El Servicio Médico Legal (SML) entregó el resultado del examen toxicológico practicado al cuerpo de la licenciada en Derecho Valentina González (27), que fue encontrada sin vida en el jacuzzi de un motel en Mantagua a fines de julio. El estudio efectuado arrojó presencia de cocaína, marihuana y ketamina, esta última una droga de uso veterinario como anestésico, lo que reforzaría la tesis de la familia, que sostiene que a la víctima le proporcionaron una droga para privarla de su voluntad.

Al respecto, la abogada de la familia, Cynthia Pérez, planteó que "el Servicio Médico Legal solamente hizo un examen de la sangre cardiaca, que lo único que nos dice es lo que hay, pero por ejemplo, de la marihuana puede ser de tres o cuatro meses atrás, de hecho, hay retazos no más de marihuana, y respecto de la cocaína y la ketamina, hay una concentración más alta, y eso se debe un consumo más cercano a la fecha de muerte".

Habría falta al protocolo

La jurista puntualizó que "el protocolo dice que es obligatorio realizar también la toma de sangre periférica femoral, no sólo la cardiaca, por lo que se solicitó a la Fiscalía -a lo cual accedió- oficiar al SML para que dé cuenta del cumplimiento o no de la normativa -y es evidente que no la cumplió-, para efectos de llevar las dos muestras al SML y al laboratorio".

No obstante, reconoce que, debido al tiempo que ha transcurrido, cinco meses, el examen de la sangre femoral "nos va a arrojar un resultado, pero tampoco sería tan certero". De todos modos pedirán exhumar el cuerpo, para también realizar un examen de pelo.

Asimismo, agregó, "solicité un 'Pídase cuenta', para evidenciar la falta del SML, que además dijo la vez pasada que no tenían balanza, un elemento esencial para estos análisis, es decir, ya van dos situaciones que ameritan sumario".

Con respecto a la ketamina, destacó que como se trata de un anestésico de uso veterinario, la presencia de esa droga en el cuerpo de Valentina reforzaría la tesis de que le suministraron una sustancia para privarla de su voluntad. "En una de las declaraciones de una persona que consumió, que estaba con Valentina, dice que el tipo les dijo que era tusi. Esta persona salió vomitando de la habitación de Valentina, mal, y después se fue. Esto nos refuerza nuestra línea investigativa", remarcó Pérez.

En ese sentido, planteó que "la persona que le otorgó la droga quería sumisión e inhibir la voluntad, porque la mezcla de cocaína con ketamina genera un efecto antagónico que es precisamente ese. Si ella se sintió mal y ya no pudo seguir manejando su vehículo, ¿para qué la lleva al motel? Creemos que desde antes de esto ya existían elementos suficientes para formalizar".

Cristián Rojas Molina

Una importante brecha presupuestaria en materia de seguridad pública entre las comunas arrojó el "Estudio de Caracterización de Seguridad en Municipalidades", efectuado por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), por lo que alcaldes de la región asociados a dicha instancia exigen una mayor equidad en esta materia.

Entre los resultados, el estudio señala que "en las grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo el promedio es 498 millones de pesos al año, que disminuye conforme aumenta la ruralidad y baja el nivel de desarrollo, como es el grupo de las comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo, con un promedio anual de 20.548.620 pesos".

Asimismo, los resultados indican que mientras las comunas grandes tienen hasta 50 personas contratadas para la seguridad pública, en las chicas el promedio es de tres funcionarios, y otra constatación del estudio es que "en la medida que aumenta la ruralidad y disminuye el nivel de desarrollo de las comunas, tienden a tener menor cantidad de vehículos por cada municipio, pasando de 14 vehículos promedio en las grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo, a un vehículo promedio por municipio en las comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio y bajo".

Más facultades

Al respecto, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, presidente de Amuch, señaló que "los gobiernos locales tenemos mucho que aportar por el conocimiento territorial que tenemos, y para eso necesitamos mayores facultades para poder ser un aporte en el trabajo colaborativo con Carabineros, PDI, y en los casos de las comunas costeras, con la Marina".

Sobre las facultades que requieren precisó que "no son solamente de prevención, sino también para prestar un mayor servicio como municipio, por ejemplo, en patrullajes mixtos con Carabineros en el trabajo para erradicar la delincuencia, el narcotráfico". Entre esas facultades, remarcó que esperan poder detener a los delincuentes y no solamente retenerlos.

Con respecto a la brecha entre municipios grandes y pequeños en materia de seguridad, recalcó que "es fundamental que el Gobierno entienda que es el Estado el que puede apoyar en la disminución de esta brecha, y esperamos que nos mire como grandes aliados para poder potenciar la seguridad a nivel nacional".

Alessandri destacó que como Amuch "hemos creado un Observatorio de Seguridad Territorial, para entregar una batería de propuestas importantes según la realidad de comuna, según los delitos que se cometen en cada comuna y según las necesidades que tiene cada comuna".

Por su parte, la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, indicó que en esa ciudad "contamos con una institucionalidad que responde a todas las variables que considera el estudio, sin embargo, es insuficiente porque los vecinos y vecinas requieren que se invierta en el control de los delitos, en la persecución de bandas de crimen organizado y en la sanción efectiva por parte del Poder Judicial. Las funciones de los municipios son meramente preventivas, por lo que el accionar municipal no es suficiente si las demás instituciones no cuentan con los recursos adecuados para el combate de la delincuencia".

El alcalde de Olmué, Jorge Jil, planteó que el estudio "lamentablemente, refleja la triste realidad de los municipios rurales, que deben enfrentar la seguridad pública y prevención del delito con recursos propios y peleando con los otros municipios por ganarse un proyecto del Fondo Nacional de Seguridad Pública. En nuestro caso no estamos ajenos a esta realidad, debemos hacer maravillas con un presupuesto muy limitado, nosotros recién hace un año logramos crear el cargo de director de Seguridad Pública, a pesar que ya contábamos con una central de cámaras de seguridad".

Ene se contexto, considera que "es importante que exista un fondo de inversión destinado a municipios de escasos recursos y financiar la seguridad pública comunal, y de esta forma eliminar las brechas entre municipios. También creo que es necesario que se establezca un piso mínimo de infraestructura de seguridad que debiese existir en cada comuna como política pública. Conjuntamente con lo anterior se debería permitir que los municipios puedan contratar al personal de seguridad pública bajo la modalidad de Código del Trabajo".

"mucho discurso"

Por su parte, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, sostuvo que "son resultados que reflejan la dura realidad que vivimos (...), acá hay mucho discurso, desde el Presidente de la República para abajo, con sus ministros incluidos, pero nada concreto, solo palabras. Por eso no es de extrañar estas cifras y diagnóstico que realiza la Amuch. Claramente algunas comunas que tienen más recursos pueden enfrentar el tema de mejor manera, pero quienes tenemos presupuestos súper ajustados, tenemos que hacer esfuerzos enormes, y eso que la delincuencia no es una tarea que tengamos que enfrentar nosotros".

A su vez, el alcalde de Cabildo, Víctor Donoso, planteó que "esa brecha debiera terminarse con una redistribución del Fondo Común Municipal, que debiera ser con mayor justicia social, mayor equidad territorial. Y también uno espera que en la nueva Constitución también exista algo que permita equilibrar la equidad territorial".

"Es fundamental que el Gobierno entienda que es el Estado el que puede apoyar en la disminución de esta brecha".

Gustavo Alessandri, Alcalde de Zapallar y, presidente de Amuch

"Esa brecha debiera terminarse con una redistribución del Fondo Común Municipal, debiera ser con mayor equidad territorial".

Víctor Donoso, Alcalde de Cabildo