Valparaíso detenta el triste récord de ser la región con mayor cantidad de campamentos del país. Los asentamientos irregulares totalizan en todo el territorio 1.091; de esa cantidad, 255 son de nuestra región y 73 de ellos son nuevos.

Esta cantidad refleja la vieja crisis habitacional que afecta al país y que ningún gobierno ha logrado resolver. Reafirmando esta realidad, el consejero regional Manuel Millones sostiene que "las políticas habitacionales de todos los gobiernos han fracasado y esta administración va en el mismo camino si no hace cambios profundos".

De acuerdo a un catastro realizado por el Ministerio de la Vivienda, con apoyo de un programa de las Naciones Unidas, entre los motivos que han llevado a las personas a residir en campamentos, un 55% afirmó que por bajos ingresos, un 47% por el alto costo de los arriendos, un 21% por desempleo y un 19% para dejar de ser "allegados". Además, está el crecimiento de la población y la presión de la migración.

Para el diputado Andrés Celis (RN), es necesario "generar las condiciones que permitan acceder a las viviendas, pero por otro lado que se despejen las tomas de terrenos, que son una bomba de tiempo en términos de seguridad y también de dignidad". Bomba de tiempo, pues los campamentos están amenazados por incendios, derrumbes y malas condiciones del tiempo. Además, se pierde allí la dignidad por falta de servicios básicos, exponiendo a los residentes a graves problemas de salud. También está el problema de la distancia a puntos de trabajo, abastecimiento, educación y centros de salud. Todo ello junto a la precariedad misma de las construcciones que impide una mínima independencia y la posibilidad de desarrollar una vida familiar.

La irregularidad misma de los campamentos encierra graves problemas, como la delincuencia que explota la necesidad de vivienda y ocupaciones que frenan iniciativas de servicios sociales. Tal es el caso de la toma de un terreno en Miraflores Alto que impidió la construcción de un importante centro de salud.

Regularizar estos asentamientos es una solución parcial, pues muchas veces se ubican en espacios peligrosos que no son aptos para vivienda y menos para urbanización.

El problema exige una acción creativa y audaz, con inversión pública en la construcción de nuevas viviendas, recuperación de antiguas, ocupación de espacios urbanos de calidad y de baja utilización, subsidios realistas que estimulen el ahorro privado, autoconstrucción asistida…En fin, en la solución del problema, que no se puede eludir, hay espacios para todos. Para el Estado y para los privados, aprovechando también la oportunidad de generar fuentes de empleo. Y en primer lugar, no se puede olvidar que tras esos campamentos y ocupaciones ilegales hay seres humanos que sufren y que no se pueden seguir manteniendo en la marginalidad.

A más de siete meses de iniciado el gobierno de Gabriel Boric, como Mineduc nos hemos propuesto cambiar el paradigma en educación para destrabar nudos críticos que le han impedido al sistema avanzar hacia una educación integral que entregue oportunidades significativas y pertinentes para que los y las estudiantes desarrollen al máximo sus potencialidades y alcancen sus metas y anhelos.

En este camino, que sabemos será largo por las consecuencias de los dos años de educación a distancia que mermaron significativamente los aprendizajes y el aspecto socioemocional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, hoy nos encontramos trabajando arduamente por no solo recuperar y activar los aprendizajes y apoyar la salud mental y el bienestar de las comunidades, sino también porque todas y cada una de las escuelas y liceos tengan aseguradas las condiciones basales para lograr la excelencia educativa.

En este sentido, mucho se ha especulado en torno al término de Los Liceos Bicentenario; sin embargo, queremos dejar en claro que estos establecimientos no dejarán de existir ni tampoco se pondrá fin al acompañamiento pedagógico ni a la entrega de recursos por parte del Estado -los que están destinados a obras de infraestructura y acciones de fortalecimiento educativo que se mantienen con el financiamiento regular a través de las subvenciones-. Lo que estamos haciendo es trabajar equitativamente por la totalidad del sistema educativo, proveyendo recursos y herramientas para que todos y todas quienes conforman una comunidad educativa tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

¿Cómo pretendemos lograrlo? La ley de Presupuesto 2023 considera un aumento en $306 mil millones para las subvenciones escolares, tales como la Subvención Escolar Preferencial, que otorga recursos adicionales por cada estudiante prioritario y preferente para mejorar el proceso de aprendizaje, y el Programa de Integración Escolar, estrategia inclusiva que tiene como propósito favorecer el logro de los objetivos de aprendizaje de todas y todos los estudiantes, independiente de las necesidades educativas que pudiesen tener.

Ambas subvenciones son un paso importante para alcanzar la calidad integral en educación, mas no son el único. Junto con trabajar por el bienestar y la salud mental desde una perspectiva inclusiva y con enfoque de género, y recuperar y activar los aprendizajes disminuidos por la pandemia, también estamos trabajando por garantizar las trayectorias educativas, especialmente de las y los estudiantes con mayor riesgo de abandono escolar; además, estamos entregando herramientas tecnológicas, conectividad y generando capacidades digitales en docentes y estudiantes y, a través de proyectos, estamos entregando fondos para la reparación de infraestructura y la construcción de nuevos espacios educativos que aseguren las condiciones necesarias de acceso y dignidad en los procesos de aprendizaje. Todas estas medidas son parte de la Política de Reactivación Educativa Integral "Seamos Comunidad".

A través de estas acciones no solo buscamos entregar una educación de calidad integral, buscamos también alcanzar la justicia educativa, porque creemos firmemente que la educación, en el amplio sentido de la palabra, es la mejor herramienta para combatir las desigualdades sociales y construir una sociedad más justa para todos y todas.