Como parte del refuerzo policial anunciado por el Presidente Gabriel Boric para las comunas más violentas del país, Valparaíso recibió esta semana una dotación adicional de 100 carabineros provenientes de la Región del Biobío. La medida busca frenar el alza sostenida de los delitos violentos -robos con intimidación y homicidios, principalmente-, además de redoblar la presencia policial en aquellas zonas marcadas por el narcotráfico y el crimen organizado, parte del cual se encuentra vinculado a las redes de comercio ilegal y vendedores ambulantes. Aunque el fortalecimiento de los contingentes a cargo del cuidado de la población es una medida necesaria, varios alcaldes levantaron cuestionamientos -de forma y fondo- sobre esta nueva estrategia, en parte porque aún no queda claro si se trata de una política de seguridad pública que tiene puesta su mirada en el largo plazo o de acciones improvisadas que tienen la misión, mucho más acotada, de responder comunicacionalmente a los últimos hechos delictuales.

Una de las características peculiares de esta reasignación es su sentido transitorio: los efectivos de carabineros se quedarán hasta fines de mayo, momento en el cual las autoridades analizarán el real impacto de este plan operativo. ¿Se devolverán a Biobío si los resultados del reforzamiento no son los esperados? Los dirigentes del comercio porteño ya expusieron su parecer ante esa posibilidad y pidieron que por ningún motivo Valparaíso pierda los carabineros que acaba de recibir. Bajo este prisma de plan piloto, la medida parece una prueba pendiente aún de confirmación, algo improvisado si además se toma en cuenta la forma en que reaccionaron otros alcaldes del Gran Valparaíso. El reclamo amargo hecho por la alcaldesa Javiera Toledo, de Villa Alemana, por ejemplo, apunta que en dos oportunidades pidió un incremento de la presencia policial en la comuna, pero ni siquiera ha recibido respuesta, por sí o no, desde el Ministerio del Interior. Su par de Concón Freddy Ramírez, critica el tono centralista de la idea anunciada por el Presidente Boric y luego aplicada por la ministra Izkia Siches. Enviar 100 carabineros a la capital regional iba a tener, precisamente, esa lectura en el resto de las 37 comunas y sus habitantes, entre otras razones porque la delincuencia y la falta de seguridad son problemas transversales que afectan con dureza a la población de toda la zona. Eso lleva a la idea que instaló ayer el alcalde de Limache, Daniel Morales, quien en su crítica a la exclusiva destinación policial a Valparaíso, planteó la necesidad de abordar el problema directamente con los municipios, mediante el financiamiento integral de los planes de seguridad comunal. Ya no es posible cambiar la percepción de Valparaíso como una comuna privilegiada al integrar este plan de reforzamiento dinámico de Carabineros, pero el Gobierno facilitará la aceptación de estas medidas -y sumará apoyos para aquellas que están por venir en este ámbito- si aclara a los alcaldes los criterios aplicados para aumentar el contingente en algunas comunas y no en otras, así como qué medidas específicas tiene previstas para el que se ha instalado como el principal problema que viven las comunidades de la Región.

En una reciente columna publicada en este Diario por parte del consejero regional Manuel Millones y que se titula "Golpe a la descentralización y regionalización", el autor nos plantea la hipótesis de que los artículos aprobados por la Convención Constitucional atentarían gravemente contra el proceso de descentralización y que más bien serían un "golpe mortal" a este proceso al quitar facultades a la futura Asamblea Regional, centralizando poder en la figura del gobernador regional.

Al revés de lo que plantea el consejero, defenderemos a continuación que la Convención Constitucional, al pasar de un Estado Unitario a un Estado Regional, hace justamente todo lo contrario.

Es importante decir que es llamativa la afirmación del consejero cuando señala que la Asamblea Regional es un espacio con "menos competencias y, prácticamente, sin facultades resolutivas". En los artículos aprobados hasta ahora y que aún están en proceso de elaboración, encontramos que la Asamblea Regional asume más competencias que las que hoy tiene el Core. Mencionemos como ejemplo que la Asamblea Regional podrá tener iniciativa legal hacia el nuevo Poder Legislativo. No solo eso, sino que el Core podría tener iniciativa económica, pudiendo incluso crear empresas públicas regionales. Se mantienen las posibilidades de aprobación y modificación del presupuesto regional, también la aprobación de planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, o la creación de los estatutos regionales, los cuales establecerán su organización administrativa y funcionamiento interno, entre otros temas. Estos son solo ejemplos de lo que se abre para la nueva Asamblea Regional y, en ese sentido, es legítimo preguntarnos en qué sentido la aprobación de estas competencias significaría un "golpe mortal a la descentralización". Repetimos: observamos todo lo contrario.

El espíritu que se observa en la discusión es el de transformar esta asamblea en un legislativo regional. Esto quiere decir que la capacidad frente al ejecutivo regional debe ser mucho mayor de la que actualmente existe en el Core, donde el contrapeso entre las figuras institucionales del gobernador y consejeros es extremadamente débil. Un nuevo equilibrio es absolutamente necesario para que nuestro rol como consejeros tenga más incidencia. En este sentido, la afirmación de que la Constituyente camina hacia generar más poder en la figura del gobernador, simplemente no se sostiene.

La Convención Constitucional ha tenido diferentes dificultades; sin embargo, justamente en esta materia vemos que se ha generado una fortaleza regionalista. Saludamos que la visión que esté decantando luego de los debates en la Constituyente sea fortalecer una institucionalidad que haga más real y tangible la posibilidad de pensar a Chile como un Estado Regional. En eso la nueva Asamblea Regional es un salto adelante para nuestra labor.