Desde la región de Arica y Parinacota, el Presidente Gabriel Boric presentó ayer el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito para el período 2022-2026. Ordenada en 5 ejes y con una veintena de acciones concretas, la iniciativa busca enfrentar el aumento de los ilícitos de mayor connotación social y el desarrollo casi sin control de la violencia ejercida por las organizaciones criminales, ambos fenómenos que golpean con particular fuerza a las comunas del Gran Valparaíso. La aparición del sicariato -cada semana se cuenta algún nuevo caso- y una mayor complejidad de las bandas dedicadas al tráfico de mercancías y asaltos a gran escala terminaron por convencer al Gobierno sobre la necesidad de poner la agenda de seguridad entre sus prioridades, con un particular énfasis en el control de las armas y una mejor coordinación operativa entre las policías.

El anuncio del plan surge cuando Puchuncaví aún no puede sacudirse de la horrible imagen de un vecino acribillado a sangre fría, delante de su hija de 13 años, en el momento que hacía la fila del banco. De acuerdo al relato policial, la víctima fue abordada por un hombre que aún no ha sido identificado, quien le propinó cuatro disparos y luego escapó en una motocicleta. "Puchuncaví era una comuna tranquila", fue el mensaje replicado el miércoles por vecinos, concejales y autoridades de distinto ámbito, incluso por la delegada presidencial, Sofía González. La expresión describe con tristeza cómo ha cambiado la vida de los vecinos en los últimos años, algo que no es particular de dicha comuna, sino que se extiende por toda la región, con familias agobiadas por la sensación de inseguridad y barrios enteros a los cuales es mejor no ingresar después de ciertas horas. Esto no es exageración ni campaña del terror, sino la simple constatación de lo que viven los residentes de nuestra zona todos los días.

Entonces, ¿puede el recién presentado plan del Gobierno mitigar la delincuencia desatada, los homicidios cada vez más frecuentes? Esa respuesta deberá esperar a la aplicación plena de las ideas presentadas por el Presidente Boric, pero más allá de medidas, como el reforzamiento tecnológico de las policías -algo que ya contemplaron gobiernos anteriores- y el seguimiento de las víctimas de delitos, la propuesta incluye la creación de un sistema nacional de seguridad municipal y una redistribución de los recursos policiales. La idea de perfeccionar las atribuciones de los municipios para que se sumen al combate de la delincuencia es antigua y tiene varios hitos en su historia, como la creación de departamentos de seguridad ciudadana en muchas comunas, pero a la falta de mayores detalles es necesario observar que cualquier medida debe estar aparejada de los recursos necesarios y la supervisión respecto de sus lineamientos. No vaya a pasar como ocurre con tantas leyes y obligaciones que se impone a los municipios, como si tuvieran recursos infinitos, bajo el argumento de que los gobiernos comunales son los que están más cerca de la ciudadanía, que luego no pueden cumplir debido a la falta de fondos adecuados. En la urgencia por solucionar un problema, bien podría estar incubándose uno nuevo.

Todos hemos sido testigos, a través de los medios de comunicación y redes sociales, de numerosos casos de agresiones graves entre miembros de comunidades educativas en todo el país. Todos sabrán que este fenómeno no es nuevo y que lo que no vemos es mucho más que de lo que nos enteramos. También es cierto que las condiciones a las que nuestras vidas se han visto expuestas en los últimos años tienen poco parangón, producto de la explosiva exposición a la que nos vemos expuestos producto de las redes.

Nuestra sociedad ha tenido varios antes y después de ciertos hitos; por mencionar algunos, los grandes terremotos, la dictadura, y podríamos acordar a lo menos unos diez que marcan un antes y un después en la vida de la comunidad llamada Chile, pero nunca el cambio en la vida cotidiana ha estado más expuesto que con la llegada al planeta de la redes sociales y la capacidad que ellas tienen de poner a cada individuo en una vitrina mundial. Si hubiera existido Facebook, Twitter, Instagram y otras en los años 80, estoy convencido que nuestra batalla contra la dictadura habría tenido un aliado poderoso. Puestas las cosas en este orden, concédanme que no es lo mismo una pelea de liceanos en la calle y con algunos espectadores, que esa misma pelea en Instagram para el mundo entero, y ahí está una de las variables que hace complejo el tratamiento de la resolución de conflictos que alteran el funcionamiento de las comunidades educativas.

En estas condiciones el aprendizaje se queda en jaque, pues es difícil esperar que se dé de buena manera si quien debe aprender está pasándolo mal, está enojado o tiene susto, pues la comunidad no lo está protegiendo física y emocionalmente. Para lograr aprendizajes se requiere estar dispuesto física y emocionalmente y para que esto ocurra debe ser la comunidad educativa la que genere esas condiciones.

Claramente, el desafío es complejo pero ineludible; debemos sí o sí generar una conversación y la construcción de los acuerdos básicos de cada comunidad educativa de cómo convivir, acuerdos a construir participativamente, fortalecer y activar el funcionamiento de los concejos escolares.

Debemos construir en a lo menos cuatro ámbitos: primero, dotar a cada unidad educativa en el desarrollo de mecanismos para procesar las controversias; segundo, regular en cada unidad educativa los mecanismos de sanción con enfoque formativo; tercero, abrir las puertas a un diálogo activo y, cuarto, la inclusión entendiendo que la diversidad enriquece a la comunidad y al país.

Hay capacidades en las escuelas y liceos, hay recursos suficientes para enfrentar estos procesos, hay capacidad técnica en el Ministerio de Educación y también voluntad política para que esto ocurra. Démosle sentido de urgencia, pues si queremos buenos aprendizajes inclusivos y afectivos, necesitamos convivir.