es la recta Las Salinas.

Se trata tal vez de la mayor faena industrial que se haya autorizado en la ciudad de Viña del Mar desde 1915, cuando en el mismo lugar se trabajaron las canteras para extraer el material con el que se construyó el molo de abrigo del puerto de Valparaíso.

La autonomía de las empresas para determinar el tipo de método industrial que pueden aplicar termina cuando dichos métodos generan externalidades negativas y afectan la calidad de vida y salud de las personas.

Por ello, resulta fundamental que la resolución del futuro Comité de Ministros/as del Presidente Boric, respecto del recurso de reclamación presentado por cientos de vecinos, tenga en consideración todos los efectos que un proyecto de esta envergadura podría generar en una ciudad como Viña del Mar. Se trata del último terreno disponible en el plan de la ciudad, que representa actualmente un gran pasivo ambiental para las empresas Copec y que debería ser saneado en base al método más apropiado para la ciudad y las personas, y no en base al método que se ajuste mejor a un proyecto inmobiliario. Existen otros métodos, también con amplia experiencia internacional y respaldo científico, de carácter in situ y que generan menores externalidades negativas, que representan una mejor opción para el saneamiento del terreno, sobre todo si el nuevo plan regulador establece un destino de parques y jardines con equipamientos.

Abogamos por un gran parque para Las Salinas, con espacios para la cultura, el deporte, la gastronomía, el turismo sostenible, con estructuras resilientes ante tsunamis, etc., que se transforme en el nuevo pulmón que dé un respiro a la ciudad de Viña del Mar, tan asfixiada en los últimos años por proyectos inmobiliarios, congestión y falta de regulación urbana.

Las Salinas: ¿un problema científico?

existe controversia sobre plan de saneamiento propuesto por inmoboliaria para limpiar terreno donde estaban petroleras en viña.

Uno de los riesgos que genera un proyecto de Constitución Política creado por una asamblea conformada en su mayoría por legos en derecho es el de la confusión conceptual, dejando de lado la pulcritud, precisión y rigor con el que deben erigirse las cartas fundamentales de los Estados.

En el caso chileno, los convencionales parecen incurrir en un error de este tipo al proponer el cambio de la denominación Poder Judicial, que emana de la Constitución de 1925, por el de Sistemas de Justicia.

Su argumento reside en que no habría un poder judicial en tanto poder del Estado, sino más bien una función jurisdiccional cuya finalidad sería la de impartir justicia "en nombre de los pueblos", ejercida por cada juez de la República conforme a ciertos estándares del derecho interno y, especialmente, del derecho internacional.

Sin embargo, es fácil advertir una serie de problemas en esta iniciativa. El primero es que se abandona la idea de repartición del poder propuesta por Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes (1747), aceptada casi de manera unánime por el constitucionalismo moderno, toda vez que la separación de poderes tiene la virtud de crear un sistema de contrapesos de los tres poderes estatales, donde cada uno se controla recíprocamente, evitando la desmesura en el ejercicio de la potestad pública.

El segundo es que la noción de sistema en el derecho suele vincularse a las normas o al ordenamiento jurídico, antes que a uno de los poderes del Estado. Así, Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin, en su obra Normative Systems (1971), basándose en ideas originales y de los lógicos Alfred Tarski y Georg von Wright, entienden los sistemas normativos como un conjunto de enunciados que poseen consecuencias normativas, relacionando un universo de casos con un universo de soluciones, empleando el método científico y la lógica jurídica.

Una tercera objeción consiste en que la función jurisdiccional es, por definición, un poder-deber que se ejerce por jueces profesionales con el propósito de solucionar conflictos de relevancia jurídica con autoridad de cosa juzgada y facultad de imperio. La función esencial del juez es la de aplicar el derecho con independencia e imparcialidad, y pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas.

La justicia es uno de los fines del derecho, pero no el único. También poseen relevancia otros fines, como la certeza jurídica, el orden público, la paz social y el bien común. Uno de los problemas recurrentes en la teoría del derecho radica en compatibilizar tales fines, a fin de lograr un equilibrio nada fácil atendida la generalidad y abstracción de las leyes.

No dudamos de la buena fe de los constituyentes, pero es importante que el debate se encauce dentro del rigor de la ciencia jurídica.

Una Constitución no es una regla más del sistema, sino su piedra angular, conforme a la cual los jueces han de ejercer la difícil tarea de interpretar el derecho.