Arresto domiciliario total para alcaldesa acusada por estafa
JUDICIAL. Jefa comunal de Nogales, Margarita Osorio, fue formalizada por perjudicar a 450 familias de Cabildo y El Melón. Dijo que todo es "una persecución política".
Ayer, el Juzgado de Garantía de La Ligua dejó sujeta a la medida cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas -tanto a nivel físico como virtual- a la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, imputada en calidad de autora del delito de estafa, perpetrado entre octubre de 2015 y diciembre de 2019, en contra de 450 familias agrupadas en comités de vivienda de la comuna de Cabildo y de la localidad de El Melón, en Nogales.
Similares medidas cautelares se fijaron para Juana Zamora, exconcejala de Cabildo, que se erige como una de las presuntas responsables del delito junto a la jefa comunal en ejercicio, valiéndose de su calidad de funcionarias públicas.
En la audiencia de formalización, el magistrado Nelson Fernández argumentó que decretó las cautelares detalladas por considerar que "la libertad de las imputadas constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas". Además, fijó el plazo de investigación en 90 días.
Según el relato del fiscal del caso, Patricio Toro, tanto la alcaldesa como la exconcejala, de la mano de un tercer imputado, el arquitecto Mauricio Torres, quien no participó de esta audiencia, le ofrecieron a las víctimas la "posibilidad de participar de un proyecto social-habitacional, fingiendo seguir el proceso regular para el desarrollo de un proyecto inmobiliario que nunca fue ejecutado". Eso pese a que los implicados, continuó el fiscal Toro, "cobraron diversas sumas de dinero por trámites que no tienen costo alguno".
Entre 2015 y 2019 los imputados de este caso se apropiaron de $168 millones, en el caso de los comités de vivienda donde participan afectados de la comuna de Cabildo, además de otros $5.850.000 provenientes de otras tantas familias de escasos recursos de El Melón, que anhelaban su casa propia.
Para convencer a los afectados de los diversos comités, el persecutor puntualizó que la alcaldesa Margarita Osorio, la exconcejala Juana Zamora y el arquitecto Mauricio Torres, "usando siempre un lenguaje técnico, les dieron a los afectados explicaciones falsas sobre la tardanza en la tramitación del cambio de uso de suelo y los proyectos de Agua Potable Rural".
Era gente modesta
Antes de dictar las medidas cautelares en contra de las imputadas, el propio magistrado, Nelson Fernández, expresó "que el fiscal presentó diversos antecedentes acreditatorios y probatorios, que dan cuenta de una arquitectura destinada a obtener recursos económicos, en este caso dinero, proveniente de gente esencialmente modesta, carenciada, ilusionada con el fin que es, y yo diría que todas las personas tenemos, el de la casa propia".
El juez de Garantía definió a las víctimas como "personas que hacen esfuerzos para reunir dineros y entregarlos a esta organización, a esta arquitectura, en circunstancias que ese objetivo, ilusionante y legítimo para esas personas, no era más que un aparente engaño".
Más adelante, el magistrado hizo hincapié en que "el hecho de ejercer un cargo público de elección popular, como es una alcaldía, no tiene por qué suponer un privilegio para la persona que tiene ese cargo".
Dos AÑOS DE INVESTIGACIÓN
El fiscal Patricio Toro, de la Unidad Regional Anticorrupción (Urac), aseguró que, más allá de los 90 días que fijo el tribunal para efectuar la investigación, en este caso se han recopilado antecedentes por más de dos años. Añadió que "las diligencias que restan por realizar son de menor extensión y por eso es que se fijó un plazo acotado de tres meses de investigación".
De las diligencias que quedan por delante, el persecutor aseguró que éstas "se dirigen a ubicar a más víctimas". Esto, porque si bien son 450 los afectados en Cabildo y la localidad de El Melón, en Nogales, "tan solo 66 víctimas han prestado declaración de estos hechos y del despliegue efectuado por los imputados".
El objetivo del fiscal Toro está en precisar los delitos cometidos de parte de la mayor cantidad de víctimas posibles, de las 450 familias que hay en total.
Otra temática de diligencia apunta al análisis de cuentas de los imputados. Si bien hay algunos antecedentes que se dieron a conocer en la audiencia, el fiscal precisó que "se requiere complementar la información bancaria de los imputados para acreditar la existencia de traspaso de dinero entre ellos".
Acusa persecución
Una vez finalizada la audiencia, la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, publicó en sus redes sociales, específicamente en su Facebook, un video para explicar a sus seguidores sobre lo que, a su juicio, implica esta formalización judicial en su contra.
Sonriendo a la cámara y con exacerbada gesticulación, la jefa comunal se dirigió a su audiencia con un "muy buenos días mis queridos vecinos de Nogales y El Melón y a toda esa gente que me quiere mucho". Una vez más una persecución política desde hoy día y contra mi persona. Lo único que sé es que de lo que sale en televisión o en la radio, yo escucho solamente. Su alcaldesa les va a demostrar totalmente lo contrario", continuó.
Luego se refirió a que la dejaron "con medidas cautelares, aunque mi abogado apelará en la Corte de Apelaciones de Valparaíso". Insistió a los vecinos que "ustedes saben que esta alcaldesa siempre ha estado 24/7 con ustedes (...) y el que nada hace, nada teme".
Su despedida llegó con un llamado a la tranquilidad para los residentes de la comuna. "Sigo trabajando para ustedes, sigo ejerciendo el puesto de alcaldesa, así que solamente lo que diga la justicia", enfatizó la alcaldesa.
"Una vez más una persecución política desde hoy día y contra mi persona. (…) Su alcaldesa les va a demostrar totalmente lo contrario".
Margarita Osorio, Alcaldesa de Nogales
"Tan solo 66 víctimas han prestado declaración de estos hechos y del despliegue efectuado por los imputados (…) de los 450 afectados que hay en total".
Patricio Toro, Fiscal del caso