La Fiscalía comunicó ayer al Tribunal de Garantía de Viña del Mar el cierre de la investigación por la desaparición del colectivero Juan González Farfán, de 39 años, caso por el cual hay tres imputados, entre ellos un menor de edad, que fueron formalizados por los delitos de secuestro con homicidio y robo con violencia.

Cabe consignar que el trabajador fue visto por última vez el 13 de enero de este año, cuando salió a efectuar sus labores diarias, sin que hasta la fecha se haya dado con su paradero, pese a las diversas diligencias que efectivos de la PDI han realizado, entre ellas, recientes allanamientos y excavaciones efectuadas en una toma de Playa Ancha, donde se presume estuvo González retenido.

La Fiscalía le atribuye participación en calidad de autores a los imputados Óscar Cantillano López (25), Daniel Silva Huerta (21) y a un menor de 16 años, individualizado con la inicial F., quien se encuentra bajo la medida cautelar de internación provisoria, mientras que los dos primeros en prisión preventiva.

Daniel Polanco, abogado asesor de la Fiscalía Regional, precisó que, de esta forma, culmina la etapa destinada a la recopilación de antecedentes, lo que dará paso "a la presentación de la acusación, que deberá luego ser conocida primero por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y después por el Tribunal de Juicio Oral de la misma comuna".

Agregó que "la Fiscalía cuenta con 10 días para continuar con el proceso, en miras de la acreditación del hecho en juicio y la imposición de la pena legalmente procedente a los tres imputados de la causa, quienes se mantienen con las más altas medidas cautelares que prevé nuestro sistema".

Cristián Rojas M.

Con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas quedó el arquitecto Mauricio Torres Benzi, formalizado ayer en el Juzgado de Garantía de La Ligua por el delito reiterado de estafa, en la causa que también involucra a la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, y a la exconcejala de Cabildo Juana Isabel Zamora, ilícitos perpetrados entre octubre de 2015 y diciembre de 2019 en las comunas de Cabildo y Nogales, y que afectaron a más de 400 pobladores que entregaron cerca de 180 millones de pesos para gestiones de comité de vivienda.

En el resumen final de la audiencia, el juez Nelson Fernández destacó que el fiscal, Patricio Toro, y el abogado querellante, Mario Fuentes, seleccionaron antecedentes "dentro de un mar de información, que son contundentes a la hora de definir estas medidas cautelares en relación a la existencia de una estafa reiterada en que le ha cabido participación activa como autor material al señor Mauricio Torres Benzi, y la necesidad de cautela".

Daño a modestas familias

Agregó que dichos antecedentes "dan cuenta de la concertación de tres imputados, entre ellos el señor Torres Benzi, para engañar a diversas personas suscritas a comités de vivienda de las localidades de El Melón -comuna de Nogales- y Cabildo, a los efectos de inducir a error a estas personas para que le entregaran dineros, una gran cantidad de dinero, provocando esta disposición patrimonial de parte de estas modestas familias, ocasionando un perjuicio patrimonial".

Por otra parte, el magistrado detalló que "las peticiones que se hacían al Servicio de Evaluación Ambiental, que se nos informa que eran parte de la labor que hacía el señor Torres Benzi, nunca culminaban en nada, se presentaban y posteriormente se retiraban, se desistían, y eso me parece curioso y refuerza la tesitura del Ministerio Público y de la parte querellante, siendo esto parte del engaño que se atribuye al señor Torres Benzi y coimputadas".

Previamente, tanto el fiscal Patricio Toro, como el abogado querellante, Mario Fuentes, habían hecho notar que los imputados le pedían dinero a las víctimas para efectuar dichos trámites, en circunstancias que el Servicio de Evaluación Ambiental no cobra por ello.

Pedirán reformalizar

Tras la audiencia, el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción, Patricio Toro, indicó que se pidió al tribunal fijar una audiencia de reformalización para todos los imputados, dado que se sumaron más víctimas. Dicha audiencia se fijó para el próximo 23 de septiembre a las 9.00 horas, en el mismo Juzgado de Garantía.

"Junto con ello se pretende plantear la autorización para ampliar el plazo de investigación, considerando que del fijado el 30 de junio pasado ha transcurrido poco más de la mitad, y se requiere desarrollar nuevas diligencias, sobre todo a partir de antecedentes proporcionados por la defensa de Torres Benzi, y también antecedentes proporcionados por nuevas víctimas que han sido contactadas", explicó el persecutor.

Toro agregó que "en diligencias anteriores de esta Unidad se ha podido tomar declaración aproximadamente a 55 personas, que se suman a las anteriores. En total, 120 víctimas han prestado declaración y se espera que nuevas víctimas puedan seguir dando sus testimonios y aportando antecedentes. Es por ello que se pretende reformalizar la investigación, para incorporar los antecedentes que estas víctimas entreguen a la investigación, y de allí la necesidad, por tanto, de ampliar el plazo de investigación, que es lo que se propondrá en la audiencia del próximo 23 de septiembre".

"(Los antecedentes) "dan cuenta de la concertación de tres imputados, entre ellos el señor Torres Benzi, para engañar a diversas personas suscritas a comités de vivienda".

Nelson Fernández

Juez de Garantía de La Ligua

"Se espera que nuevas víctimas puedan seguir dando sus testimonios y aportando antecedentes. Es por ello que se pretende reformalizar la investigación".

Patricio Toro, Fiscal Unidad Anticorrupción

Tras un Procedimiento Voluntario Colectivo realizado por el Sernac, el Preuniversitario PreUCV deberá compensar a todos los consumidores que fueron afectados -en el contexto de pandemia- ante el cambio de la modalidad de servicio de presencial a online en el periodo académico del año 2020.

Cabe recordar que este proceso extrajudicial se inició en enero de este año, con el objetivo de que esta entidad educacional compensara a los consumidores afectados y ajustara ciertas cláusulas en sus contratos.

Tras el inicio del procedimiento, luego de un periodo de audiencias, entrega y análisis de antecedentes, se llegó a una propuesta de solución que fue sometida a consulta pública, conforme a la cual el preuniversitario se comprometió a compensar a todos los consumidores que se vieron afectados.

La propuesta beneficiará a un total de 2.893 consumidores y comprende un monto total en pesos de $69.155.841, correspondiente a la compensación asociada al cambio de modalidad y por concepto de "costo del reclamo".

Asimismo, este procedimiento incluye una "compensación adicional", que establece la condonación de la totalidad de la deuda morosa respecto de aquellos consumidores que registren algún pago a la fecha de la resolución judicial. Este compromiso implica un monto total de $108.125.406.

Es decir, el proceso implica un monto total a compensar de alrededor de 178 millones de pesos, entre compensaciones y condonaciones de deudas.

Cuatro grupos

Las compensaciones se dividirán en 4 grupos, de acuerdo a cada caso, y además, PreUCV compromete una "compensación adicional", consistente en la condonación de la totalidad de la deuda morosa, entendiéndose por tal, la falta de pago en la fecha convenida en el respectivo contrato, la que aplicará a aquellos consumidores/alumnos que registren algún pago en las bases del preuniversitario a la fecha de la resolución judicial que se pronuncie acerca de la solicitud del efecto erga omnes. Los pagos serán vía transferencia bancaria o a través de un vale vista.