Los detalles de la detención y el prontuario de Jan Pierre Mesías Ferreira, 24 años, parecen sacados de una película sobre narcotraficantes. Después de largos meses de investigación, la PDI logró capturar a Mesías en su domicilio del Cerro San Juan de Dios, donde además aprehendió a otras dos personas que cumplían los roles de brazos operativos de la organización delictual que el llamado "huaso chico" lideraba desde las sombras, en los cerros de Valparaíso. En la misma casa donde ocurrió el operativo, la policía encontró armas cortas, revólveres, pistolas y una granada militar de fragmentación, quizás el elemento más peligroso de un arsenal que revela los grados de sofisticación que ha alcanzado el crimen organizado porteño.

Mesías quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por trece delitos, seis de ellos homicidios, y en el mundo carcelario se encontrará con su padre, Jan Rober Mesías, llamado el "Huaso Jan", pistolero y narcotraficante conocido por protagonizar algunos de los crímenes más escabrozos de la ciudad. Por supuesto, la historia está cruzada por la violencia y la tragedia. En enero de este año, la madre de Jan Pierre Mesías fue ultimada a balazos en su hogar de Playa Ancha por una banda rival a la de su hijo. El propio Masías usaba pelucas y disfraces para escapar de esas agrupaciones delictuales.

Es cierto, la detención del "huaso chico" significa un alivio para el trabajo policial que llevaba años tratando de desbaratar totalmente el grupo delictual al que pertenecía la familia Masías, pero no se requiere una reflexión mucho más profunda para reconocer los alarmantes alcances a los cuales llegaron las bandas de narcotráfico y crimen organizado en toda la Región, muchas de ellas con cuarteles generales y casas de seguridad en los cerros de Valparaíso. De los antecedentes que constan solamente en esta investigación se identifica la tarea titánica que le queda a las policías y el Ministerio Público. Las bandas de narcotráfico tienen alto poder de fuego y una disputa cruenta por el dominio de los barrios, con recursos capaces de atemorizar a la población y a las fuerzas del Estado que deben enfrentarlos de forma desigual en un terreno que no conocen. Por todo ello, lo que exige esta situación es un trabajo especial del Ministerio Público, con políticas capaces de enfrentar una situación delicada que atemoriza a los residentes de los cerros emblemáticos de Valparaíso. Que la vivienda de Mesías se encontrara en una toma sólo revela cómo operan estas bandas para estar fuera del alcance de las policías, en terrenos sin resguardo ni legalización. En ese complejo escenario, la mera persecución penal es insuficiente. Aquí se requiere un esfuerzo integral, que cierre las brechas entre las zonas irregulares de aquellas consolidadas, que sea capaz de poner la presencia del Estado en lugares que se sienten abandonados para reducir la influencia del dinero que maneja la droga y, más aún, establecer una nueva relación entre los barrios y las autoridades para detectar a tiempo la instalación de estas bandas. Lo contrario es dejar campo libre a que la próxima balacera mortal ocurra en cualquier esquina de Valparaíso.

El fiscal de Valparaíso pedía 47 años de cárcel para Daniel Cerda, el tribunal lo sentenció a "17 de presidio por delito reiterado de estupro, delito reiterado de explotación sexual y delito reiterado de violación de menor de 14 años". Aunque el condenado es absuelto de otras figuras delictuales, nos parece una sentencia importante.

Hasta hace poco, la mayoría de estos explotadores quedaban en la impunidad total, por lo que la gran diferencia que hay entre los 47 años de presidio que pedía el fiscal y los 17 que dictó la Justicia no son 30 años, sino un grandísimo avance en el reconocimiento de un delito que ni siquiera se nombraba por su nombre: explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA es la sigla con que lo llaman los técnicos). Se le designaba "prostitución infantil" o "facilitación para la prostitución", conceptos que tendían a que el sistema de justicia estigmatizara y responsabilizara por sus conductas a las víctimas, asimilando sus casos al comercio sexual adulto.

Para Hogar de Cristo esta sentencia es particularmente significativa porque fueron las jóvenes de nuestra residencia Anita Cruchaga las explotadas por la red que lideraba Daniel Cerda.

El sistema de apoyo no fue todo lo eficiente y sensible a la urgencia y reiteración de nuestras denuncias, porque este delito siempre se ha abordado desde el prejuicio y el machismo, propios de una estructura patriarcal que lo contamina todo. Tanto así, que las víctimas no se consideran tales.

Cuatro años tomó el proceso judicial. Hoy esas niñas son mujeres y algunas siguen sintiendo más culpa por los victimarios que por ellas mismas. Eso es lo más dramático.

Estudios de Hogar de Cristo y ONG Raíces, y el seguimiento al trabajo de reparación del daño a las víctimas, han permitido profundizar en los tipos de explotación: relaciones sexuales a cambio de dinero, regalos, favores y, sobre todo, falso afecto; además de pornografía, trata, turismo y otros. Los explotadores son hombres, de distintas clases sociales y profesiones, sin distinción de edad, con una leve tendencia a ser consumidores o productores de pornografía infantil. Son maestros en manipulación y seducción, aprovechándose de las carencias afectivas y del daño que sus víctimas acarrean.

En dos focos debemos poner toda la energía como país: nuestra niñez requiere de acciones efectivas de prevención, detección y abordaje terapéutico de la violencia sexual. Y se requiere una instancia público-privada, con presupuesto y poder de acción, liderada por la Subsecretaría de la Niñez, con la vigilancia de la Defensoría de la Niñez, que contribuya a la persecución y castigo de delincuentes como los que terminaron explotando sexualmente a las jóvenes de la residencia Anita Cruchaga. Esos que ahora empezarán a pagar su culpa.