Nicolás Donoso

Para enfrentar la nueva emergencia ambiental que afecta a los habitantes de Quintero y Puchuncaví, a propósito del peak de dióxido de azufre y de las eventuales intoxicaciones que se habrían producido en distintos colegios y jardines infantiles de la zona esta semana, para el actual superintendente (s) de Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, se hace necesario que todos los organismos públicos involucrados adopten medidas que, en su conjunto, permitan solucionar una problemática que no parece tener fin.

Por lo mismo, y ante el complejo panorama actual, insiste en que las medidas provisionales que desde el ente que lidera han dictado, con el objetivo de fiscalizar a las empresas del parque industrial y regular sus emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs), van en la línea de disminuir los contaminantes que imperan en una zona que por décadas sufre por estas emanaciones. Por ello es que urgen soluciones inmediatas y factibles.

- ¿Qué implicancias tienen para las empresas las medidas provisionales que ustedes dictaron?

- Todas las medidas provisionales que hemos dictado tienen por objeto limitar la actividad de las empresas. En el caso del día lunes, las medidas provisionales dictadas en contra de Codelco Ventanas y Termoeléctrica Ventanas, las medidas provisionales van directamente a limitar sus procesos productivos en condiciones de ventilación malas o regulares. Respecto a las medidas dictadas el miércoles, están dirigidas a empresas que emiten combustibles y sustancias químicas que son compuestos orgánicos volátiles, y con eso también se busca limitar su actividad en un 70%, o en un 50% según si la condición de ventilación es mala o regular.

- ¿Cómo operó la SMA ante estos hechos ocurridos?

- La SMA tiene a toda la región desplegada para atender esta emergencia. Cuando pasan estas emergencias se concurre directamente a los establecimientos afectados, y luego nos vamos a las empresas que podrían estar involucradas. Entonces se hace una estrategia de fiscalización de las personas afectadas y, posteriormente, de los posibles causantes. Acá tenemos delegaciones exclusivas en la región y también tenemos un equipo especialmente dirigido a la fiscalización de este tipo de situaciones.

Trabajar con urgencia

- En 2018, en un fallo que se consideró histórico, la Corte Suprema reconocía el incumplimiento del Estado a propósito de la crisis ambiental y lo obligó a tomar una serie de medidas. ¿Por qué este fallo no se ha podido cumplir a cabalidad?

- Lo primero que hay que aclarar es que a la SMA, en ese fallo, no se le ordenó ninguna medida en específico, sin perjuicio de lo cual nosotros tomamos elementos de esa sentencia para introducirlos en nuestros procesos de fiscalización y sanción para darle urgencia a estos casos; y entendemos nosotros con la información que contamos que los ministerios de servicios que fueron sindicados por la Corte Suprema para el cumplimiento de ciertas acciones están en una planificación de cumplir la orden que dio el máximo tribunal.

Mayores atribuciones

- Ante situaciones de emergencia ambiental, ¿se debe dotar de mayores competencias a las autoridades ambientales?

- La SMA requiere de más atribuciones. Actualmente, para dictar medidas cautelares necesitamos cumplir muchos requisitos, incluso medidas como la detención o clausura requieren autorizaciones judiciales antes de que las podamos nosotros decretar. Y en ese sentido, es importante indicar que con el Ministerio del Medioambiente estamos trabajando justamente en una reforma a nuestra ley para dotar a la Superintendencia de Medio Ambiente de más atribuciones para enfrentar estos eventos.

- ¿Son adecuados los equipos de monitoreo para medir los gases volátiles que las empresas emiten en la zona?

- Existen equipos y estaciones adecuadas, pero faltan. De hecho, una de las instrucciones que tiene planificada la SMA para dictar es una que obligue a las empresas del parque industrial a tener sensores remotos en la instalación misma, porque esos sensores nos van a permitir saber mucho antes la situación de emisiones irregulares y, por lo tanto, poder tomar mejores medidas frente a una situación de emergencia.

- ¿Es la Seremi de Salud la única entidad que tiene la facultad para cerrar alguna empresa o ustedes también pueden instruir algún tipo de proceso?

- Actualmente es la Seremi de Salud la que puede hacerlo directamente y más rápido en un contexto de alerta sanitaria. Nosotros también podemos hacerlo, pero como lo mencioné anteriormente, la SMA tiene muchos más requisitos que demostrar para poder llegar a una situación de detención, entre ellos, acreditar un incumplimiento y pedirle una autorización al tribunal ambiental.

Las responsabilidades

- ¿Por qué desde la SMA no han logrado establecer con certeza quiénes son los responsables de esta grave crisis ambiental que se prolonga en el tiempo?

- Porque estos procesos de emergencia, cuando están asociados a estas sustancias contaminantes, establecer relaciones de causalidad de quién específicamente fue el que causó el episodio es muy difícil, son investigaciones excesivamente complejas y que por la realidad de la información que se tiene cuesta mucho llegar a un responsable común. Por eso actualmente nuestra mirada de estos casos es más preventiva. Por lo tanto, ordenamos medidas y nos enfrentamos contra todos los sujetos que podrían estar colaborando con estas situaciones.

Trabajo en conjunto

- ¿Cuáles son las soluciones para acabar con las denominadas zonas de sacrificio?

- Las denominadas zonas de sacrificio son un problema de planificación territorial que finalmente ha permitido que personas y sus residencias estén junto a parques industriales, y creo que aquí es un deber del Estado enfrentar esta situación de mala planificación que provoca estos conflictos ambientales y problemas de emergencia; y ahí considero que todos los organismos públicos tenemos un deber y yo creo que el gobierno también ha mirado este problema. A través del Ministerio del Medio Ambiente están impulsando una transición ecológica justa, como la han llamado, que está orientada a adoptar medidas para enfrentar estas denominadas zonas de sacrificio.

"Junto al Ministerio del Medio Ambiente estamos trabajando en una reforma a nuestra ley para dotar a la SMA de más atribuciones para enfrentar estos eventos".

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Tras el grave episodio de contaminación del aire por dióxido de azufre registrado el lunes en Quintero y Puchuncaví, el abogado Remberto Valdés interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones Valparaíso en favor de las víctimas contra Enap Refinerías; Codelco Fundición y Refinería Ventanas; AES Andes; y el Ministerio del Medio Ambiente.

Al respecto, Valdés explicó que "con este recurso de protección le pedimos al Estado de Chile, a través del Poder Judicial, que esté con las víctimas. Pero queremos hacer un llamado principalmente al Presidente de la República, Gabriel Boric, de que, en concordancia con su Programa de Gobierno y sus promesas de campaña, intervenga directamente en esta zona de sacrificio de Quintero, Puchuncaví, Ventanas, y que proteja a los niños y niñas, adolescentes, personas mayores y general a toda la población, porque esta es una situación absolutamente intolerable".

Olga Garri, una de las víctimas de intoxicación, sostuvo que "se interpone el recurso de protección para que se investigue, se dé con los responsables, ya estamos cansados de sufrir estas calamidades, lo estamos sufriendo desde 2018 por todos nuestros niños y adultos mayores. Ya hay que decir basta, es suficiente".