Esta semana el Consejo regional debiera votar si aprueba o rechaza cuatro nuevas competencias que el Gobierno propuso traspasar a los gobernadores regionales: Presidencia del Servicio de Evaluación Ambiental; de la del Comité de Capacitación; concesiones marítimas y acceso a las playas; y elaboración de planes intercomunales. La votación debiera ser el jueves, siempre y cuando en estos días haya un pronunciamiento del gobernador regional al respecto y envíe aquello por oficio al pleno del Core, ya que hasta ahora no lo ha hecho.

La consejera regional Tania Valenzuela, jefa de bancada del Frente Amplio, señaló que este traspaso de competencias abre "un proceso de mayor fortalecimiento. Sin embargo, aún se mantiene la deuda de poder acompañar estas nuevas potestades de recursos económicos y el personal idóneo para implementarlas de forma responsable, logrando dar respuesta a cabalidad a los desafíos y necesidades propias de la región".

Añadió que "por otro lado, Subdere y Ministerio del Interior debiesen avanzar hacia un mecanismo de mayor participación de todas las autoridades incumbentes, incluyendo, por ejemplo, a consejeros regionales, de manera de garantizar una discusión crítica que contemple las distintas miradas hacia dónde focalizar el traspaso de nuevas competencias regionales".

Por su parte el core Manuel Millones, jefe de bancada UDI - Republicanos, valoró la propuesta, aunque advirtió que "la mayor debilidad para el Gobierno Regional, si asumimos estas tareas, es que no hay claridad sobre la entrega de cargos o funcionarios en comisión de servicios para hacerse responsables de estas nuevas responsabilidades".

Sea: " la prueba de fuego"

A su juicio, "la competencia más atractiva, pero compleja, es la presidencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ya que el gobernador representa a la ciudadanía y el resto de integrantes al gobierno de turno, por tanto, vamos a tener diferencias en cada votación, ya que el Gobierno va a alinear a sus funcionarios a votar de una u otra forma y el gobernador tendrá su propia opinión y la expresará en esa instancia, y ésta será la prueba de fuego para este proceso. Confío en que será sensible y de continuos roces, pero se saldrá airoso".

Asimismo, planteó que "es obvio que se requieren nuevas competencias, pero asociadas con recursos y funcionarios. Entre ellas está el Serviu en lo concerniente a los temas de vivienda; seguridad; Indap en lo concerniente al trabajo con los pequeños agricultores; y todo lo relacionado con fomento productivo; así como también Indespa, que es la institución que se vincula con los pescadores artesanales".

Para el core Manuel Murillo, jefe de bancada PPD - DC, "tenemos que aceptar todas las competencias" y destacó "el caso del SEA. Es importante que nosotros podamos tener esas competencias, ya que las políticas públicas se definen desde la región, desde el territorio, y nosotros somos los que vemos en el día a día el florecimiento de algunos proyectos que podrían ayudar o perjudicar a algunas comunas o intercomunas".

Asimismo, señaló que "el tema de los usos del borde costero también es importante, pensando en el cuidado de nuestro mar, en el crecimiento de las comunas costeras, y también en la construcción de una política pública única en relación con los puertos".

No obstante, Murillo puntualizó que "para nosotros es insuficiente, porque creo que hay otras competencias que debieran entregar, como por ejemplo, en Serviu. La vivienda es un eje importante que no hemos podido desarrollar porque seguimos dependiendo de las políticas públicas nacionales".

Por otra parte, advirtió que "las competencias que nos entregan también tienen que contemplarse en la discusión de la Ley de Presupuesto, o sea, deben ir amarradas con algunos ingresos que la región necesita, para que no queden como competencias sin recursos de ejecución".

En tanto el consejero regional Iván Reyes, jefe de bancada de Renovación Nacional, indicó que "debemos dar inicio a la transferencia de competencias a los gobernadores regionales si realmente queremos que el sistema funcione, así que se está dando un primer paso. Yo aún no he conversado con mi bancada y con el gobernador tampoco hemos tocado el tema, pero espero conversarlo con mi bancada para entregar los votos necesarios para poder aprobarlo".

Piden en seguridad

Si bien consideró que entre las cuatro competencias anunciadas "hay algunas muy importantes", Reyes estimó que debieran sumarse otras a futuro, especialmente "que en el tema de seguridad todos los órganos pasen a depender del gobernador, porque hoy día eso se ve a través de las delegaciones presidenciales y el Ministerio del Interior, y los gobernadores poco o nada tienen que decir, pero resulta que la ciudadanía le exige a las autoridades que salen electas con el voto popular. No se entiende mucho esta dicotomía en que el gobernador sacó más de 300 mil votos y, lamentablemente, en muchos casos está amarrado de manos y no puede actuar como corresponde".

En esa línea el core John Byrne (Republicanos), quien preside la comisión de Seguridad Ciudadana, considera que "la competencia que falta es que el gobernador tenga tuición sobre la seguridad, porque hoy día eso es competencia de la delegada, y yo creo que se necesita mucho mayor coordinación".

Presidencia del sea

No obstante, adelantó que cuando se vote aprobará la propuesta, y destacó la presidencia del SEA "porque en nuestra región tenemos muchas áreas que son muy conflictivas en el tema ambiental, y lo bueno es que vamos a tener un criterio un poquito más uniforme, ya que hoy se rechazan muchos proyectos porque cada seremi o cada área impone sus propios reglamentos".

Por su parte, la core Nataly Campusano (CS) valoró la propuesta y planteó que "es necesario que luego comencemos con las discusiones propias al momento de solicitar desde esta región al Gobierno más transferencias de competencias, lo que se debe discutir también en el Consejo Regional, en conjunto con el gobernador".

"Aún se mantiene la deuda de poder acompañar estas nuevas potestades de recursos económicos y el personal idóneo para implementarlas".

Tania Valenzuela, Core, jefa de bancada FA

"Se requieren nuevas competencias, pero asociadas con recursos y funcionarios, entre ellas seguridad, Indap, fomento productivo e Indespa".

Manuel Millones, Core, jefe de bancada UDI- P. Rep.

"Deben ir amarradas con algunos ingresos que la región necesita, para que no queden como competencias sin recursos de ejecución".

Manuel Murillo, Core, jefe de bancada PPD - DC

El pasado 17 de octubre, el Segundo Tribunal Ambiental, por dos votos contra uno, rechazó la reclamación interpuesta en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por archivar denuncia de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del proyecto Edificio Urmeneta, ubicado en Limache.

Este proyecto inmobiliario consiste en la construcción un edificio de 10 pisos de departamentos y 1 piso subterráneo, con un total de 80 viviendas y dos locales comerciales, entre otras características.

En este contexto, el filósofo Gastón Soublette junto a un grupo de vecinos de Limache presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema, en el que alegan que el Tribunal Ambiental interpreta erróneamente la ley.

Razones detrás

La comunidad de Limache se ha movilizado fuertemente en contra de este edificio desde que se enterara de la existencia de este proyecto ya aprobado. Desde la perspectiva de Soublette, se llegará "hasta la máxima instancia jurídica en Chile con el fin de evitar esta 'aberración cultural' que atenta contra la identidad urbanística de esta histórica ciudad única en su estilo".

Respecto de la resolución del Tribunal Ambiental, el abogado de la causa Juan Molina sostuvo que "valoramos el voto de la minoría que coincide con nuestra reclamación y, también, las consideraciones que hace la sentencia respecto a que los proyectos en la Reserva de la Biósfera deben evaluarse ambientalmente".

"Sin embargo -continuó-, hemos recurrido a la Corte Suprema para que anule este fallo, pues el voto de la mayoría adscribe a una teoría ya desechada por el derecho ambiental, esto es que primaría la tipología de ingreso -que en este caso el Tribunal considera que no aplica- por sobre el impacto en un territorio con valor ambiental, en este caso, el casco histórico de Limache".

El fallo indica que el hecho que el proyecto se localice en la ciudad de Limache, la cual está situada dentro de la zona de transición de la Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas, no implica que se ejecute en un área colocada bajo protección oficial al tenor del literal p) del artículo 10 de la Ley N° 19.300". En cuanto a la controversia planteada por Soublette, se indicó que ésta tiene relación con aspectos netamente urbanísticos, más que ambientales, los que deben ser analizados en la sede correspondiente.

Por otra parte, vecinas de Limache entregaron el jueves pasado una carta a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, durante la Convención nacional de Cultura, en la que exigieron darle máxima prioridad al proceso de declaratoria de Zona típica de la Avenida Urmeneta y Parque Brasil de Limache que se encuentra en su fase final.

"Entregamos esta carta a la ministra Brodsky, ya que la valiosa ciudad de Limache se encuentra en una situación de vulnerabilidad máxima, dado que el Plan regulador data de 1984 y que permite todo tipo de alturas y densidades; y que aún no se termina de actualizar su nueva versión luego de siete años de trámites, además de no contar con ningún sistema de protección patrimonial gestionado y previsto por sus administradores comunales", comentó Aulikki Pollak, quien entregó la carta a la autoridad en representación de las vecinas y vecinos de esa ciudad.

"Hemos recurrido a la Corte Suprema para que anule este fallo, pues el voto de la mayoría adscribe a una teoría ya desechada por el derecho ambiental".

Juan Molina, Abogado