Aunque ambos son hechos marcados por la violencia y cercanos en el tiempo, el horrible asesinato del reconocido folclorista y compositor Hernán Olguín Menay, ocurrido en su casa durante un robo increíblemente mezquino en sus resultados, corresponde a una situación distinta al terrible doble homicidio perpetrado por un pistolero en Playa Ancha, la noche del lunes. El sujeto, ampliamente buscado, disparó más de 20 veces sobre el auto donde se encontraban dos jóvenes de 19 y 20 años, pareja al parecer, quienes fallecieron por la gravedad de las heridas, en tanto que una menor permanece en riesgo vital debido a los balazos que recibió en su calidad de acompañante de las víctimas. Ambos casos, sí, son ejemplo del devastador impacto que tiene la proliferación de armas de fuego en manos de delincuentes, un problema que debe estar siempre entre las prioridades de la autoridad, porque la disponibilidad de pistolas, escopetas y artillería hechiza delimita el rango de violencia que alcanza cualquier escalada delictual y el impacto real sobre la población dependerá del poder de fuego que sean capaces de portar el delincuente solitario o la banda organizada. Pero allí termina la equivalencia, porque si el homicidio en Villa Alemana del profesor de 70 años corresponde a un robo con violencia, lo ocurrido en la Población Montedónico, de Playa Ancha, tiene alcances más cercanos a la pelea entre pandillas y por ello corresponde a una disputa localizada geográficamente, con liderazgos establecidos y una sucesión de hechos previos que se puede reconstruir hasta rastrear el origen de la violenta pugna. Es decir, es un caso arquetípico para el recién creado Consejo Regional Contra el Crimen Organizado, cuyo trabajo central, como lo dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es "reunir a todas las organizaciones del Estado que tienen capacidades y mandato legal para fiscalizar, controlar o perseguir el delito, (...) para identificar y desarticular organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, al tráfico ilegal de armas, a la trata de personas, al contrabando, que son, en definitiva, los delitos que llevan la violencia a las poblaciones de nuestras regiones". Del éxito de ese trabajo depende que la ciudadanía perciba que las policías y organizaciones vinculadas a la persecución penal -en definitiva, el Estado- tienen un control efectivo sobre el territorio, pero es probable que los resultados en este ámbito tengan un horizonte de largo plazo. La situación, empero, demanda acciones urgentes y concretas, capaces de dar seguridad a los habitantes de aquellos barrios más aquejados por las peleas entre bandas, como Playa Ancha, que ha sido escenario de varias vendettas y homicidios por encargo relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Hay parlamentarios que proponen una intervención policial directa en el aquejado cerro porteño. Otros plantean un trabajo de base capaz de involucrar a los vecinos. De forma esporádica y sin coordinación real, ambas fórmulas han sido probadas en distintas épocas, pero sin una actividad sostenida en el tiempo -para lo cual se requieren recursos suficientes-, los resultados se evaporan rápidamente. ¿Con qué resolución, rapidez y profundidad abordará el problema la delegada presidencial que tiene a su cargo las tareas de seguridad pública? Playa Ancha está atenta a esa respuesta.

Se ha dicho que la nueva Constitución debiera ser la casa de todos, pero para que lo sea tiene que ser grande, con espacios generosos, para que todos podamos caber. Cuando esta casa estaba en construcción, como Colegio de Ingenieros de Chile golpeamos la puerta de la Convención Constitucional para hacer nuestro aporte y evitar lo que justamente está ocurriendo: que sea una casa pequeña, mal fundada y donde solo caben unos pocos, pero ni siquiera nos contestaron el timbre.

Tuvimos la intención de apoyar con nuestros conocimientos y experiencia el proceso constituyente; formamos una comisión que dio como resultado cuatro informes sobre recursos mineros, medioambiente, recursos hídricos y desarrollo económico sostenible. Estos se hicieron llegar a todos los constituyentes y diversas autoridades. Además, se realizaron varias solicitudes de audiencia a las distintas instancias de la Convención Constitucional. Lamentablemente, no fuimos recibidos.

Vemos, como gremio, que la propuesta constitucional contiene planteamientos que van a afectar las capacidades de nuestro país de dar mayor bienestar a los chilenos. Además, no habrá posibilidad de garantizar los derechos que propone la nueva Constitución si no existe un desarrollo económico sustentable que permita su exigente financiamiento.

En materia de recursos mineros, la Constitución actualmente vigente es similar a las de 1925 y 1932 y a la reforma de 1971 impulsada por el gobierno de Salvador Allende. También a lo propuesto por Michelle Bachelet en 2018. Y si con ese marco constitucional la minería se ha convertido en la principal actividad económica primaria del país, generando círculos virtuosos con el resto de las actividades industriales (de servicio y de comercio), entonces uno se pregunta ¿qué criterios se consideraron para cambiar algo que aporta tanto a la sociedad y en los cuales históricamente ha habido consenso?

Asimismo, la Constitución actual contempla tres artículos fundamentales en relación al medioambiente: el derecho al medioambiente libre de contaminación, la regulación de la propiedad privada por temas ambientales y el recurso de protección. Con ellos hemos creado toda una institucionalidad en los últimos 30 años, generando servicios y sistemas de evaluación de impacto ambiental, tribunales ambientales y superintendencias. Es decir, instrumentos de gestión que nos han permitido avanzar del lugar 160 en que estábamos en 1989 al 30 en los indicadores de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

En relación a los recursos hídricos, podría ser realmente desastroso para muchas áreas del desarrollo del país establecer que el agua será incomerciable, no solo pensando en la gran empresa, el sector minero o la industria, también en la propiedad de muchos parceleros en las que el valor de sus terrenos da en la medida que tengan agua. Sin ella, el lugar no vale nada. Por supuesto, esto toda vez que debe consagrarse a nivel constitucional que el agua es un bien nacional de uso público y establecer la protección constitucional del derecho humano al acceso al agua para el consumo básico.

El debate constitucional no ha terminado, ahora viene el plebiscito de salida y el Parlamento tiene la potestad de mejorar y modificar el texto. Esperamos que los planteamientos de los ingenieros de Chile sean oídos en instancias posteriores.